Compromís exige dimisiones y una comisión de investigación tras los correos de la presidenta del Puerto de Valencia revelados por elDiario.es

La portavoz municipal de Compromís en València, Papi Robles, ha exigido dimisiones y la creación de una comisión de investigación sobre el caso que investiga la Fiscalía Anticorrupción relativo a la creación de plazas a medida para determinados extrabajadores del Consorcio Valencia 2007 tras los correos electrónicos internos revelados por elDiario.es. En ellos, queda acreditado que la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, intervino en la elaboración de las bases de las plazas investigadas.

Robles ha puesto de manifiesto que “cada nueva información que conocemos refuerza este patrón y hace aún más insostenible el silencio del gobierno municipal” y ha advertido: “María José Catalá no puede seguir mirando hacia otro lado. Este escándalo afecta al corazón de las instituciones de la ciudad y exige explicaciones inmediatas, transparencia total y la asunción de responsabilidades políticas. Catalá tiene el jueves en el Pleno una buena oportunidad de demostrar que quiere esclarecer toda la verdad. Recordamos que Compromís per València pide una comisión de investigación, la destitución del concejal José Marí Olano e instar a la Autoridad Portuaria a la destitución de Mar Chao”.

Al respecto, ha comentado que “los correos internos confirman exactamente lo que Compromís per València ha venido denunciando y ha llevado ante la Fiscalía” y no se trata “de irregularidades puntuales ni de errores administrativos, sino de un procedimiento diseñado para crear plazas a medida y garantizar la recolocación de determinadas personas dentro de la estructura pública”.

Para la portavoz valencianista, que la presidenta del Puerto participara directamente en la elaboración de las bases, “pese a las advertencias técnicas internas, es de una gravedad extrema” y ha considerado que “estamos ante una posible injerencia en procesos que deberían ser absolutamente imparciales, y eso supone vulnerar principios básicos como la igualdad, el mérito y la capacidad”.

Además, “todo apunta a una operación coordinada entre distintas instituciones, tal y como ya advertimos, para dar salida a personal vinculado al Consorcio 2007” lo que supone “un modelo que convierte la administración pública en una agencia de colocación al servicio de intereses concretos, y eso es incompatible con una gestión transparente y al servicio de la ciudadanía”.