Suspendido el juicio contra el exalcalde de Quartell ante la aportación de nuevas pruebas

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha suspendido el juicio que comenzaba este lunes contra el exalcalde de Quartell (Valencia) y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Francisco Huguet, el exconcejal Emilio Máñez y el empresario Vicente Huerta, entre otros, ante la aportación de nuevos informes periciales por parte de las defensas.

Este juicio se sustancia sobre una de las ramas del denominado 'Caso Avialsa' o 'Cártel del fuego', aunque en el contexto de operaciones urbanísticas supuestamente fraudulentas realizadas entre 2005 y 2016.

Según la Fiscalía, los dos responsables públicos recibieron diversas contraprestaciones por su actuación presuntamente delictiva consistentes en rebajas por la compra de terrenos, fincas y viviendas o el uso de vehículos de alta gama, entre otras.

La defensa de Huguet ha presentado un informe pericial de carácter económico-administrativo con el que pretende contradecir otro previo de la UDEF, que ha suscitado la queja de la fiscal anticorrupción, que inicialmente se ha opuesto a su admisión y subsidiariamente ha solicitado la suspensión del juicio para tener tiempo de analizar dicha prueba.

Esta ha sido admitida por el tribunal, que ha acordado suspender el juicio hasta nueva fecha para que las partes puedan instruirse en la nueva documentación.

También ha acordado, a petición de la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Quartell, la citación de la actual alcaldesa de este municipio, Cristina Marqués (PSPV), en calidad de testigo.

Por el contrario, la Sala ha rechazado incluir en la causa la sentencia que impuso la Audiencia Nacional al empresario Vicente Huerta en 2024 (3 años y 5 meses) por pactar precios y sobornar a cargos públicos para hacerse con contratos de medios aéreos para la extinción de incendios en España.

Antes de 30 días, según ha indicado la presidenta de la Sala, se celebrará una nueva vista para que las partes planteen nuevas cuestiones previas que puedan surgir tras el estudio de los informes incorporados este lunes, aunque la fecha del nuevo juicio todavía deberá acordarse.

En el presente juicio, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de entre siete y 22 años y medio de prisión para los diez acusados por delitos continuados de cohecho, falsedad documental, prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución.

En concreto, solicita 22,5 años para Emilio Máñez (2 por falsedad, 7 por prevaricación, 4 por cohecho, 5 años y 6 meses por cohecho y 4 años por frustración de la ejecución); 16,5 para Francisco Huguet (7 por prevaricación, 4 por cohecho y 5 años y 6 meses por blanqueo); y para Vicente Huerta un total de 7 años de prisión (3 años por falsedad y 4 por cohecho).

El Ministerio Público sostiene en su calificación jurídica que Huerta, en su condición de presidente del Holding Empresarial Avialsa, se valió de la capacidad de influencia y decisión de los dos ediles para obtener la adjudicación de terrenos municipales con destino a operaciones urbanísticas en municipios de la comarca del Camp de Morvedre, especialmente en Alfara de Algimia y Quartell.

Sin embargo, este procesado no pretendía ejecutar los proyectos “sino ceder a otras mercantiles esa ejecución”, según sostiene el Ministerio Público.

La Fiscalía solicita en su escrito de acusación indemnizaciones a favor del Ayuntamiento de Quartell que suman, en su conjunto, casi 700.000 euros.

Huguet ya fue condenado (la sentencia alcanzó firmeza en mayo de 2022) a dos años y medio de prisión como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con la contratación simulada por la empresa pública Imelsa (posteriormente Divalterra) de su concejal Emilio Máñez como coordinador de Brigada Forestal.

Máñez fue contratado como asesor del grupo popular de la Diputación de Valencia de 1999 a 2003, periodo en que ejerció como asesor del entonces alcalde de Quartell y diputado provincial.