Los valencianos aún pagan facturas del exconseller Rafael Blasco, encarcelado por corrupción
Está en la cárcel, condenado a seis años y medio de cárcel por el fraude en sendas ayudas a la cooperación que nunca llegaron a Nicaragua (sólo 43.000 de 1,8 millones de euros lo hicieron). No es el único caso en el que Rafael Blasco está imputado por su etapa como conseller de Solidaridad y Ciudadanía en la época del PP, dado que también ha de responder, entre otras cosas, de una trama organizada supuestamente con su complicidad para captar sistemáticamente dinero destinado a ese tipo de subvenciones. De eso, hace un tiempo. Sin embargo, los valencianos todavía pagan facturas de su gestión.
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha tenido que abonar a finales de 2016 un total de 11.808 euros a una periodista que Blasco tuvo trabajando ilegalmente en su gabinete de prensa entre 2008 y 2013.
Con fecha de septiembre del año pasado, el departamento de Oltra ejecutó una sentencia de 2013 del Juzgado de lo Social número 2 de Valencia que declaró cedida ilegalmente a la Generalitat por la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana (Fundar) a Teresa Doménech, quien fue contratada por esa entidad pero trabajó de hecho en el gabinete del conseller.
La sentencia, derivada de una demanda tras el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a 19 trabajadores de Fundar, obligaba a la Administración valenciana a incorporar a la periodista como “trabajadora indefinida no fija” o a dar por extinguido su contrato con el abono de 11.808 euros que se añadirían a los 10.857 euros que ya había cobrado por su despido de Fundar.
El nuevo gobierno valenciano surgido del Pacto del Botànico, formado por el PSPV-PSOE y Compromís y apoyado parlamentariamente por Podemos, no ha tenido más remedio que ejecutar esa sentencia y pagar la cantidad establecida. Lo ha hecho muy a disgusto, ya que precisamente lo que intenta es recuperar la mayor parte posible de lo que se ha robado en los casos de corrupción.
Por ejemplo, el mismo departamento de Mónica Oltra que ha tenido que pagar por una ilegalidad cometida por Blasco, consiguió quedarse con los inmuebles que la trama compró con el dinero de las dos subvenciones que debían destinarse a proyectos en Nicaragua. Pero la Generalitat solo ha recuperado hasta ahora 260.000 euros, requisados a las empresas que operaban con esa trama, de los 2,7 millones que los condenados deben pagar en cumplimiento de sus condenas.
Una familia bajo sospecha
La esposa de Blasco, Consuelo Ciscar, y su hijo Rafael, a su vez, se encuentran en libertad provisional y les han sido retirados los pasaportes dentro la investigación de las irregularidades cometidas en la gestión del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) mientras ella fue la directora.
El pasado jueves, dos sobrinos del exconseller, Sergio Blasco, que fue gerente del Hospital General de Valencia, y su hermano Francisco, fueron detenidos junto a otras siete personas en una operación derivada de la investigación de un fraude de unos 29 millones de euros en el área de Sanidad. El alcance del caso puede ser mayor.
La familia de Blasco, pues, no hace más que ampliar su deuda con los valencianos, a los que todavía toca pagar, pese a ello, algunas facturas derivadas de su actuación.
