El Constitucional tumba parte de de la ley valenciana de uniones de hecho
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido anular aquellos preceptos de la ley valenciana de uniones de hecho que “rebasan” el margen competencial de las comunidades autónomas en materia de derecho civil. El magistrado Ricardo Enríquez ha sido ponente de una sentencia que ha contado con el voto particular del también magistrado Juan Antonio Xiol.
Los preceptos que el alto tribunal ha tomado como referencia son los que regulan la distribución de competencias en derecho civil, y sentencia del mismo modo que cuando anuló la ley valenciana del régimen económico matrimonial, pues los criterios aplicables entonces lo son también ahora.
Por tanto, según informa el Constitucional en una nota, el Tribunal sostiene que la competencia valenciana para “la conservación, desarrollo y modificación del derecho civil foral valenciano” requiere la existencia, previamente a la entrada en vigor de la Constitución, “de un régimen consuetudinario de la institución civil que regule la norma impugnada”.
Explica el TC que la validez de la ley de uniones de hecho depende, en consecuencia, de que en “la comunidad autónoma se pueda identificar una costumbre asentada en su derecho civil” anterior a 1978 y en el momento en que se aprobó la ley.
Tampoco se identifica en el ámbito valenciano “otra institución consuetudinaria diferente de la regulada aunque 'conexa' con ella”, de manera que sirviera de base para el desarrollo de su derecho civil foral o especial.
Como no se cumple ninguno de estos requisitos, es decir, al no ver probado que haya costumbre, el alto tribunal declara la “nulidad” de los preceptos de carácter civil que contiene la ley por falta de competencias de la comunidad autónoma, pero “sólo de esos”, apostilla el TC: son los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, así como el 2.
Por su parte, el artículo 1 es declarado inconstitucional de “forma parcial”, en tanto que los 3, 4 y 5 se consideran conformes a la Constitución.
La sentencia rechaza, sin embargo, que el artículo 15 vulnere el principio de desarrollo de la personalidad, como alegaba el Gobierno central en su condición de demandante, ya que para equiparar en algunos aspectos las uniones de hecho a los matrimonios, la ley valenciana establece “una previa solicitud voluntaria del particular” para inscribirse como pareja de hecho.
El magistrado Xiol considera que la sentencia “trivializa” la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006, pues omite su “relevancia competencial” en el campo del derecho civil foral valenciano, y que obvia la actualización de los derechos históricos en materia de Derecho privado que ha llevado a cabo la doctrina constitucional.
No hace mucho el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, envió una carta al jefe del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, para pedir que entre las dos administraciones se abrieran canales de diálogo y trabajo que evitaran los recursos contra las leyes que consolidan el derecho civil foral valenciano.
Esas leyes son tres: la del régimen económico matrimonial, que el TC anuló a comienzos del pasado mes; la de las relaciones de hijos e hijas cuyos progenitores no conviven y la de uniones de hecho formalizadas. Las tres se aprobaron entre los años 2007 y 2013.
Antes, el PP en Les Corts Valencianes solicitó la retirada de los recursos presentados.
