Sigue el caos en la nueva Imelsa: Guerra abierta entre EU y Compromís
La vicepresidenta cuarta de la Diputación de Valencia y diputada de Inclusión Social, Teatros y Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo, quien interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción la denuncia del posteriormente conocido como ‘caso Taula’ junto con diez horas de grabaciones, ha acusado a la actual gerente Divalterra, Agustina Brines, de querer apartarla del Consejo de Administración de la empresa pública por ser una persona “incómoda” y por “haber reventado el contrato para ejercer la acusación particular en las piezas de Imelsa por un precio de 635.250 euros”, que califica “de un presunto pelotazo”.
Pérez Garijo, según un comunicado de EU, apostó desde el principio porque se personara el personal jurídico de la corporación provincial, cómo habían hecho la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia.
Respecto a la entrega de la documentación por parte de la sociedad pública a la diputada de EUPV, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 18 se ha pronunciado en los siguientes términos: “Este juzgado no tiene facultadas para pronunciarse sobre si quienes ostentan algún cargo en la antigua IMELSA tienen que entregar o no documentos a quienes sueño Consejeros y que las actuaciones no están declaradas secretas”.
La representante de EUPV en la Diputación de Valencia ha afirmado que “el hecho de no preguntar por el resto de consejeros de administración de Divalterra que se encuentran en la misma situación procesal, deja patente la intención de este informe, que no es otra que quitarme de en medio”. “Y curiosamente”, ha proseguido Pérez Garijo, “mientras mi presencia resulta incómoda, los principales colaboradores de Marcos Benavent continúan trabajando en Divalterra a las órdenes de la actual gerente”.
La diputada ha salido este jueves, siempre según el comunicado, al paso de la información publicada por un medio de comunicación alrededor de un informe, solicitado en solitario por Agustina Brines a un despacho privado cuando todavía había otro gerente en Divalterra, en el cual se insta a apartar Pérez Garijo del Consejo de Administración de la empresa pública.
La diputada de EUPV en la Diputación de Valencia ha acusado a la actual gerente de la mercantil de querer apartarla de su condición de consejera por “haber reventado el contrato para ejercer la acusación particular en las piezas de Imelsa por un precio de 635.250 euros”, que califica “de un presunto pelotazo”. De hecho, Pérez Garijo apostó desde el principio porque se personara el personal jurídico de la corporación provincial, cómo habían hecho la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia.
La diputada provincial de la formación de izquierdas ha explicado que en los últimos tiempos ha estado solicitando documentación a Divalterra “para hacer la tarea de fiscalización que me corresponde como consejera de administración, tal y como hice durante la legislatura pasada, pero a raíz de mi actitud beligerante ante la licitación del supercontrato jurídico, cuando pedí los trabajos realizados por la letrada Emma Ramón para verificar si efectivamente se correspondían con lo que había facturado o no era así, tal y como apuntaban algunos indicios –como por ejemplo que el contrato se había adjudicado casi un año antes de solicitar la personación en el Juzgado–, se me denegó la información con la excusa de que lo tenían que consultar al Juez”.
Aun así, la respuesta que dio el juez titular del Juzgado de Instrucción número 18 a Divalterra sobre si la empresa tenía que entregar la documentación a Pérez Garijo no generaba dudas: “El oficio de Divalterra E429 con la copia de un escrito por la Diputada Sra Pérez Garijo devuélvase, con indicación de que este juzgado no tiene facultades para pronunciarse sobre si quienes ostentan algún cargo en la antigua IMELSA han de entregar o no documentos a quienes son Consejeros y que las actuaciones no están declaradas secretas”.
La representante de EUPV, siempre según el comunicado, ha afirmado que “el hecho de no preguntar por el resto de consejeros de administración de Divalterra que se encuentran en la misma situación procesal, deja patente la intención de este informe, que no es otra que quitarme de en medio”.
“Y curiosamente”, ha proseguido Pérez Garijo, “mientras mi presencia resulta incómoda, los principales colaboradores de Marcos Benavent continúan trabajando en Divalterra a las órdenes de la actual gerente”.
Por último, la vicepresidenta cuarta de la Diputación de Valencia y diputada de Inclusión Social, Teatros y Memoria Histórica, ha detallado que entre sus solicitudes de documentación se encuentran tanto la copia del escrito firmado por Agustina Brines Sirerol en que solicita informe jurídico, como la copia del informe jurídico mencionado, realizado por TOMARIAL; así como la lista de las asesoras y asesores en esta empresa, de miembros del Consejo de Administración, así como también de los sindicatos y partidos desde el año 1995, con indicación del tiempo que estuvieron contratados, de la modalidad contractual y de la persona a la cual asesoraban. Una petición, esta última, que ha sido presentada en reiteradas ocasiones y que se ha obviado por parte de la actual gerencia, puesto que, en opinión de Pérez Garijo, “en absoluto se limitan al periodo en el cual Marcos Benavent fue gerente de Imelsa”, ha concluido.
