BUSEO. La presa que nadie tenía en mente

El 29 de octubre de 2024, mientras una DANA descargaba con una violencia excepcional sobre el territorio valenciano, había una infraestructura crítica bajo responsabilidad directa de la Generalitat que exigía máxima atención: la presa de Buseo.

Situada a 50 kilómetros de la ciudad de València, y a 2,5 kilómetros del municipio de Chera, no es una infraestructura menor. Está clasificada como categoría A, el nivel más alto de riesgo, reservado para aquellas presas cuya rotura puede provocar daños graves a la población. Esto implica obligaciones claras e incuestionables: vigilancia permanente, dirección técnica definida y coordinación institucional efectiva.

Aquel día, sin embargo, nada de esto funcionó como debería haberlo hecho.

La jornada se desarrolló bajo una alerta hidrológica y meteorológica en gran parte del territorio. A pesar de ello, siete personas perdieron la vida sin haber recibido alertas preventivas ni instrucciones precisas de actuación. El debate no es si el fenómeno meteorológico era extraordinario. Lo era. El debate es si los responsables de gestionar la emergencia eran suficientemente competentes y capaces para hacerlo.

Y la respuesta, vista en perspectiva, es inquietante.

Lo que quedó en evidencia no fue únicamente la magnitud de la DANA, sino un vacío en el mando político en un momento crítico. No había una cadena de competencias clara, ni una estructura operativa definida, ni una dirección política que asumiera el control de la situación en tiempo y forma.

De hecho, ese mismo día, con avisos rojos activos de la Agencia Estatal de Meteorología en buena parte del territorio, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina —responsable de la presa de Buseo— asistía entre las 15:15 y las 15:45 horas a la inauguración de la IV Encuentro de Jóvenes Cooperativistas Españoles, en la Antiga Farinera del Grau de València. Mientras que la directora general del Agua asistía a un acto de infraestructuras ferroviarias.

Del resto de su agenda ese día no sabemos nada más. Una imagen que resume mejor que ninguna otra la desconexión entre el riesgo existente y la respuesta de los responsables políticos, por mucho que intenten ocultarlo. Esta desconexión no puede explicarse solo por lo ocurrido aquel día. Tiene raíces más profundas.

En 2013, bajo un gobierno del Partido Popular, y concretamente con Isabel Bonig como consellera de Medio Ambiente, se disolvió la Fundación Medioambiental de la Comunidad Valenciana Buseo, encargada de la gestión de la presa. La decisión, enmarcada en una política de recortes —marca PP— dejó la infraestructura en un limbo, tanto administrativo como de gestión. La titularidad, de facto, pasó a la Generalitat, pero nadie se encargó de asumir esa titularidad. Es decir, en un limbo difícilmente compatible con su nivel de riesgo. En otras palabras, la presa estuvo literalmente abandonada durante años.

No será hasta la llegada al gobierno del Botànic cuando la Generalitat recupera el control efectivo. Es cuando asume su titularidad, la adscribe a la Dirección General del Agua y la dota de personal para la explotación, el mantenimiento y la gestión de emergencias. También se impulsa la redacción de un Plan de Emergencia, que queda finalmente aprobado en julio de 2023.

Pero la simple aprobación de un plan no garantiza su eficacia. Su implementación se vio retrasada a raíz de la reestructuración de gobierno producida en julio de 2024, tras la ruptura con Vox.

El llamado “gobierno de los mejores (sic)” dio paso a un cambio de competencias que dejó más dudas que certezas. Las competencias en materia de agua pasaron a la Conselleria de Agricultura, dirigida por Miguel Barrachina, tras haber estado en Medio Ambiente e Infraestructuras, con Salomé Pradas. Manteniendo en todo momento, a Sabina Goretti como directora general del Agua.

Este relevo competencial, lejos de reforzar la gestión, dio lugar a meses de indefinición. Sin responsabilidades claras ni mecanismos de coordinación operativos, el Plan de Emergencia quedó, en la práctica, en suspenso. El Consell mantuvo el plan paralizado durante meses, coincidiendo con el traspaso de competencias. La reorganización administrativa acabó actuando como coartada para la inacción, y el comité de implementación no volvió a reunirse hasta después de la DANA.

Es en este contexto cuando llega la catástrofe.

Con una alerta hidrológica activada y una presa de máximo riesgo bajo titularidad autonómica, la administración se encontró sin dirección. Técnicos sin referentes definidos, una estructura difusa y una respuesta que llega tarde. Demasiado tarde. Cuando la dirección política se hace efectiva, ya era 30 de octubre. Y para entonces, la tragedia ya se había producido.

Después, y solo después, llegan las visitas institucionales, los contratos de emergencia y los anuncios de inversiones. Pero todo forma parte de un tiempo posterior, el de la reacción. Cuando ya habían muerto siete personas que no fueron avisadas. Cuando la incapacidad de todo un Consell queda al descubierto y evidencia que no fueron capaces de garantizar, en el momento más crítico, que hubiera alguien al mando.

La gestión del riesgo no se puede improvisar. Y menos aún en infraestructuras que, por definición, exigen el máximo nivel de exigencia administrativa y política. La explotación de la presa recae en la empresa TYPSA. Pero la responsabilidad última es pública. Corresponde a la Dirección General del Agua y, por tanto, a la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca. Y, en última instancia, a su máximo responsable político, es decir, el conseller Barrachina.

Pero el conseller Barrachina, no ha hecho otra cosa que eludir sus responsabilidades. Como también han hecho otros miembros del Consell. Estos son la consellera Susana Camarero, responsable de los servicios sociales; el conseller Vicente Martínez Mus, responsable de las infraestructuras y de Metro Valencia; o el conseller José Antonio Rovira, conseller de educación en aquel momento.

Por eso, la pregunta es inevitable: ¿Qué hizo la directora general del Agua aquel 29 de octubre? ¿Por qué no atendió la emergencia? ¿La visita a las instalaciones de ferrocarriles era necesaria, teniendo en cuenta que su Dirección General ya no estaba en el organigrama de la Conselleria de Infraestructuras?

Y también, ¿qué hacía el conseller Barrachina mientras el territorio estaba en alerta máxima? Aquella tarde asistía a la inauguración de unas jornadas de jóvenes cooperativistas. Pero más allá de esa imagen, no consta cuál fue su implicación efectiva en la gestión de la emergencia.

Todo esto provoca indignación y nos obliga a una reflexión: en situaciones de emergencia, el problema no es solo qué pasa, sino quién está —o no está— al frente. Porque, cuando no hay nadie al mando, como se está certificando en el juzgado de instrucción de Catarroja, el riesgo deja de ser una posibilidad para convertirse en una realidad.

Han sido elegidos para gobernar, para estar cuando toca y donde toca, tomando decisiones y asumiendo responsabilidades. Y el 29 de octubre de 2024 directamente no estuvieron. El conseller responsable de la gestión del agua debería haber dimitido, porque falló. Como falló todo un Consell incapaz de garantizar la protección de la ciudadanía en el momento más crítico.

Y aún hay algo más, lejos de asumir responsabilidades, estos mismos responsables políticos han sido promocionados. La directora general del Agua, Sabina Goretti, ha sido ascendida a secretaria autonómica de Medio Ambiente. Y el conseller Miguel Barrachina ha sido nombrado portavoz del Consell.

Es decir, no solo no hay consecuencias políticas, sino que el Consell de Pérez Llorca consolida y premia la nefasta gestión. ¿Dónde se ha visto algo así? Cuando un gobierno falla en lo más básico  —en proteger la vida de las personas—, pierde cualquier legitimidad para seguir al frente.

Gobernar es estar cuando todo falla. Y ellos no estuvieron.

231 personas murieron el día de la DANA. Siete, aguas abajo de la presa de Buseo. Murieron sin aviso. Y eso no es solo una tragedia. Es un fracaso político.

No estamos ante errores puntuales. Estamos ante un Consell que falla como sistema. Y cuando un gobierno falla como sistema, la única salida digna y clara es devolver la palabra al pueblo y convocar elecciones.