“Si no me conceden un alquiler social me quedaré en la calle con mi hija de 7 años”
“Mi marido y yo estamos muy angustiados porque en abril nos van a echar del piso y nos vemos en la calle con nuestra hija de 7 años”.
Así de desesperada se ha mostrado Pilar, una vecina de Xirivella de 36 años que viene pasando un auténtico calvario junto a su familia desde hace dos años: “Nos quedamos en el paro y al no poder pagar la hipoteca de nuestra casa, logramos que el banco nos aceptara la dación en pago; sin embargo, como agotamos la prestación y no teníamos ingresos, no quisieron darnos un alquiler social”.
Ante esta situación, la única solución que les ofreció la asistenta social fue que “cada uno se fuera a vivir con sus padres”. Pilar añade: “Nos negamos porque queríamos seguir juntos”.
Finalmente, gracias a la ayuda de los vecinos, lograron las llaves para acceder a la vivienda de un banco que estaba desocupada, donde están viviendo desde entonces: “Ya hay orden judicial para que nos desahucien también de este piso en abril y no tenemos donde ir”.
Tanto Pilar, que actualmente está trabajando en una tienda multiprecio, como su marido, que hace suelos de hormigón y realiza faenas puntuales, están dispuestos a pagar un alquiler social. El problema es que “los bancos que tienen miles de casas vacías solo están dispuestos a vender y aquí el Ayuntamiento y la Generalitat dicen que las viviendas sociales que tienen ya están dadas y se pasan la pelota unos a otros”.
Mientras tanto, la arena del reloj se va agotando y la incertidumbre de no saber si dispondrán de un hogar digno se apodera de ellos.
Por desgracia, su situación no es aislada. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en el segundo trimestre de este año se han ejecutado 3.719 desahucios entre viviendas y bajos comerciales en la Comunitat Valenciana, un 0,6% más que en el primer trimestre del ejercicio.
Al respecto, desde la Conselleria de Vivienda han explicado que son “conscientes de la situación que viven muchas familias al no poder acceder a una vivienda en alquiler social debido a la política del anterior gobierno del PP”.
La Generalitat dispone de un parque de 13.000 viviendas. Las mismas fuentes han informado de que 700 de ellas están vacías debido a su grave estado de deterioro, que hace imposible su habitabilidad: “El nulo interés de los anteriores responsables de la conselleria por mantener en condiciones los pisos sociales impide que estos inmuebles puedan ser entregados”, señalan desde la Generalitat.
Por ello, los presupuestos autonómicos recientemente aprobados incluyen una partida de 7 millones de euros, la mayoría de los cuales se destinarán a rehabilitar unos 500 inmuebles de los 700 que están vacíos para ponerlos a disposición de las familias más necesitadas.
Además, se destinarán otros 5,9 millones de euros para financiar los suministros energéticos y el pago de los alquileres a aquellas familias que no dispongan de ningún tipo de recurso.
Desde la conselleria han comentado a eldiariocv.es, que actualmente un total de 3.301 familias adeudan más de dos mensualidades de los pisos públicos de la Generalitat en los que viven alquilados. De esta forma, la deuda acumulada con la Administración autonómica asciende a 9,3 millones de euros.
Pese a todo, las mismas fuentes han asegurado que la Generalitat no ejecutará ningún desahucio por impago a personas sin recursos.
Ante esta situación, han tomado varias medidas para facilitar el pago de la deuda. En primer lugar, se ha iniciado una campaña para informar a los inquilinos de viviendas de la Generalitat sobre las bonificaciones existentes con el objetivo de que puedan hacer frente al pago de una forma más flexible.
Para obtener bonificaciones en el alquiler se tienen en cuenta los ingresos y los miembros de la unidad familiar. De esta forma, se ajusta el coste del alquiler a su capacidad adquisitiva.
En el caso de que aún así, una familia no pueda hacer frente al pago de la mensualidad, se le ofrece firmar un acta de reconocimiento de deuda, por el cual reconoce esa deuda y se compromete a pagarla cuando disponga de recursos.
Además, en ningún caso se repercutirá el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los inquilinos, cómo sí que se hizo en el año 2013 por el anterior Gobierno del PP, ya que esta medida elevaría el gasto al que tienen que hacer frente y empeoraría su situación.
