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El presidente de la Diputación de Valencia anuncia la disolución de la empresa pública Divalterra

Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia.

Lucas Marco

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El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, ha anunciado este martes la disolución de Divalterra durante la Junta General de la empresa pública en un pleno con un único punto para tratar la situación de la mercantil tras la crisis provocada por las disputas sobre la nueva jefatura de Recursos Humanos.

Una nueva Junta General será convocada para someter a votación la disolución, liquidación y extinción de Divalterra SA, con el objetivo, ha dicho Gaspar, de bajar la persiana con un “cierre ordenado y definitivo” de la empresa pública. Como paso previo, ha explicado, los miembros del consejo de administración serán destituidos y se nombrará a los liquidadores de la sociedad. “Se ha acabado Divalterra”, ha zanjado Gaspar.

El presidente de la institución provincial ha explicado que iniciará con urgencia la integración de los brigadistas de la empresa, que conforman el grueso de la plantilla, en el Consorcio Provincial de Bomberos. El resto de servicios que prestaba la empresa se integrarán en la Diputación. Gaspar ha pedido la “colaboración de todos” en este “histórico paso”.

La decisión se ha anunciado tras el encargo de la presidencia de la Diputación de un informe conjunto a los departamentos de Secretaría e Intervención sobre la viabilidad jurídica y los posibles efectos en los diferentes escenarios planteados para la empresa.

Divalterra es la heredera de Imelsa, auténtico epicentro del caso Taula durante la época en que el popular Alfonso Rus gobernaba la institución provincial. Las contrataciones de puestos de alta dirección por parte del nuevo gobierno liderado por Jorge Rodríguez dio pie a su procesamiento en el denominado caso Alquería.

La última polémica en la empresa pública se refiere al proceso de selección de la jefatura de Recursos Humanos. Tras la elección por parte del tribunal de la ganadora, el presidente de la empresa pública, el diputado socialista Ramiro Rivera, ordenó la suspensión de la contratación a consecuencia de un recurso interpuesto por el aspirante que quedó en segundo lugar.

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