El Tribunal Supremo expulsa de la Guardia Civil a un agente condenado por traficar con marihuana

La sección primera de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la expulsión de la Guardia Civil de un agente destinado en Castelló condenado por cultivar casi tres kilos de marihuana en una nave industrial. El guardia recurrió la sanción de separación del servicio argumentando que la sustancia —cannabis sativa— no causa grave daño a la salud y aludiendo a su “desempeño meritorio” en el seno del instituto armado pero el TS ha desestimado sus alegaciones ya que los hechos por los que fue condenado son “objetivamente graves y relevantes”.

El guardia civil, de 45 años, fue condenado a un año y dos meses de prisión y a una multa de 16.000 euros por un delito contra la salud pública por el Juzgado de lo Penal número 1 de Vinaròs, una sentencia confirmada por la sección primera de la Audiencia Provincial de Castelló. La investigación de la red de distribución de hierba en la zona del norte de Castelló se inició por parte del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil. Los investigadores detectaron que un agente destinado en el puesto de Sant Mateu de la Comandancia de Castelló junto con un colaborador con antecedentes penales guardaban el cannabis en una nave industrial propiedad de un tercer condenado. La marihuana estaba destinada a la venta al menudeo, según la sentencia.

El juzgado autorizó la entrada y registro la nave industrial situada en un polígono de Benicarló, donde la Guardia Civil se incautó de cuatro cajas que contenían casi tres kilos de cannabis sativa, además de 110 macetas con rótulos que distinguían dos conocidas variantes de la marihuana: blueberry y super skunk. La vivienda que el condenado tenía adjudicada en el acuartelamiento de Peníscola también fue registrada con autorización judicial.

Los casi tres kilos de marihuana incautados tendrían un valor aproximado, en la venta al menudeo, de 14.540 euros. La ministra de Defensa, Margarita Robles, impuso el pasado 9 de enero de 2020 la sanción disciplinaria de separación del servicio, tras el informe de la asesoría jurídica de su departamento, por haber cometido un “delito doloso condenado por sentencia firme, relacionado con el servicio o cualquier otro que cause grave daño a la Administración”, tal como prevé el régimen disciplinario del instituto armado.

El agente recurrió la sanción alegando una supuesta vulneración del principio de proporcionalidad al no causar el cannabis grave daño a la salud y un “desempeño meritorio” en la Guardia Civil. “Ese ilícito ocasionó un grave daño” al instituto armado, “pues resulta palmario que un servidor público que forma parte de una institución armada entre cuyas misiones se encuentra, precisamente, la persecución del delito no puede mostrar una tacha cual la descrita, que supone un desdoro incompatible con su condición de miembro de la Guardia Civil”, afirma la sentencia del TS. “Meridiano resulta que se ha generado una más que relevante afección a la Benemérita”, apostilla.