El TSJ obliga al Instituto de Investigación de la Fe a indemnizar y readmitir a un trabajador despedido por denunciar irregularidades

El Tribunal Superior de Justicia valenciano obliga a la Fundación del Instituto de Investigación la Fe a readmitir a un trabajador despedido por denunciar irregularidades. El despedido estaba amparado por la Agencia Antifraude, a quien trasladó sus pesquisas, que luego pasaron a Fiscalía.

La Sala de lo Social del TSJ condena a la empresa a readmitir al trabajador en su puesto de trabajo y a abonarle los salarios de tramitación desde el despido hasta la notificación de la resolución a razón de 78,08 euros diarios y 3.500 euros de indemnización. La Sala confirma la validez de la resolución recurrida y, por tanto, la nulidad del despido, el pago de los salarios de tramitación y una indemnización adicional por daños y perjuicios, e impone el abono de las costas causadas a dicho instituto.

El juzgado considera el despido “una represalia” por parte del instituto contra el trabajador por formular denuncias de irregularidades en el seno de la fundación, posteriormente comunicadas a la Fiscalía. En concreto, asegura que “el trabajador es represaliado por la empresa con el despido por formular denuncias y/o ejercitar acciones sobre irregularidades cometidas en el seno de la Fundación, afectantes al interés público y realizadas en cumplimiento de un deber cívico y/o legal, por lo que el despido es discriminatorio y por consiguiente nulo”.

En julio, la Agencia Valenciana Antifraude otorgó al trabajador el estatuto de protección de persona denunciante, una figura prevista en la ley de creación de la entidad que dirige Joan Llinares, que vela para que los denunciantes no sufran durante la investigación o en su fase posterior ningún tipo de perjuicio o discriminación.