Illueca no despeja todas las sombras sobre la quita del IVF a Prensa Ibérica: el decreto se aceleró un mes antes de la oferta formal de compra del Grupo Zeta

Se esperaba como agua de mayo, pero no ha sido suficiente para todos. La primera comparecencia en las Corts sobre la quita que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) realizó a un grupo mediático en el que tiene intereses el president de la Generalitat solo ha sido suficiente para los grupos que sostienen al Gobierno Valenciano. La oposición reclama que sea Ximo Puig quién comparezca, pero en la última junta de portavoces, que decide sobre estos temas, sólo se tramitó la propuesta del PSPV-PSOE para que respondiera a las preguntas parlamentarias del director del banco público valenciano, Manuel Illueca.

Illueca ha comparecido a petición propia, aunque PP y Ciudadanos también habían solicitado su presencia días atrás. El director del IVF, al que muchos le reconocen la virtud de ser un hombre sincero, ya organizó una rueda de prensa sobre esta cuestión en la que, en un alarde de transparencia, reconoció que Ximo Puig se había interesado por la operación que perdonó 1,3 millones de euros de deuda al Grupo Zeta, que iba a ser adquirido por Editorial Prensa Ibérica (EPI), la matriz beneficiaria de la cuestión. Puig tiene un pequeño paquete de acciones en Pecsa, editora del periódico Mediterráneo, una de las cabeceras de Zeta, ahora incorporada a la editora, entre otros medios, de Levante-EMV.

Así, era de esperar que una de las cuestiones que más curiosidad despertara por los parlamentarios en el interrogatorio fuera el interés del president por la operación financiera. Los diputados del PP y Ciudadanos insistieron durante la comparecencia en saber en qué momento había hablado el responsable del banco público con el presidente autonómico, si el jefe del Consell debería haberse deshecho de las acciones, si éstas han incrementado su valor después de la operación financiera, por qué se interesó en la operación, por qué se perdonó parte de la deuda si el grupo había arrojado dividendos en 2017 o si se da un conflicto de intereses, como sostienen ambas formaciones, con la Ley de Conflictos de Intereses en la mano. 

Las sospechas sobre el decreto

El interés sobre la fecha en la que el jefe del Consell preguntó por la norma tiene un sentido. Y es que el decreto que avala la operación, que establece las causas para iniciar el “procedimiento de enajenación de un crédito”, comenzó a tramitarse en septiembre de 2018, seis meses antes de la oferta formal de EPI, pero desde enero sufrió un acelerón. 

Pese a que el proyecto de norma, como admitió Illueca en las Corts, llega con 25 años de retraso, el decreto se tramitó en un tiempo acelerado: el 10 de enero Manuel Illueca firma varias memorias de trámite y el 15 de marzo pasaba por el pleno del Consell. Unos tiempos récord para la Administración Pública.

“Los entresijos del decreto son curiosos”, apuntaba Rubén Ibáñez, portavoz de PP en la comisión de Economía. “Es el primer decreto con efectos retroactivos y con un artículo con unas condiciones muy claras”, insistía el popular, para el que las condiciones redactadas son muy similares a las que se dieron en la operación del conglomerado mediático. Además, apuntaba el popular, la oferta para la quita por parte de Prensa Ibérica se presentó cuando acabó el periodo de exposición pública del decreto.

No obstante, las intenciones del Grupo Zeta por renegociar su deuda con las entidades bancarias eran conocidas desde el pasado año y la intención de Prensa Ibérica para hacerse con las cabeceras del otro editor, también.

El IVF tenía capacidad desde la aprobación de la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2019, en diciembre de 2018, para negociar quitas con acreedores, pero, explicó Illueca en su primera comparecencia, se esperó a que fuera el pleno del Consell el que le diera poderes. De hecho, la Abogacía de la Generalitat, ha recordado el dirigente, establece en su informe que la operación se podría haber realizado sin la aprobación del reglamento. “El decreto solo da forma”, señaló Illueca, insistiendo en que la operación se aprobó “sin la intervención de nadie”. 

Illueca resolvió en las Corts muchas dudas, como la pésima situación en la que se encontraba la entidad que dirige, con un agujero millonario y el 35% de morosidad, pero dejó en el limbo las cuestiones que tienen que ver con el president de la Generalitat, a quien ha mantenido al margen y ha defendido en toda ocasión. Nunca ha habido presiones en su gestión, insiste. “Si tuviera presiones, me iría a mi casa”.

La decisión, avalada por el informe de la consultora Deloitte, “se tomó de forma autónoma, basada en criterios técnicos” y por el bienestar de los ciudadanos que recuperaban la inversión, añadió. “Hemos recuperado hasta el último euro de los prestamos partidistas concedidos por el anterior gobierno del PP a este grupo: los seis millones prestados inicialmente más 297.000 euros en favor de los contribuyentes”, defendió Illueca. “Con los criterios actuales, no se habría hecho”, añadió.

Rechazada la petición de documentación sobre la quita

La oposición no ha salido nada satisfecha con las explicaciones que ha dado el dirigente del banco público, ya que esperaban la comparecencia del president de la Generalitat. Hace una semana, el PP interpuso un recurso para obtener la documentación referente a la operación financiera, que la junta de portavoces ha rechazado este martes. Según el portavoz socialista, Manolo Mata,  el letrado de las Corts ha afirmado que no se ha vulnerado ningún derecho de los diputados, ya que aún se está en periodo para que la documentación pueda ir llegando. La petición de documentación, ha mencionado Illueca, le llegó el pasado jueves.