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Nadie dimitió, ni pidió perdón: 13 años después, la tenacidad de las víctimas logra que se juzgue el accidente de metro de Valencia

La jueza dicta un auto de apertura de juicio oral, tras obligarle la Audiencia Provincial tres veces a reabrir el caso, por un siniestro que causó 43 muertes y heridas a 47 personas

Beatriz Garrote, expresidenta de la AVM3J, en una estación de metro

Beatriz Garrote, expresidenta de la AVM3J, en una estación de metro Jesús Císcar

Nadie dimitió, ni pidió perdón en julio de 2016 tras el descarrilamiento de un convoy en el túnel de entrada a la estación de Jesús. La juez archivó con rapidez la investigación y con mayor rapidez se cerró en falso una comisión de investigación en las Corts Valencianes. El accidente del metro de Valencia, ocurrido en pleno apogeo del PP, a pocos días de la visita del papa Bendicto XVI, parecía destinado a ser enterrado bajo el triunfalismo y el abuso de poder a pesar del horror y la muerte sembrados en las vías.

Los familiares de las víctimas, organizados en una asociación, se propusieron combatir el olvido oficial con un lema de denuncia, "43 muertos, 47 heridos, cero responsables", que sacaron en emotivas concentraciones en una de las plazas céntricas de Valencia cada día 3 de cada mes, recordando la fecha del accidente, hasta conseguir movilizar la solidaridad ciudadana, despertar a la opinión pública y concitar el apoyo activo de las formaciones políticas en la oposición. También han logrado finalmente reabrir la vía judicial, cerrada una y otra vez, para que en un juicio se establezca qué pasó y quienes fueron responsables.  

El 3 de julio de 2006 un convoy de la línea 1 de Metrovalencia, que gestiona la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, con 150 pasajeros a bordo descarrilaba en la capital valenciana entre las estaciones de Plaza de España y Jesús, un siniestro que causó 43 muertos y provocó heridas a otras 47 personas. Dos semanas después, unas Corts Valencianes controladas por la mayoría absoluta del PP de Francisco Camps cerraban en apenas cinco días de sesiones la comisión parlamentaria. Las conclusiones de aquella 'investigación' responsabilizaron del suceso al conductor fallecido y al exceso de velocidad. No se quiso indagar por qué fallaron los mecanismos de frenado automático ni cuál fue la incidencia del estado del tren y de las vías en lo ocurrido.

Este martes, más de doce años y medio después de aquel accidente, la jueza Nieves Molina, titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, ha ordenado la apertura de juicio oral, a falta de que se fije una fecha para el comienzo de las sesiones. La jueza acordó el procesamiento de Marisa Gracia, exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, y otros siete exdirectivos de la empresa pública valenciana (Juan José Gimeno, Vicente Antonio Contreras, Manuel Sansano, Francisco García, Sebastián Argente, Luis Miguel Domingo y Salvador Orts) el 31 de octubre de 2018. La Fiscalía solicita tres años y siete meses de prisión por los delitos de homicidio imprudente y lesiones, entre otros.

La apertura de juicio oral se produce después de que la Audiencia de Valencia obligara a la juez en febrero de 2018 -por tercera vez- a reabrir la investigación por el mayor siniestro de estas características sucedido nunca en Europa.

Rosa Garrote, presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro (AVM3J), mostraba su satisfacción por lo que considera "un paso más" para depurar las responsabilidades penales de quienes tomaron las decisiones, "tanto políticos como directivos", antes y después del accidente. Precisamente, fue la tenacidad y la insistencia de las víctimas, que durante casi una década se concentró cada mes en la plaza de la Virgen de Valencia para exigir justicia, la que evitó que el accidente acabara en el olvido. 

En cuanto a las responsabilidades políticas, la comisión de investigación que se conformó tras la victoria del Consell del Pacte del Botànic en las urnas ya dictaminó (después 20 sesiones de trabajo, 73 comparecientes, 150 horas de audiencias y de analizar cientos de documentos) que el accidente se produjo por falta de seguridad y falta de inversiones en la línea, denunció la manipulación de la antigua Canal 9 y responsabilizó políticamente al expresident Francisco Camps y a Juan Cotino por su actuación tras el siniestro.

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