Segundo aplazamiento para la declaración de Francisco Martínez en una causa abierta por fraude y exacciones ilegales
El juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha acordado posponer, por segunda vez, la declaración de Francisco Martínez, exvicepresidente de la Diputación de Castellón (y mano derecha de Carlos Fabra), sus dos hijos y el empresario, Raúl Babiloni, investigados en una causa por fraude y exacciones ilegales. La jueza responde así a la petición realizada por el abogado de una de las partes, que solicitaba más tiempo.
La nueva fecha se ha establecido para el martes 12 de abril, a las 11.00 horas, después de que se retrasara la declaración a este martes, 22 de marzo, cuando inicialmente debía haberse producido un día antes.
Martínez, hasta conocer el nuevo aplazamiento, ha permanecido en la Audiencia Provincial durante buena parte de la mañana; desde las 9’30 horas -cuando ha entrado-, hasta las 11’15 horas -instante en que ha abandonado el juzgado-.
El exvicepresidente de la diputación se ha negado a realizar declaraciones a su salida del Palacio de Justicia de Castellón. Ante las preguntas de los numerosos medios de comunicación presentes, se ha limitado a señalar: “Todo bien. Gracias. Nada más”.
Martínez ha estado acompañado de sus dos hijos y del empresario Raúl Babiloni, también citados a declarar como investigados.
La nueva causa a la que se enfrenta el exvicepresidente de la diputación se inició a partir de una querella de la Fiscalía presentada el pasado mes de enero. Se trata de unas diligencias separadas del caso de la depuradora de Borriol, cuyo juicio finalizó el 25 de febrero de este mismo año, sin todavía conocerse la sentencia.
En este sentido, la Fiscalía ha solicitado cuatro años de cárcel y 29 de inhabilitación para Martínez y tres años de prisión para Adelino Santamaría, exalcalde de Borriol, por prevaricación, tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas. También se ha reafirmado en las penas para los dos hijos del exvicepresidente de la diputación y los empresarios Raúl Babiloni y Luis García del Campillo, que igualmente han sido juzgados.
El proceso judicial abierto contra Martínez arrancó con la denuncia presentada por la formación política Compromís en el Ayuntamiento de Borriol, al detectar que la depuradora impulsada desde el área de infraestructuras de la diputación, controlada por el propio exvicepresidente, iba a ejecutarse sobre terrenos de la familia de éste. De haberse cerrado la operación, habría supuesto unos ingresos de 50.000 euros por unas parcelas valoradas en 3.000.
