PSPV y Compromís pactan dar cobertura legal al presupuesto de À Punt

À Punt salva la legalidad de sus presupuestos para los próximos años. Este martes, los portavoces de PSPV y Compromís han anunciado que han llegado un acuerdo para presentar una moratoria al apartado de la ley que dice que la radiotelevisión pública no podrá gastar más de un 30% del presupuesto en personal, algo que ya incumple.

“Mientras no se cumpla el 0,3% del presupuesto que corresponde a À Punt, no será de obligado cumplimiento el artículo que hace referencia a que un tercio del presupuesto es el máximo para personal”, ha explicado el síndic de Compromís, Fran Ferri, después de la junta de portavoces.

Socialistas y valencianistas siguen sin llegar a un acuerdo para aumentar el presupuesto de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) respecto a lo previsto en el proyecto de Ley de Presupuestos, pero sí para dejar sin efecto el techo de gasto para los trabajadores. Podemos ya señaló que no le agradaba esta fórmula y que si se aumentaba el presupuesto debería ser para nuevos programas. De momento, los morados tampoco han decidido si apoyarán esta propuesta que no saldrá sin ellos.

La enmienda a la ley de creación del ente fue presentada por Ciudadanos y no gustó demasiado a los partidos del Botànic, aunque terminaron por aprobarla. Menos aún a la directora general del ente, Empar Marco, que ya pidió en su última comparecencia un aumento de la partida para los medios de comunicación públicos. El presidente del Consell Rector, Enrique Soriano, señaló horas antes que se estaba incumpliendo ese apartado y que en las cuentas del ente reclamarían un aumento.

La reivindicación la ha hecho suya Compromís, que pelea con sus socios parlamentarios para satisfacer las peticiones de los dirigentes de la televisión pública. Los valencianistas se basan, de un lado, en que aplicar ese párrafo hoy supondría despidos en la televisión; por otro, que la partida de À Punt no llega al 0,3% de los presupuestos de la Generalitat, cuestión que fija la misma ley. Para llegar al mínimo establecido -el margen es de hasta el 0,7%-, debería contar con 66 millones de euros. Actualmente se mantiene la dotación de 55 millones.