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Accidente de metro de Valencia: 13 años después, pendientes del juicio

Una de las concentraciones organizadas por las víctimas del accidente Metro de Valencia en la plaza de la Virgen

Miguel Giménez

Valencia —

Este miércoles, 3 de julio de 2019, se cumplen 13 años del siniestro que costó la vida a 43 personas y causó heridas a otras 47. Trece años a la espera de juicio -el pasado mes de febrero la juaza Nieves Molina dictó auto de apertura de juicio oral que, aunque todavía no tienen fecha, está previsto que se celebre a principios de 2020- sin que nadie dimitiera ni pidiera perdón después de una gestión nefasta desde el Gobierno autonómico, entonces dirigido por el popular Francisco Camps.

Gracias a la tenacidad de las víctimas, que obligaron a reabrir hasta en tres ocasiones la causa, ocho personas se sentarán en el banquillo de los acusados. Se trata de la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Marisa Gracia, y otros siete exdirectivos de la empresa pública valenciana (Juan José Gimeno, Vicente Antonio Contreras, Manuel Sansano, Francisco García, Sebastián Argente, Luis Miguel Domingo y Salvador Orts) para quienes la Fiscalía solicita tres años y siete meses de prisión por los delitos de homicidio imprudente y lesiones, entre otros.

Los tribunales dirimirán (si las hubo) las responsabilidades penales. Las responsabilidades políticas las dictaminó la segunda comisión de investigación en las Corts, abierta por el Botànic tras el fracaso de la primera. Así, según la investigación realizada en el Parlamento valenciano, el siniestro se produjo por falta de seguridad y falta de inversiones en la línea, denunció la manipulación de la antigua Canal 9 y responsabilizó políticamente al expresident Francisco Camps y a Juan Cotino por su actuación posterior.

Precisamente, sobre las comisiones parlamentarias, los profesores Nel·lo Pellisser y Josep Gavaldà han analizado y comparado en 'El accidente de la línea 1' (ediciones Tirant) ambas investigaciones, entre la “manipulación” y la frustración después de que una sentencia demoledora del Tribunal Constitucional vaciara de contenido la segunda comisión al considerar que un parlamento “no puede señalar responsables políticos”. Respecto a ambas investigaciones, los autores sentencian: “La segunda comisión es una enmienda a la primera y a la instrucción judicial”.

En este sentido, la presidenta de la asociación de víctimas (AVM3J), Rosa Garrote, destacó que la investigación desarrollada la pasada legislatura cambió la “verdad oficial” sobre el accidente.

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