Tres expertos sin capacidad de sancionar para el futuro Consejo de Transparencia

La Conselleria de Participación, Calidad Democrática y Transparencia presentó este lunes junto a los grupos progresistas el proyecto de la nueva Ley de Transparencia, que actualizará la norma aprobada en 2015 por el Gobierno autonómico del PP de Alberto Fabra.

La consellera Rosa Pérez Garijo puso en valor durante la presentación que la ley por fin profesionaliza el Consejo de Transparencia, un organismo de consulta cuyos integrantes se reúnen mensualmente para resolver reclamaciones o evaluar las acciones de gobierno que se les solicitan. Con el proyecto de ley se reducen de 5 a 3 los profesionales que formarán parte, tendrán dedicación exclusiva y su salario será equiparable al de un alto cargo de la Generalitat Valenciana, cercano a los 60.000 euros anuales. El sistema actual provocaba grandes retrasos en la resolución de expedientes por la sobrecarga de trabajo y su regulación permitía que el consejo fuera ignorado por la Generalitat en cuanto a los medios.

Según el proyecto de ley registrado en las Corts Valencianes, los tres miembros -dos hombres y una mujer o dos mujeres y un hombre- serán elegidos por el Parlamento autonómico entre expertos de reconocido prestigio con diez años de experiencia, un perfil bastante acotado. La elección se realizará por mayoría simple, aclaró la consellera en su comparecencia. La norma prevé que el organismo elabore su propio sistema de funcionamiento y obligará a la conselleria a dotarlo de presupuesto para evitar el abandono.

Pese a que la ley refuerza la independencia del organismo, el consejo no será un ente administrativo independiente del Consell y seguirá funcionando bajo su estructura, aunque fuentes de la conselleria aseguran que de facto opera de forma libre. En la norma se define como “autoridad de garantía” de la transparencia como derecho ciudadano. Los consejeros tampoco tendrán capacidad sancionadora o investigadora, pero sí podrán “instar la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores”. También podrán requerir, de oficio o por denuncia, los incumplimientos de las obligaciones de publicidad activa y deberán hacer seguimiento de las resoluciones que resuelvan reclamaciones.

Según los expertos consultados por elDiario.es, la ley es un buen avance porque sistematiza de manera extensa todas las innovaciones en legislación general sobre transparencia, 'abre' más la administración e incorpora los principios de gobierno abierto. La norma simplifica la estructura del consejo, aclara los requisitos de acceso, pero no especifica que tenga potestad sancionadora.