La agencia europea de derechos fundamentales ve “problemas sin resolver” tres años después del acuerdo con Turquía sobre refugiados
Violaciones de derechos humanos. Niños desatendidos. Migrantes en situación de detención. Son algunas de las principales conclusiones del informe Update of the 2016 Opinion de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) en relación con la situación de los derechos fundamentales en los hotspots –centros de registro de migrantes– en las islas griegas a consecuencia del acuerdo entre la UE y Turquía de marzo de 2016, aprobado hace tres años.
“Las graves violaciones de derechos fundamentales persisten en los hotspots griegos”, dice el informe, “donde las condiciones de recepción permanecen por debajo de los mínimos exigibles en un país, Grecia que, después de España, sigue siendo el Estado miembro de la UE que recibe a la mayoría de los recién llegados por mar”.
Los llamados hotspots se crearon hace tres años en el país heleno, y también en Italia para dar respuesta al aumento de los flujos, identificar a los recién llegados y organizar los trámites de las solicitudes de asilo. El modelo, que en un primer momento tuvo buena acogida, ha acumulado una lluvia de críticas en los últimos años. Varias voces denuncian que se han convertido, de facto, en centros de detención durante meses para refugiados y migrantes, mientras los países europeos incumplen sus compromisos de acogida.
Ahora, la FRA se suma una vez más a las críticas con un informe que se centra en tres elementos fundamentales:
Mantener a los solicitantes de asilo en lugares remotos para procesar sus solicitudes de asilo. “Como demuestra los casi tres años de experiencia en Grecia, esta forma de trabajar crea riesgos de derechos fundamentales que parecen casi insuperables”, explica el estudio. “Examinar las solicitudes de asilo de manera justa y con cuidado lleva tiempo, y, de media, los solicitantes de asilo permanecen en las islas griegas durante cinco meses. Durante ese tiempo, no solo necesitan vivienda, sino también trabajadores sociales, abogados, médicos y otros profesionales para que puedan disfrutar de las normas mínimas establecidas en la directiva sobre condiciones de recepción (2013/33/ UE).
El asilo y otras autoridades necesitan espacio de oficina, trabajadores sociales e intérpretes. Ha sido difícil desplegar a los expertos necesarios en esos lugares, a veces también porque dichos profesionales ni siquiera están disponibles para la población residente, como por ejemplo en la isla de Kos, donde no hay pediatras en el sistema de salud pública en toda la isla, explica la FRA.
Marina Albiol, eurodiputada de Izquierda Unida, afirma que “tres años después de la aprobación del acuerdo UE-Turquía, la situación en las fronteras externas de la UE no ha dejado de deteriorarse. Los hotspots fueron creados por la UE como algo provisional para paliar una situación urgente que crearon sus propias políticas de cierre de fronteras. Sin embargo, estos centros se han perpetuado en el tiempo, y como confirma el informe, las violaciones de derechos persisten cada día”.
“No hay ninguna excusa para mantener la limitación a la libertad de movimiento e incluso la situación de detención en la que viven personas migrantes y demandantes de asilo en estos centros”, afirma Albiol.
Demoras sistémicas. El uso de procedimientos de obtención y contratación prolongados y complejos limita significativamente el impacto potencial de los fondos nacionales y europeos asignados para mejorar las condiciones de recepción en Grecia. Como ha señalado el FRA en informes anteriores, “se debe principalmente a una combinación de planificación insuficiente, capacidad administrativa limitada, dificultades de coordinación y debilidades en las adquisiciones”.
Estos problemas, prosigue la agencia, “no son nuevos ni exclusivos del área de asilo y migración, y son de naturaleza estructural”. Sin embargo, “causan demoras, que afectan significativamente a la vida diaria de los solicitantes de asilo alojados en los puntos críticos que causan violaciones de derechos fundamentales a diario. Los niños, por ejemplo, pueden quedarse sin zapatos, ropa o mantas”.
“Organizaciones que trabajan en Moria denuncian incluso intentos de suicidio entre los menores que viven ahí. Ha habido muertes, y personas que han desarrollado enfermedades por las precarias condiciones de los hotspots. Esto no puede quedar impune y exigimos que la UE asuma sus responsabilidades y cierre los hotspots”, sostiene la eurodiputada de IU.
La población en las islas. Los residentes locales perciben los campos como una carga que les impone “Atenas y la UE”. Según ellos, “la presencia de solicitantes de asilo en las islas crea problemas para la industria del turismo, que es una fuente importante de ingresos para muchos residentes”, afirma el informe.
“Esta situación alimenta la animosidad y las tensiones y constituye un obstáculo grave para la aplicación efectiva de la política de los centros de acogida. Si no hay hacinamiento y las condiciones son decentes, los centros de acogida pueden traer beneficios económicos directos e indirectos para los residentes, pero deben participar de manera proactiva para garantizar su apoyo”, añade la FRA.
El informe concluye que “dado que continuarán las llegadas a las islas griegas, los últimos tres años han demostrado que la manera en que se aplica la política de los hotspots en Grecia no es sostenible desde un punto de vista de los derechos fundamentales”. La FRA sostiene que continúa viendo el valor agregado “de tener instalaciones en la frontera, donde las personas recién llegadas están informadas, examinadas, registradas, provistas de asistencia inmediata y referidas a los procedimientos pertinentes”, pero considera que “el número de personas debe permanecer en todo momento dentro del capacidad de las primeras instalaciones de recepción existentes”.
En este contexto, asegura, “una medida importante es mejorar los canales de entrada legales para que las personas que necesitan protección internacional lleguen a Europa”.
La Defensora del Pueblo Europea, en su investigación sobre la evaluación del impacto sobre los derechos humanos de la Declaración UE-Turquía del 18 de marzo de 2016, indicó que la Comisión Europea debería realizar evaluaciones periódicas de los derechos fundamentales. La puesta en práctica del acuerdo está vinculada a la política de estos centros de recepción, “que ha traído serios desafíos a los derechos fundamentales que siguen sin resolverse”, dice la FRA. “La política de los centros de acogida garantiza, por lo tanto, evaluaciones periódicas, a las que esta opinión de la FRA pretende contribuir”.
“No han cometido delito alguno y están de facto encerrados en una cárcel en la que siguen malviviendo”, reflexiona Albiol. “Visitamos el hotspot de Moria en 2016 y ya hicimos una serie de denuncias sobre el mal estado de las instalaciones, la comida, la desprotección de las mujeres o la falta de acceso a educación de las y los menores”, apunta la eurodiputada.
Esta situación, denuncia, se mantiene y “ni tan siquiera se han preparado las instalaciones para el invierno”. “Lejos de ello, el objetivo de la UE es extender el modelo dentro y fuera de nuestras fronteras. La propuesta de centros cerrados dentro de la UE de Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, o la propuesta del Consejo Europeo, de crear plataformas regionales de desembarco en el Norte de Africa, no son más que esto: proyectos para detener a las personas migrantes sin derechos”, sentencia.
