Ribó declara ante el juez que la ley le permite retrasar la entrega de información a la oposición mientras los expedientes están abiertos
El alcalde de València, Joan Ribó, ha declarado este lunes en la Ciudad de la Justicia de València en calidad de imputado por negar en su día al PP el expediente relativo a la encuesta fallera que realizó la Concejalía de Cultura Festiva.
Ribó ha llegado a la Ciudad de la Justicia a las 9.10 horas aunque estaba citado a declarar a las 10.30 horas. Alrededor de las 11.30 horas ha salido por puerta principal del recinto y ha atendido a los medios.
El alcalde ha comentado que ha contestado a todas las preguntas que le han planteado, salvo a las de los abogados del grupo municipal popular y de los concejales del PP que se han personado en el caso como acusación particular: “considero que están haciendo un uso espurio de la justicia ya que el conflicto en todo caso sería un contencioso administrativo y se ha querido plantear por la vía penal con una evidente intencionalidad política”.
Ribó ha recordado que Luis Salom, el asesor del grupo popular que ha presentado la denuncia, está imputado por presunto blanqueo en el marco del caso Taula y que ha presentado un gran número de denuncias contra concejales del equipo de Gobierno municipal y del Consell y que hasta ahora “todas se han archivado”.
Sobre el caso concreto del retraso en la entrega del expediente, Ribó ha explicado que es una decisión avalada jurídicamente por el secretario municipal, “el mismo que estaba en la época del PP”, puesto que “el reglamento orgánico prevé la posibilidad de retrasar la entrega de expedientes que no están finalizados, ya que en ese momento el Ayuntamiento estaba preparando alegaciones ante la Agencia de Protección de Datos”.
El primer edil ha insistido en que en ningún momento se negó información, sino que se retrasó hasta que finalizó el proceso que acabó con una amonestación de la Agencia. Fue entonces cuando se facilitó el expediente al PP, que tres meses después puso la denuncia por la vía penal por ocultación de información
Ribó ha asegurado que descarta dimitir al tratarse de un asunto puramente administrativo: “en esta casa se sabe muy bien lo que es corrupción y lo que son otras cosas y por tanto este tema nada tiene que ver con corrupción”.
El PP llamará a declarar al secretario y a Fuset
Por su parte, el abogado del PP, Jorge Carbó, ha comentado tras el interrogatorio que el alcalde con su negativa a contestar sigue en la línea del “ocultismo” y de negar a los concejales del PP la información a la que tienen derecho.
Ante las explicaciones que ha dado Ribó, ha asegurado que pedirán que declaren tanto el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, como el secretario municipal.
El letrado ha asegurado que no hay “ninguna justificación para que se retrase el acceso a un expediente electrónico del ayuntamiento para el que solo hay que facilitar unas claves de acceso”.
Sobre la argumentación del retraso por la preparación del recurso ante la amonestación de la Agencia de Protección de Datos, ha asegurado que cuando se solicitó el expediente “ya se había mandado el escrito de recurso a la Agencia”.
Por último, ha defendido la vía penal al entender que es una “flagrante negativa sin justificación ninguna, y así lo ha entendido el juez instructor, de considerar que era un tema administrativo habría archivado el caso”.
