Prisión incondicional para el “conseguidor” del PP valenciano
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado el ingreso en prisión incondicional del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y del valenciano Alejandro de Pedro Llorca, el empresario cercano al PP que ha trabajado para varios ayuntamientos gobernados por el partido presidido por Alberto Fabra. Ha dictado, además, el ingreso en prisión eludible con una fianza de 300.000 euros para otro empresario, el propietario de Waiter Music, José Luis Huerta, han informado fuentes jurídicas.
El magistrado ha tomado declaración a estos dos detenidos, que serán trasladados a la cárcel madrileña de Soto del Real en las próximas horas, desde las diez y media de la mañana de este jueves. Tiene pendiente aún interrogar a otras 14 personas, entre ellas los supuestos cabecillas del entramado, el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados y su socio y amigo de la infancia, el empresario David Marjaliza, que aún no han sido trasladados a la Audiencia Nacional.
De Pedro también tenía conexiones en el PP de León
El presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, concedió contratos al empresario valenciano Alejandro de Pedro “a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León”, ha desvelado este jueves el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
Según explica el magistrado en el auto en el que envía a ambos detenidos en la operación Púnica a prisión, Martínez concedía contratos en la estación de esquí de San Isidro únicamente a empresas vinculadas a De Pedro. Éste, en la Comunitat Valenciana, ha trabajado, entre otros, para la alcaldesa de Dénia, y ha creado libelos digitales contra el PSPV y el líder socialista en Valencia ciudad, Joan Calabuig.
Además, el presidente de la Diputación leonesa “tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude”, dice el juez.
