El juez investiga 75 colocaciones “a dedo” de Sonia Castedo en Alicante
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha solicitado al Ayuntamiento de Alicante el expediente administrativo en el que se aprobó cubrir 75 cargos de responsabilidad por designación libre y directa, es decir, prescindiendo de los concursos abiertos y basados en la competencia, los méritos y la capacidad.
La investigación del tribunal, que responde a la denuncia presentada por el sindicato por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), esclarecerá si la maniobra responsabilidad de Sonia Castedo, alcaldesa de la ciudad por el PP, es legal. Ésta, que también pretende subir el sueldo un 50% a los asesores municipales, quiere elegir a dedo a los responsables de la mayoría de jefes de área o de servicio del ayuntamiento.
Para ello, se acoge a la Relación de Puestos de Trabajo (RTP), una herramienta de los municipios para gestionar su personal, que contemplaría que esos 75 cargos pueden ser elegidos por “libre designación” o, sencillamente, a dedo. La interpretación de SPPPLB es diferente. La convocatoria “incumple las leyes que regulan la función pública, ya que la gran mayoría de estos puestos deben cubrirse mediante concurso de méritos”, decía el sindicato en un comunicado.
Según SPPPLB, “La libre designación en puestos de contenido estrictamente técnico, como es el caso de jefes de departamento y de servicio, constituye un serio inconveniente tanto para la carrera administrativa de los funcionarios públicos, que ven inútiles todos sus esfuerzos de formación, como para que desempeñen su función con objetividad e imparcialidad, ya que el procedimiento de la designación a dedo, al contrario de lo que sucede con el concurso de méritos, permite que el más mínimo desencuentro entre el funcionario y el equipo de gobierno municipal provoque la pérdida de confianza y, por tanto, del puesto de jefe que ocupa”.
Según El Mundo, que adelanta la noticia, el Ayuntamiento de Alicante ya fue duramente criticado por el TSJ en 2007 por el enchufismo de su política laboral. “El Ayuntamiento ha convertido la adscripción provisional en el sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo, con la afectación que ello supone al mérito y capacidad a que debe responder la provisión de los puestos de trabajo en la función pública, la estabilidad en el desempeño de los mismos y la carrera profesional”. Ahora, el tribunal da 9 días al ayuntamiento para que responda a su requerimiento.
A Sonia Castedo, imputada por varias causas relacionadas con la corrupción y con el ayuntamiento al borde de la quiebra, se le acumulan los problemas.
