Ribó apuesta por “apoyar las demandas del vecindario” sobre la ZAL y el PSPV recuerda que “la Abogacía es de todo el Gobierno”

El alcalde de València, Joan Ribó, se ha pronunciado este martes sobre el recurso interpuesto por la Abogacía de la Generalitat contra la sentencia que por tercera vez declara ilegal el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de València que ha dividido a las formaciones del Gobierno del Pacto del Botánico, con el PSPV como único que apoya la medida, mientras que Compromís y Unides Podem han mostrado su oposición.

“Es un error que prolonga en el tiempo un problema que reiteradamente la justicia ha dicho lo que ha dicho. De una vez por todas se debe aceptar la realidad y reconocer que no se hicieron bien las cosas. Eso implica volver a la casilla de salida y apoyar las demandas del vecindario”, ha comentado Ribó.

Según el primer edil, “la ZAL fue un planteamiento erróneo y en estos momentos desde un punto de vista ambiental el camino que se quiere plantear no tiene solución”.

Para Ribó, el recinto debe reconvertirse “en una zona verde o en una zona de huerta como piden los vecinos y debemos de volver a la casilla inicial, de lo contrario supondrá prolongar la agonía de un problema, ya hace demasiados años que se está viendo que la ZAL no tiene solución como se ha planteado y hay que aceptar que en su momento no se hicieron bien las cosas”. Por últmo, ha afirmado que “el puerto necesita zonas logísticas, pero es posible hacerlo de otra manera”.

La consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà, ha lamentado que se haya tomado “una decisión unilateral de recurrir una sentencia que no tiene ningún sentido porque ya son dos veces que está sentenciado ese plan, además con un argumento ambiental en la línea de que no se tenía que haber hecho una evaluación simplificada sino ordinario con un estudio de alternativos, y es en esa fase en la que justicia está diciendo que no se hicieron las cosas bien”.

Mollà ha explicado que “hay viabilidad para alternativas para la ZAL y a la vez para que la actual zona donde se proyecta sea lo que merece ser que es un corredor verde que conecte el Turia con la Albufera”.

Sobre las consecuencias del recurso en las relaciones con el PSPV, Mollà ha afirmado que “no es deseable que se toman decisiones unilaterales en este y otros temas en los que lo ideal es que el Gobierno esté de acuerdo y si no, no tomar una decisión de estas características”.

La consellera ha añadido que “son dinámicas que se deben de corregir” y pidió a los socios de Gobierno que estas cuestiones “no se vuelvan a poner sobre la mesa de forma unilateral y entiendan que los gobiernos plurales son gobiernos en los que se consensúan las cosas”.

El PSPV defiende el recurso

Los socialistas han defendido este martes la decisión de la Abogacía de la Generalitat de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJCV que anula el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de València. “Hay que ser responsables y destinar el dinero de los valencianos a las cosas que son posibles”, ha manifestado la portavoz adjunta del grupo socialista en Les Corts Carmen Martínez.

La diputada del PSPV ha asegurado que su partido no habría realizado la ZAL así si hubiera estado al frente de la Generalitat en 2015 antes del cambio de gobierno del PPCV. “Fue algo que se encontró el Botànic y tuvimos que tomar decisiones que dieran seguridad jurídica y defendieran el interés de los valencianos”, ha declarado en el parlamento, recordando que se abrió un espacio de diálogo Ayuntamiento-Puerto-Consell para establecer medidas correctoras de esa “agresión brutal” a la huerta.

“No olvidemos que la ZAL estaba urbanizada y expropiada y que la huerta ya había desaparecido”, ha recalcado, para defender que la hoja de ruta pasa por “minimizar el impacto” e integrar paisajísticamente la zona mediante un corredor 'verde' que una l'Albufera con el río Túria y el Puerto.

Es más, la portavoz socialista ha subrayado que “la Abogacía es de todo el gobierno valenciano y no solo de una parte” y que si optó por un recurso de casación es porque ve necesario que haya “jurisprudencia que diga cómo actuar en este caso y en otros que vendrán después, lógicamente”.

Ha augurado así que mantener la anulación sería “un tema jurídico grave con responsabilidades patrimoniales de más de 200 millones de euros”, además de recordar que el propio alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), ya dijo que volver a la situación anterior a la ZAL era inviable.