Los zombis de Alfonso Rus: el expresidente de la Diputación de Valencia se enfrenta a su primer juicio del 'caso Taula'

Alfonso Rus, expresidente 'popular' de la Diputación de Valencia, se enfrenta este lunes a su primer juicio por el 'caso Taula'. Se trata de la pieza separada B relativa a la contratación en la empresa pública de la institución provincial de asesores que en realidad trabajaban para el partido, incluyendo a amas de casa e incluso a un jugador de fútbol del club de Rus, el Olimpic de Xàtiva.

Alfonso Rus, junto con Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero' y exgerente de Imelsa, creó una suerte de empresa temporal de empleo para hacer favores a personas cercanas que, a modo de zombis, cobraban de la empresa pública y prestaban sus servicios en otros menesteres.

En el banquillo también se sentará el socialista Rafael Rubio, ex consejero de la empresa pública Imelsa y exsubdelegado del Gobierno en Valencia investigado también en el 'caso Azud'. El juicio, que se desarrollará hasta el próximo 15 de marzo ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia en 26 sesiones, acumula también la pieza separada F, relativa a las contrataciones irregulares en la empresa autonómica Ciegsa, encargada en su día de la construcción de colegios públicos.

También figura como acusado Máximo Caturla, ex consejero delegado de la firma pública que contrató al alcalde por el PP de Llosa de Ranes Evaristo Aznar siguiendo indicaciones del expresidente de la Diputación de Valencia. Caturla, además, está procesado en las piezas G e I del 'caso Taula'. También entró en la plantilla de Ciegsa Manuel Gómez Pérez, concejal popular del Ayuntamiento de Requena entre 1987 y 1995 y primer teniente de alcalde hasta 2003. 

Rus, su jefe de gabinete Emilio Llopis y Marcos Benavent utilizaron Imelsa “en beneficio propio” para sus “intereses personales y particulares”, según concluyó la jueza instructora. En la causa se investigan los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y falsedad documental.

En el banquillo también se sientan María Gracia Escrihuela, directora de Recursos Humanos de la empresa y encargada de realizar las contrataciones pese a saber que no iban a ejercer las funciones encomendadas, y José Enrique Montablanch, director financiero y responsable de que hubiera dotación presupuestaria suficiente para el pago de esos salarios supuestamente fraudulentos.

A falta de una relación de puestos de trabajo y de normativa para la contratación de personal, los acusados aprovecharon este vacío para colar a numerosos amigos o aliados políticos. El 'yonqui del dinero' colocó a José Estarlich, que percibió un sueldo de Imelsa pese a no acudir a trabajar. Estarlich confesó en el juicio de la pieza J del 'caso Taula' haber sido el testaferro de Marcos Benavent en operaciones de blanqueo.

El jugador de fútbol Miguel Ángel Mullor también fue contratado, sin que realizase trabajo alguno, coincidiendo con dos temporadas que jugó para el Olímpic de Xàtiva (el club de Alfonso Rus). Eva Luis Sarrión, una ama de casa que pasaba por dificultades económicas fue contratada durante casi tres años como asesora del diputado provincial del PP Salvador Enguix Morant, quien certificó que la mujer prestó sus servicios pese a que no realizó trabajo alguno. La mujer explicó que había pedido ayuda a Benavent.

Otro acusado, Francisco José Antequera, figuraba como asesor de Emilio Llopis a pesar de que, según reconoció en su declaración durante la fase de instrucción, conocía a su supuesto jefe “nada más que de vista”.

Juan Antonio Sanz Núñez fue contratado “para llevar el tema de las redes sociales” como asesor de Juanjo Medina, entonces vicepresidente de la Diputación de Valencia, sin que haya podido acreditar el trabajo que realizó en Imelsa. El entonces alcalde del PP de Cofrentes, Raúl Mateo Ángel Balufo, cobró entre salarios e indemnizaciones 109.441 euros sin haber prestado trabajo alguno en Imelsa.

En el banquillo de los acusados también se sienta Rafael Rubio, exconsejero socialista de Imelsa, que contrató como asesoras durante tres meses a Carolina de Miguel y María Teresa Gimeno, a pesar de que no cumplieron su cometido laboral, según la instrucción. Francisco Javier Cañizares, excandidato socialista en Bellús, fue contratado como consejero del diputado Antonio Gaspar, actual presidente de la Diputación de Valencia, a pesar de no prestar sus servicios en la sede de Imelsa.