Protesta sindical contra la empresa pública ideada para asumir al personal de los hospitales valencianos privatizados

Representantes de los sindicatos CCOO, SATSE, UGT, CESMCV-SAE, CSIF e Intersindical, integrados en la mesa sectorial de Sanidad se han manifestado este jueves a las 11.00 horas a las puertas de la Conselleria contra la posible creación de una empresa pública destinada a asumir al personal de los servicios y departamentos de salud privatizados de la Comunitat Valenciana.

Fuentes de las organizaciones afirman no entender la premura de la creación de una empresa pública mercantil, “sin que haya existido voluntad de transparencia y negociación de buena fe”.

Los sindicatos entienden que con esta mercantil “se mantendría la desigualdad de los distintos departamentos de salud, unos gestionados de forma directa y otros de forma indirecta, lo que conlleva diferente gestión de personal, de forma que no se puede mantener ni la homogeneidad, ni la cohesión y coordinación necesarias en el Sistema Valenciano de Salud, que garantice la igualdad de la atención sanitaria a las personas, con independencia del departamento de salud donde residan”.

No es aconsejable, afirman, que funcionen “de manera independiente en la prestación de servicios sanitarios, resultando una fórmula más ineficiente de trabajo y un sobrecoste que se debería invertir en mejoras de la gestión directa y en paliar las deficiencias de profesionales y de infraestructuras que tiene la sanidad valenciana”.

Además, creen que “esta empresa pública incrementará la amalgama de distintos convenios, con trabajadores de diferentes ámbitos, que difícilmente ofrecerán unas condiciones laborales equitativas a unos trabajadores que realizan las mismas funciones y atienden a un sector de población que debe prestar una asistencia cohesionada y homogénea a la población”.

Como ha informado elDiario.es, la férrea oposición de Unides Podem y de Compromís a la creación de esta empresa pública que asuma a los sanitarios de las resonancias y del hospital de Torrevieja ha obligado al PSPV a aplazar su aprobación en el pleno del Consell previsto para este viernes y a explorar otras vías contra reloj, puesto que en octubre los 1.400 profesionales del centro sanitario de la Vega Baja pasarán a depender de la administración.