La jueza activa la búsqueda del botín en el extranjero de la 'trama Taula' e imputa a cargos municipales del PP y del PSPV en una nueva pieza

Más vale tarde que nunca. La jueza instructora del caso Taula ha activado la búsqueda de los supuestos bienes en el extranjero de varios expolíticos del PP investigados en la causa, como el expresidente de la Diputación de València Alfonso Rus, y de los presuntos testaferros.

La magistrada, en un auto adelantado por Las Provincias al que también ha tenido acceso este diario, encarga a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos la localización de los supuestos efectos, bienes, instrumentos y ganancias de varios investigados, tanto en España como en el extranjero. “De la investigación realizada en el juzgado hasta la fecha se desprende que alguno de los investigados, podría ser titular de diversas propiedades, radicadas dentro del territorio nacional”, recuerda el auto. 

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos es un órgano con funciones de auxilio judicial encargado de localizar, recuperar, conservar y administrar los bienes procedentes de supuestas actividades criminales cometidas en el marco de una organización criminal, a petición de un tribunal o de la Fiscalía. El organismo está autorizado a obtener datos de registros públicos y a información protegida o restringida, mediante autorización judicial expresa.

La jueza alude al supuesto patrimonio de varios investigados por la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y prevaricación. Se trata del expresidente de la Diputación de València Alfonso Rus, su mano derecha Juan José Medina, el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla, los supuestos testaferros Jaime José Úbeda y José Estarlich, el 'yonki del dinero' Marcos Benavent y su exsuego Mariano López, además de su socio Rafael García Barat, y el empresario Carlos Turró.

7,8 millones en Brasil

En el sumario del caso Taula, tal como informó este diario hace casi dos años, figura un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recoge una transferencias a Suiza por parte de una empresa de Alfonso Rus y del empresario Jaime Cabot, investigado en la causa y al que la instructora no cita en el auto. La empresa inmobiliaria de Jaime Cabot Ivars transfirió dos millones de euros a Suiza en 18 pagos de 111.666,67 euros, según los datos del Banco de España sobre los movimientos exteriores de la mercantil Geneva Fondo Inmobiliario SA. 

Esta mercantil, a la que la Guardia Civil tilda de presunto instrumento de blanqueo de capitales, poseía un 20% de Fabricación y Distribución del Mueble (FDM) SL, propiedad de Rus. Según el Banco de España, FDM ingresó en 2005 un total de 146.771 euros en cuentas de la Confederación Helvética desde Caixa Ontinyent.

Cabot adujo, en declaraciones a este diario, que las transferencias a Suiza de la misma cantidad exacta durante 18 meses corresponden a la devolución de un préstamos mientras que fuentes cercanas a Rus aseguraban que los pagos de su empresa estaban destinados a dos firmas suizas proveedoras de tableros para cocinas.

El empresario Jaime Cabot Ivars, socio en Geneva Fondo Inmobiliario SA, poseedora del 20% de la empresa de Rus, cuenta con seis sociedades en Brasil, cinco de ellas activas, con un capital social de 7,8 millones de euros (34 millones de reales brasileños). Las sociedades brasileñas están dedicadas a proyectos inmobiliarios, según la información del Registro Mercantil del Estado de Salvador de Bahía en poder de este diario.

Además, la empresa matriz española también abrió en Gran Bretaña la firma Albatroz Limited, que cuenta con unos activos de 191.630 euros (166.000 libras esterlinas) y un capital social de 115.000 euros. El empresario aseguró que estaba desvinculado desde hace tiempo de Geneva Fondo Inmobiliario SA.

La nueva pieza K: tres socialistas investigados

La jueza también ha emitido un auto para la formación de la nueva pieza separada K sobre los contratos del call center de la empresa del exsuegro del 'yonki del dinero', Mariano López. La sustituta del Juzgado de Instrucción número 18 de València alude a los indicios sobre la adjudicación de la mercantil Servimum, con cargo al presupuesto de la empresa pública Imelsa, que pudo ser decidida por voluntad de Alfonso Rus, “con la intención de favorecer los intereses particulares” del suegro de Benavent y del representante de la empresa Fernando José Palomares. La jugada habría contado con la colaboración de Salvador Deusa, el exjefe de la sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia, también investigado en la causa.

La jueza cree que hubo una manipulación del proceso de adjudicación. Así, se habría producido un supuesto incumplimiento de las obligaciones contractuales, según el auto. La instructora también se refiere a las posibles conductas de fraude contractual, falsedad, malversación y cohecho por los contratos accesorios entre Imelsa, cuyo gerente era Benavent, con las empresas de Salvador Sansano, también investigado, y con la mercantil Asistencia Catastral y Tributaria SLU, de la que también era legal representante Fernando José Palomares.

El auto sostiene que el exsuegro de Benavent habría creado la firma Técnicas Legales Administrativas para ocultar el origen del dinero ilícitamente obtenido del contrato público y transformarlo para reintegrarlo al circuito económico con apariencia de legalidad. Tanto Servimun como Técnicas Legales Administrativas obtuvieron adjudicaciones de los ayuntamientos de Requena y Enguera, también “fraudulentas” según el atestado policial. Los investigadores han corroborado la posible existencia de un concierto para la obtención de contratos públicos evitando la concurrencia y la publicidad en el proceso de adjudicación.

La instructora aprecia indicios de la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad por parte del exalcalde 'popular' de Requena Javier Berasaluce Ramos por el abono de tres facturas a la empresa de Mariano López, aun contando con el criterio desfavorable de la interventora municipal. El abono se hizo por “decisión exclusiva del alcalde” a pesar de que no hay constancia de que se prestara el servicio, remarca el auto.

En uno de los contratos a dedo con Servimun se abonan 178.000 euros pese a que el importe era de 50.000 euros. De nuevo, es el exalcalde del PP quien abona la factura, “sin que existan evidencias que determinen la realidad de los servicios prestados”. 

El auto también aprecia indicios de malversación de caudales, prevaricación y falsedad en documento oficial contra el exalcalde del PP en Enguera Santiago Arévalo, al ser quien promueve la contratación y contra la secretaria municipal, María Luz Roncero, que presentó un informe jurídico que avalaba la decisión pese a que no había una mínima justificación ni la documentación en el expediente administrativo.

La jueza destaca la relación de amistad entre el exsuegro de Benavent y el entonces primer edil de Enguera. En el proceso de adjudicación, también a dedo, se presentaron otras dos firmas que no aportaron oferta alguna ni presupuesto, una de las cuales estaba administrada por un socio de Fernando Palomares en la constitución de Servimun. Una de las facturas, por importe de 21.780 euros y avalada por un funcionario de la Diputación de València a pesar de que no se prestaron los servicios, fue rechazada por el concejal Antonio Gómez Simón. Es entonces cuando Mariano López se pone en contacto con el siguiente alcalde, el socialista Óscar Martínez Poquet, para que se abone la factura.

El exsuegro de Benavent también se comunica, el 13 de agosto del 2015, con el socialista Xavier Simó, asesor del entonces presidente de la institución provincial, Jorge Rodríguez, para transmitirle su agradecimiento por la ayuda y confirmándole que se había reunido con el alcalde “para solucionar el problema”. Xavier Simó, cogerente de Divalterra (heredera de Imelsa), es uno de los investigados en el caso Alquería.

La jueza también imputa, por los supuestos delitos de revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios, al exjefe del servicio de gestión tributaria de la Diputación Ricardo Ángel de Marí, que remitió al empresario Francisco Palomares un documento oficial con datos personales y reservados.