Denuncian por prevaricación a la alcaldesa y siete concejales del PP de Catarroja
Los ediles de Esquerra Unida en Catarroja, Rosa Pérez y Daniel Portillo, presentaron el pasado 30 de septiembre en el juzgado de Instrucción de Catarroja una denuncia por prevaricación contra la alcaldesa de Catarroja en la legislatura 2003-2007, María Ángeles López (UV), y contra los miembros de la actual junta de gobierno de Catarroja, incluida la alcaldesa, los populares Soledad Ramón, Rafael Sanchis, Miguel Francisco Martínez, Agustín Mimbrera, Vicente Comos, David Nácher, Sigfrido Fernando Ribes y Sandra Alfons.
La causa de la presunta prevaricación es la “sistemática contratación temporal en fraude de ley”, realizada supestamente por los gobiernos municipales, “tanto del PP como del PP-UV, que se saldó en diciembre de 2012 con 43 despidos y la privatización de los servicios”. Siete de los despedidos demandaron al Ayuntamiento, que fue condenado al pago de 115.854,19 euros en indemnizaciones.
Pérez, redactora de la denuncia, ha explicado que “los denunciados aprobaban las contrataciones eludiendo los procesos de libre concurrencia bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad para contratar a quien les daba la gana, en algunos casos incluso a familiares directos de concejales del PP”.
Así, insistían en que realizaban dichas contrataciones “pese a los informes contrarios de la funcionaria responsable de Recursos Humanos. Algunos de esos trabajadores han demandado al propio Ayuntamiento y han cobrado importantes indemnizaciones, y si el resto hubiera demandado también hubieran ganado”.
Esquerra Unida de Catarroja ha estado denunciando, durante años, estas “ilegalidades” en los plenos. Los responsables políticos ahora denunciados “han causado un grave perjuicio a los propios contratados, a los ciudadanos que no pudieron acceder en condiciones de igualdad a un puesto de trabajo porque las plazas no se cubrían de la forma legal, y al propio Ayuntamiento y municipio porque dichos servicios han pasado a ser prestados por empresas privadas y porque, de momento, del presupuesto público del Ayuntamiento se han pagado 115.854,19 euros en indemnizaciones”.
