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Un nuevo modelo económico y productivo exige un nuevo contrato social europeo

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Durante esta semana participamos en el 15º Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), un foro que aglutina a más de 100 organizaciones sindicales nacionales de 41 países. Se me ocurren pocos escenarios más propicios que la ciudad de Berlín para relanzar las estrategias sindicales, que habrán de afrontase en clave europea, ante los grandes retos que van a cambiar la fisonomía del mundo del trabajo a no mucho tardar. Una reflexión colectiva requiere tejer complicidades entre los sindicatos europeos, cuya fortaleza y unión puede ser un factor determinante para garantizar la cohesión social en una realidad que cambia a pasos agigantados. En ese contexto, el sindicato de clase es más necesario que nunca.

La CES, que ya cumple medio siglo de vida, quiso ser un vehículo para que el movimiento obrero organizado diera una respuesta colectiva a nivel europeo a la crisis del petróleo de los años 70 del siglo pasado. 50 años después de aquel aniversario es inevitable advertir paralelismos más que evidentes de aquel momento con la actual coyuntura. En toda Europa, el coste de los alimentos, la energía y otros productos de primera necesidad sigue aumentando mucho más deprisa que los salarios, las pensiones y las ayudas sociales, lo que incrementa las desigualdades, siendo las y los trabajadores peor pagados y las personas vulnerables las más afectadas. Incluso si el ritmo de aumento de los precios disminuye, se producirá un deterioro a largo plazo del nivel de vida si no se suben los salarios, se garantiza la seguridad del empleo y de los ingresos, y la UE actúa sobre las dimensiones sociales de la emergencia.

Vivimos un momento crucial para el sindicalismo de clase europeo. Urge buscar sinergias para amplificar los mecanismos de presión para abordar la dimensión social de la crisis; aumentar las personas sujetas a contratos indefinidos y trabajo a tiempo completo, aprovechando la inercia de un nuevo marco de relaciones laborales, en nuestro caso construido en torno a la reforma laboral; adoptar medidas más contundentes destinadas a eliminar las brechas de género en materia salarial, poniendo fin a la infravaloración del trabajo realizado predominantemente por mujeres; eliminar la violencia y el acoso por razón de género; o prohibir las prácticas no remuneradas que condenan, junto con los contratos precarios, a las personas jóvenes a la imposibilidad de acometer proyectos de vida. Todas ellas son medidas que debieran atajar la precariedad laboral, un fenómeno que es causa y efecto de las desigualdades crecientes en la UE.

Los cambios tecnológicos acontecen a un ritmo vertiginoso. La digitalización, la inteligencia artificial, los algoritmos, el trabajo en plataformas y otras nuevas formas de organización del trabajo están transformando las relaciones laborales más rápido que nunca. Su impacto exige que, a través del diálogo social y la negociación colectiva, las instituciones europeas colaboren con las organizaciones sindicales de clase de cara a garantizar una transición justa para toda la ciudadanía. Frente al “dejar hacer” del mercado, el intervencionismo redistributivo, que tan eficaz se ha demostrado en un fenómeno tan amenazador y disruptivo como la pandemia. Desde la CES abogamos por una directiva europea para la transición justa del mundo del trabajo, mediante la anticipación y la gestión del cambio, con la participación de los sindicatos y la negociación colectiva como principios rectores. Apostamos por que se aplique una suerte de principio de “control humano” de la digitalización, que incorpore a la legislación de la UE medias que garanticen el derecho a la toma de decisiones humanas en el trabajo. También por el establecimiento de condiciones sociales y medioambientales estrictas en la financiación y contratos públicos. Y, por último, por que el aprendizaje a lo largo de la vida laboral sea una realidad práctica. Estas son algunas de las reflexiones que, por razones de espacio, me he permitido sintetizar y que conducen a afrontar la revolución tecnológica como una realidad centrada en el bienestar del ser humano; razón que debería colocar el debate de la reducción del tiempo de trabajo como uno de los elementos nucleares de reivindicación para los próximos años.

En definitiva, una hoja de ruta que exige una reforma del marco de gobernanza económica europea como alternativa a las fracasadas políticas de austeridad que, durante las dos últimas décadas, han devastado los servicios públicos en todo el continente y -como consecuencia- una gran parte del apoyo ciudadano a las instituciones y al proyecto europeo. Las políticas expansivas puestas en práctica durante la covid deben tener continuidad en la terminación del Pacto Fiscal de la UE y la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para alinearlo con los objetivos ecológicos y sociales del Tratado de la UE y la Carta Social Europea. Un marco fiscal más sólido, sin paraísos fiscales, que permita la mejora de la calidad de nuestros servicios públicos y de los sistemas de protección social, garantizando un mínimo de inversión pública en los presupuestos nacionales y la eficacia de los mecanismos de solidaridad entre los distintos países. Argumentos en buena medida enfrentados a una política monetaria que se está mostrando como una herramienta incapaz de dibujar el horizonte de progreso para la clase trabajadora que desde la CES exigimos. Un horizonte que exige de organizaciones sindicales potentes y que, visto el avance de las extremas derechas, habrá que ganarse a pulso, con determinación y cohesión.

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