Archivada la enésima causa del denunciante compulsivo del PP, esta vez contra la vicealcaldesa de València Sandra Gómez

“Del análisis de la documentación aportada y de las declaraciones obrantes en las actuaciones no se puede concluir que existan indicios de la comisión por parte de los investigados de los delitos que se les imputan”. Así reza el auto judicial relativo a una nueva causa judicial que ha quedado en nada tras una denuncia del asesor del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València, Luis Salom, esta vez contra la concejala de Desarrollo Urbano y vicealcaldesa, Sandra Gómez.

Salom, investigado (antes imputado) por presunto blanqueo en el caso Taula, presentó en torno a una quincena de denuncias contra una gran parte de los concejales del equipo de Gobierno municipal de Compromís, el PSPV y la ya desparecida València en Comú, todas ellas archivadas hasta ahora tras las declaraciones de las partes.

En este caso, ha sido el titular del juzgado de instrucción 18 el que ha archivado la causa en la que el asesor popular denunció a Gómez por presunta prevaricación, administración desleal y malversación en varios contratos de publicidad por un total de 19.578 euros firmados con los diarios Levante-EMV y Las Provincias.

Salom aseguraba en su denuncia que no existió “contrato alguno para la ejecución de la campaña publicitaria” y que se adjudicó “de forma verbal, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido”.

Sin embargo, el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, deja en evidencia que las acusaciones no tienen ningún tipo de fundamento: “Se aportan los expedientes administrativos que fueron abiertos para la contratación y pago de las páginas publicitarias; en dichos expedientes constan informes de necesidad del gasto, existencia de crédito, autorización al gerente, la propuesta del periodico en cuestión, las facturas la verificación del servicio y las ordenes de pago, ajustandose por tanto a los requisitos establecidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector público”.

De hecho, los acusados solicitaron “deducción de testimonio por denuncia falsa, estafa procesal, injurias y calumnias” contra Salom, una petición que el juez desestima, aunque traslada la opción de que “la parte que se considere perjudicada pueda ejercer las acciones penales que considere oportunas”. El auto de archivo es recurrible mediante recurso de reforma o de reposición.

Al respecto, la vicealcaldesa Sandra Gómez ha comentado que estudiarán si abren la vía de la denuncia falsa contra Salom. Gómez ha criticado que esta denuncia cuenta con el agravante de que se iterpuso “en febrero de 2019, unos meses antes de las elecciones municipales, con un claro objetivo electoralista y con el visto bueno de la que ya era candidata a la alcaldía del PP, María José Catalá, quien sigue permitiendo este tipo de prácticas de Salom, a quien mantiene como asesor de su grupo”.

Un sinfín de archivos que han costado 9.500 euros al Ayuntamiento

Entre los responsables polícos que han estado investigados por las denuncias de Salom que hasta ahora se han ido archivando tras las declaraciones, figuran, por parte de Compromís, el alcalde de València, Joan Ribó, y concejales como Carlos Galiana, Gloria Tello o Pere Fuset, a quien le han archivado al menos cinco procesos, y que aún está pendiente de declarar en una causa por supuesto fraccionamiento de contratos.

La exconcejala socialista Anaïs Menguzzato, por su parte, fue denunciada por falta de informes en un espectáculo pirotécnico, pero el caso ni siquiera llegó a admitirse a trámite.

Además, en septiembre de 2018 se archivó también la causa contra el número dos de la Conselleria de Educación, Miguel Soler (PSPV). Salom le acusaba de haber cobrado de las Corts Valencianes sin ir a trabajar.

Los últimos casos que se han desestimado afectaron al concejal de Hacienda, Ramón Vilar (PSPV), fallecido el pasado verano, y a la exconcejala de Vivienda y exportavoz de València en Comú, María Oliver.

La factura de la frenética actividad judicial del polémico asesor popular ya se eleva a un total de 9.500 euros para las arcas del Ayuntamiento de València, puesto que todos los ediles encausados, una vez archivadas las denuncias, tienen derecho a socilitar que la corporación municipal abone los gastos de su defensa.

Así lo han hecho ya el alcalde, Joan Ribó (3.600 euros), la exconcejala socialista Maite Girau (2.200 euros) y el concejal de Comercio y Cultura Festiva, Carlos Galiana (3.700 euros).