Tres miembros del anterior Consejo Rector de À Punt denuncian la nulidad de su cese

Tres miembros del anterior Consejo Rector de À Punt, entre ellos el expresidente Miquel Francés, han denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que su cese incumplió la legislación europea y, por tanto, la nulidad de los acuerdos posteriores a su salida del ente.

Los denunciantes son Francés y los vocales nombrados en representación del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana, Lola Bañón y Javier Marzal, que tomaron posesión de sus cargos el 13 de abril de 2023 por un periodo de seis años.

La demanda, según detallan los denunciantes, expone que la legislación europea no admite el acortamiento mecánico de los mandatos de las responsabilidades en los medios de comunicación público, tal y como lo prevén el Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo, “con el fin de preservar la independencia efectiva de los prestadores del servicio público”.

Hace casi un año, tras la aplicación de la nueva Ley 2/2024 de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana Sociedad Anónima (CACVSA), tomó posesión un nuevo Consejo de Administración.

“À Punt ha visto como se cerraba el Consejo de Informativos, órgano fundamental para la expresión de la redacción de la cadena, así como el desmantelamiento progresivo del servicio de documentación. Así mismo, se ha constatado el paulatino descenso de los contenidos en valenciano, quebrando de esta manera una de sus funciones esenciales, como es la defensa de la lengua”, denuncian los exmiembros del Consejo Rector.

“Todo ello ha ocurrido en el tránsito entre la creación efectiva de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana S.A. y la supresión de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, con la consecuente absorción de la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació”, recuerdan.

Como consideran que no se ha incurrido en causa de cese o destitución, “y ante la deriva de la situación en el ente público”, tanto el expresidente del Consejo Rector como los dos exconsejeros señalan que “el mandato de los consejeros de las instituciones públicas debe continuar hasta el final de su nombramiento oficial”.

Además, al no haber participado en las últimas votaciones, consideran que “las decisiones del Consejo de Administración de la radio y televisión autonómicas deben quedar sin efecto”.

La argumentación de la demanda enviada a la Presidencia de la Generalitat y al TSJCV, sostienen, se basa en la defensa de la profesionalidad y pluralidad de los medios de comunicación públicos valencianos.

Los denunciantes recuerdan que fueron “sometidos en su día a un exigente proceso de selección”, y que fueron componentes del equipo de expertos que elaboró el informe facilitado a Les Corts en 2015 para elaborar la ley que posibilitó el retorno de la televisión pública valenciana tras el cierre de RTVV en 2013.