El PSPV pide una ley abolicionista de los prostíbulos y Puig manda a la policía autonómica a vigilarlos

La portavoz de Igualdad del PSPV-PSOE en Les Corts, Rosa de Falastín Mustafá, ha considerado “urgente” que desde el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado se ordene aumentar la vigilancia y el control en prostíbulos “muchas veces vinculados a la trata y donde se obliga a ejercer la prostitución” para así “hacer cumplir todas las medidas sanitarias” durante la pandemia, así como reformar la normativa y que haya una ley abolicionista para acabar con esa “esclavitud”. Mustafá se ha pronunciado en estos términos en un comunicado tras las informaciones sobre la aparición de brotes del virus en locales donde se ejerce la prostitución en municipios como Alcázar de San Juan o Cox.

Sobre estos brotes también se ha pronunciado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha asegurado que la policía de la Generalitat también se implicará en la vigilancia de los locales que puedan estar siendo utilizados para prostituir a mujeres. El jefe del Consell ha recordado que los prostíbulos están prohibidos y que Guardia Civil y policía ya combaten la trata de mujeres, pero ha propuesto que los agentes de la policía autonómica ayuden en estas tareas aprovechando sus competencias en regulación del comercio.

La aprlamentaria socialista recalca respecto a los casos de los prostíbulos de Cox y Alcázar de San Juan que se trata de brotes que, además, “implican una dificultad añadida para el rastreo, puesto que los clientes no están dispuestos a reconocer su visita al prostíbulo”. En este sentido, ha asegurado que se debe “garantizar el derecho a la preservación de la salud de las personas en situación de prostitución, lo que supone proteger sanitariamente al conjunto de la población”.

La portavoz socialista de Igualdad en Les Corts Valencianes ha denunciado que la crisis generada por la pandemia “ha mostrado de nuevo la situación de vulnerabilidad social y económica de las mujeres en situación de prostitución” y ha afirmado que esta situación “nos ha hecho reflexionar más que nunca sobre los efectos que tiene sobre la salud integral de las mujeres la comercialización de sus cuerpos”.

En esta línea, ha señalado que, según la ONU, España es “el primer país de Europa en consumo de prostitución y el tercero del mundo”, una actividad que se desarrolla “en el ámbito de la clandestinidad por lo que es muy difícil de controlar con la legislación actual”.

Por ello, la portavoz socialista de Igualdad ha señalado la necesidad de una “reforma en profundidad de la normativa” y ha calificado de “fundamental” la elaboración de una ley abolicionista “para acabar con una esclavitud que causa grandes daños en la salud de las mujeres y anula sus derechos”.

Mustafá también ha apuntado la necesidad de “políticas públicas de apoyo para salir de la prostitución y que impliquen la integración e inserción social y laboral por parte de todas las instituciones”. “No transformaremos la sociedad si nos quedamos sólo en la condena”, ha concluido, citando a la filósofa Ana de Miguel.

La propuesta de Puig y el PSPV se suma a la iniciativa de la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha enviado una carta a los consejeros autonómicos de Igualdad para solicitarles que se cierren estos locales como se ha hecho con el ocio nocturno.