Castedo y el PP dejan a Alicante al borde de la quiebra
El Ayuntamiento de Alicante, con 335.000 habitantes, está en la práctica intervenido por el Estado. Con una deuda financiera de unos 233 millones de euros -cantidad que equivale aproximadamente al presupuesto municipal para 2013 (236 millones de euros) que el equipo de gobierno de Sonia Castedo -imputada junto a su predecesor, Luis Díaz Alperi, por presuntas irregularidades urbanísticas en el caso Brugal- aprobaba en solitario a finales del pasado año.
En apenas año y medio, el Ministerio de Hacienda ha inyectado en las arcas municipales de la capital alicantina 75 millones de euros destinados a pagar facturas pendientes. Esto, evidentemente, tiene sus contrapartidas en forma de recorte del gasto corriente y de personal -a pesar de que Castedo pretende subir el sueldo a los asesores en un 50%- y subidas de tasas -como la basura- o impuestos, como es el caso del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), que subirá los próximos diez años.
Además, la Institución municipal se ha visto obligada a 'ceder' la gestión tributaria a SUMA, un organismo dependiente de la Diputación, y sus cuentas serán auditadas periódicamente por el departamento que dirige Cristóbal Montoro para comprobar la correcta gestión de las arcas públicas.
'Subasta' de intereses
Esta semana, el Consistorio alicantino ha dado a conocer una curiosa iniciativa. Según explica el diario Información, el Ayuntamiento domiciliará más de 100 millones de euros -unos 59 provenientes de las transferencias del Estado más los anticipos mensuales de 6 millones que le entregue Suma por el cobro de los impuestos municipales- en la entidad bancaria que les preste los 27 millones de euros del rescate autorizado por el Estado a un menor interés.
Desde la oposición, formaciones como Esquerra Unida han denunciado que este préstamo, ahora objeto de 'subasta', conlleva unos intereses de 9 millones de euros, a los que habría que sumar los más de 18 del anterior rescate de 47 millones -en total, sólo para pagar los intereses, Alicante debe generar nuevos ingresos por valor de 27 millones de euros, equivalentes al último préstamo concedido por el departamento de Montoro.
Así, sumadas todas estas cantidades, EU denuncia que el coste de las facturas 'en los cajones' a causa de la “mala gestión” de Castedo y el Partido Popular le va a costar a los alicantinos más de 100 millones de euros, lo que califican de “escándalo”.
