El director del IVF niega el conflicto de intereses en la operación con Zeta: “No hay ninguna quita a ninguna empresa de la que Ximo Puig sea accionista”
No había una mejor opción. Es el argumento que sostiene el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, sobre la quita del 70% de la deuda del Zeta con el banco público valenciano (1,3 millones de euros) poco antes de la adquisición del grupo de comunicación por parte de Prensa Ibérica.
En su segunda comparecencia pública sobre este tema, la primera en el Parlamento valenciano, Illueca ha defendido que la decisión “se tomó de forma autónoma basado en criterios técnicos” y “sin la intervención de nadie”, sin mencionar al president de la Generalitat, Ximo Puig, quien se interesó por la operación y tiene acciones en la empresa editora periódico Mediterráneo, parte del Grupo Zeta y ahora de Editorial Prensa Ibérica.
El director general del IVF ha defendido que el ente que dirige operó para preservar el interés general y buscar recuperar el máximo importe posible. En su comparecencia, el responsable del banco público ha explicado que se ha recuperado todo el dinero del préstamo original y un extra de 200.000 euros. En total, 6,3 millones de euros recuperados por “la venta de un activo tóxico”. Illueca ha insistido en este concepto durante su comparecencia, considerando que “no es una quita, es la venta de un activo tóxico”, que en su día aprobó el Partido Popular.
Así mismo, ha insistido: “No hay conflicto de intereses” porque “no hay ninguna quita a ninguna empresa de la que Puig sea accionista. Es la venta de un activo deteriorado”. Sobre la legalidad del decreto de funcionamiento del ente, aprobado dos días antes de la operación, el reponsable remite al informe de la Abogacía de la Generalitat, que determina que “se podía hacer sin el decreto” y que la legalidad de la cuestión viene dada por la ley de creación del IVF.
“Fue una operación concedida por el PP para interferir en el panorama mediático”, considera el director del IVF, apuntando que la operación, “con los criterios actuales [de valoración del riesgo del IVF] no se habría realizado”.
El responsable ha citado en varias ocasiones el informe de la consultora Deloitte, encargado en 2015 para evaluar las cuentas del Grupo Zeta, que, señala Illueca, determinaba: “en el mejor de los casos se podría recuperar un 60% del crédito”.
En cualquier caso, considera el director, el IVF apenas tenía margen de decisión sobre esta cuestión, ya que en el crédito participaban otras 23 entidades financieras y el IVF sólo participaba en el 1,8%.
El origen de la deuda
En su intervención, el responsable del banco público ha realizado un análisis sobre los orígenes de la deuda que arrastra dos décadas, criticando la gestión de PP. El instituto, bajo dominio popular, autorizó el crédito dentro de “una miríada de operaciones sin lógica económica que arruinaron al instituto”. “Las cifras son elocuentes: 665 millones de euros en pérdidas entre operaciones, préstamos y dinero en el sumidero de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), hoy felizmente recuperada”.
En este caso se ha remontado a 2000 y 2006, cuando el anterior Consell concedió dos préstamos de tres millones a Pecsa para el montaje y ampliación de una planta de impresión en Biar para “generar un diario afín en Alicante”, una operación que “generaba dudas razonables y hoy no se habría llevado a cabo”.
Seguidamente, en 2009, el IVF aceptó la sindicación de la deuda del grupo en favor de un 'pool' bancario compuesto por 23 entidades, con lo que quedó “con una participación minoritaria que no llegaba al 2%”, una “decisión perjudicial” en la que ha recalcado el “apoyo político total” del anterior gobierno autonómico presidido por Francisco Camps. Este sindicado fue renovado “en multitud de ocasiones” en los siguientes años, pues “no paraban de suceder problemas en el grupo”.
Dos años después, tras el incumplimiento de sus obligaciones de pago, en 2017 tuvo lugar “la segunda gran reestructuración del grupo” donde el IVF tenía una participación “mínima”. Y en 2018, ante las “múltiples evidencias de que la situación del grupo está muy deteriorada” -con pérdidas de hasta el 90% “en el peor de los casos”, según un consultor independiente- fue cuando Prensa Ibérica presentó su oferta -“la única” de la que tuvieron constancia- y el conglomerado bancario la valoró.
