Los presidentes también hablan de basura
La reclamación de una urgente reforma del sistema de financiación autonómica fue el tema estrella de la entrevista que el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, y su homólogo murciano, el popular Pedro Antonio Sánchez, mantuvieron el pasado lunes 18 de abril en Murcia. La “alianza estratégica” que se planteó incluye la construcción del corredor mediterráneo y la defensa del trasvase Tajo-Segura. Esos fueron los asuntos que trascendieron. Pero Puig y Sánchez también hablaron de basuras.
“De la mano de Murcia, solicitaremos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una ayuda de tres millones de euros del PIMA para residuos cuyo objetivo es financiar el sellado y restauración del vertedero de La Murada-Abanilla”, explica la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, que acompañó a Puig junto al titular de Hacienda, Vicent Soler, en su viaje a Murcia.
Mayoritariamente situado en territorio murciano, el polémico basurero ubicado entre los términos de Orihuela (en la pedanía de La Murada) y Abanilla, pertenece al no menos polémico empresario Ángel Fenoll, imputado en el caso Brugal, y supone un reto ambiental de primer orden. Con una sentencia judicial en Murcia que obliga a su cierre, el vertedero genera una importante cantidad de lixiviados que la orografía de la zona lleva hacia la Vega Baja del Segura, en territorio valenciano.
El departamento que dirige Elena Cebrián extrajo en la zona a finales del año pasado hasta 115.000 litros de lixiviados (líquidos producidos por la descomposición de la basura) para su tratamiento. La Generalitat anunció entonces que mandaría a los juzgados de Murcia la factura de la operación (unos 8.000 euros) para que la empresa Proambiente, responsable del vertedero y en concurso de acreedores, se hiciera cargo del coste. El Consell está personado en dos causas abiertas contra la empresa en juzgados de Cieza y Murcia.
Los dos presidentes, por tanto, trataron sobre lo que la consellera Cebrián define como una medida de “biorremediación” para sellar el basurero y restaurar ambientalmente el paraje. “Ya lo están estudiando a nivel técnico los directores generales”, añade la titular de Medio Ambiente, en cuya opinión una operación como esa “podría suponer un ejemplo de cómo se logra revertir algo tan negativo”.
Los Planes de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) tienen una rama centrada en la “mejora del comportamiento ambiental de los vertederos mediante proyectos que reduzcan las emisiones asociadas”. En este caso, la ayuda que solicitarán conjuntamente la Comunidad Valenciana y Murcia será para sellarlo. Pero si el proyecto culmina con éxito, no habrán acabado ahí los problemas con los residuos.
El consorcio zonal de La Vega Baja tuvo una gestión “oscura y podrida”, como la califica Cebrián, y hoy en día el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Àlvaro, actúa en sentido contrario para que esa gestión arbitraria y corrupta quede como una cosa del pasado. “Trabajamos con el consorcio en dos etapas”, indica la consellera, “En una primera etapa, se desarrola un plan de comunicación y participación para explicar qué son las plantas de tratamiento y de transferencia de residuos. En una segunda etapa, habrá que determinar el lugar más adecuado para su instalación”. Cebrián asume que probablemente se hará primero una planta de transferencia, pero advierte de que “la zona ha de tener infraestructura”, es decir, una planta de tratamiento o vertedero.
La consellera es optimista sobre la nueva orientación de la política ambiental de la Generalitat Valenciana, que pone mucho el acento en instalaciones como los ecoparques: “Puede tener un recorrido muy positivo que los municipios se involucren en hacer buena gestión”.
