Paliza a un preso, intento de acusar al interno, un vídeo revelador y una subdirectora de la cárcel amenazada por encapuchados: “Tú calladita”

La agresión a un recluso con enfermedad mental por parte de tres funcionarios de la prisión de Villena, por la que han sido expedientados, ha puesto en el primer plano la deplorable atención psiquiátrica a los presos en las cárceles españolas y ha revelado comportamientos mafiosos. Los hechos se remontan al pasado 16 de agosto, cuando una asociación denominada 'Tu abandono me puede matar' denunció mediante un comunicado una supuesta agresión de un interno con enfermedad mental, del que destacaban su origen magrebí, a tres funcionarios a los que habría molido “a palos, patadas y puñetazos”.

Instituciones Penitenciarias abrió una investigación y comprobó que las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia mostraban a tres funcionarios de la prisión propinando medio centenar de porrazos durante la reducción del interno. Paralelamente, un juzgado de Villena mantiene abiertas sendas diligencias por el incidente del 16 de agosto y por una agresión a la subdirectora de la prisión la víspera de su declaración por estos hechos.

A pesar de las imágenes, publicadas por el diario Levante-EMV, la asociación califica la actuación de “profesional y dentro de la legalidad” en un video publicado en Facebook en el que también denuncia el tratamiento informativo del caso y anuncia acciones legales contra los medios que han informado.

La abogada Raquel Sánchez Navarro, que también ejerce de letrada para el sindicato Jupol en Alicante, escribió en su cuenta de Twitter: “Ahora mi trabajo no sólo consiste en defender las agresiones sufridas a estos funcionarios de prisiones de Villena sino también su honor y dignidad” (también agregó: “Espero encontrar la verdad aunque de este país donde hasta los juzgados están corrompidos ya me espero cualquier cosa”). 

“Mañana, calladita”

La víspera de la declaración de la subdirectora de seguridad de la prisión de Villena en el marco de la investigación interna, la mujer fue víctima de una agresión de tintes mafiosos en la puerta de su domicilio. “Mañana, calladita”, le dijeron entre cinco y seis encapuchados. La funcionaria ya había recibido mensajes amenazantes en su teléfono móvil (que después le fue sustraído dentro del recinto penitenciario) pero, lejos de amedrentarse, acudió puntual a la declaración. La subdirectora custodiaba, siguiendo el protocolo oficial, las imágenes de las cámaras de videovigilancia.

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, asegura que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “están desde el minuto uno intentando esclarecer los hechos” y la identidad de “las personas implicadas”.

El episodio ha causado tal revuelo en el mundo penitenciario que este jueves casi todas las prisiones españolas convocaron concentraciones de apoyo a la funcionaria. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, acudió a la de Villena y elogió a la víctima de la agresión, una “profesional íntegra” que “tiene muy claro cuál debe ser la actuación de un funcionario público”, según dijo.

La asociación 'Tu abandono me puede matar', sin embargo, considera en su cuenta de Facebook que el “único objetivo” de la supuesta criminalización de los funcionarios de prisiones es “evitar la movilización de las plantillas” en demanda de una equiparación salarial por la que hay una manifestación convocada el próximo 22 de septiembre en Madrid.

Ese colectivo de trabajadores calificó al centro penitenciario de Villena como “la prisión más peligrosa de España” en el comunicado emitido el pasado 16 agosto, en el que culpaba a la dirección del centro por la “ineficaz gestión” al “no haber sabido contener los brotes violentos”.

Así, 'Tu abandono me puede matar' señalaba al director de la prisión, Feliciano Crelgo, “a quien responsabiliza directamente de la deriva violenta” en el centro penitenciario. “Nos encontramos en un auténtico caos, donde la vida de los internos corre peligro, ya que no somos capaces de mantener el orden y disciplina en los departamentos donde residen los más conflictivos”, señalaba la asociación, que cifra en “unos 400 de los aproximadamente 1.200” que alberga la cárcel el número de esos presos conflictivos.

Funcionarios sin identificar y partes incompletos

El Defensor del Pueblo, en una visita sorpresa de los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura anterior a la agresión de este verano, detectó que “prácticamente ningún funcionario” de la prisión iba correctamente identificado, tal como informó elDiario.es.

En el centro penitenciario Alicante II, formado por 845 celdas, “con frecuencia no se incluye en la historia clínica la copia de los partes de lesiones u otros documentos médico-legales emitidos” ni la asistencia prestada, según apunta el Defensor del Pueblo.

Los partes describen de “forma poco detallada” las lesiones y, “con frecuencia”, no se cumplimentan los apartados correspondientes a la hora y el lugar, ni las manifestaciones del interno sobre el origen del daño sufrido. La cárcel de Villena también sufre la falta de facultativos, tal como reconoció el Gobierno en una respuesta parlamentaria a un senador de Compromís.

Sin psiquiatras, con el 40% de los presos con problemas de salud mental

Con un 40% de los presos con problemas de salud mental, las cárceles valencianas no disponen de psiquiatras, según un informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión, coordinado por el director de la asociación Àmbit, el jurista Javier Vilalta. La investigación repasa el conjunto de cárceles valencianas a excepción del centro psiquiátrico penitenciario de Fontcalent (Alicante), el único en España de este tipo junto con el de Sevilla.

En el centro penitenciario Antonio Asunción de Picassent (Valencia) hay apenas seis médicos para 2.058 presos. El informe sostiene que la prisión de Castellón II, la que cuenta con más denuncias por torturas de toda España, debería tener en tratamiento psiquiátrico a 800 presos, aunque la cárcel “no cuenta con ningún psiquiatra, de manera que se hace evidente que no existe ningún tipo de atención o seguimiento”. 

El centro penitenciario de Picassent y el de Castellón I ni siquiera cuentan con un módulo con Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM) para personas con trastornos graves. La prisión de Castellón I no ha recibido la visita de un psiquiatra en tres años. La cárcel de Picassent recibe una tanda de entre cuatro y ocho visitas externas al mes, una cifra “insuficiente” para el millar de reclusos que recibe tratamiento psiquiátrico. 

En Fontcalent (Alicante), “la atención es muy deficiente ya que además de que cada vez hay menos profesionales, el hecho de que sea un centro de preventivos hace que los internos varíen mucho, dificultando así las relaciones con los dispositivos sanitarios públicos y, sin embargo, en Villena la atención psiquiátrica es más estable ya que los internos son fijos”, explica el informe del Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión.

Esa situación precaria de partida en el sistema penitenciario sirve de motivo a asociaciones como la que emitió el comunicado en el que se atribuía a un interno una agresión que en realidad sufrió. Los hechos posteriores, de tinte mafioso, han puesto el foco sobre otras sombras que también se ciernen sobre las cárceles.