Catalunya después del 10N

Pase lo que pase el 10N, Catalunya seguirá siendo el problema constitucional más importante al que la sociedad española tendrá que hacer frente. Insisto en lo de constitucional, porque aquí está la clave. En Catalunya hay problemas en la convivencia entre los ciudadanos, como dice el presidente del Gobierno, pero no son esos problemas de convivencia los que definen la naturaleza de la relación entre Catalunya y el Estado, como el presidente del Gobierno parece dar a entender. Para España Catalunya no es un problema de convivencia entre los ciudadanos catalanes. El problema es de otra naturaleza.

Es obvio que en Catalunya se han producido en estos últimos días actos de violencia y alteraciones de orden público, pero tampoco ellos son determinantes para la definición de la naturaleza de la relación de Catalunya con el Estado. Ni siquiera la sentencia del procés lo es.

La relación entre Catalunya y el Estado seguiría siendo constitucionalmente problemática aunque no hubiera conflictos en la convivencia, ni violencia ni alteraciones de orden público, ni dirigentes políticos en prisión o en el exilio. Todas estas circunstancias dificultan enfrentarse con el problema, pero no lo definen.

Me parece que la naturaleza constitucional del problema se está perdiendo de vista en esta campaña. Es un ejemplo de libro de los árboles que no permiten ver el bosque. Estamos asistiendo, en lo que a Catalunya se refiere, a una sucesión de discursos, en los que permanentemente se coge el rábano por las hojas y nunca el toro por los cuernos. Por eso, no solamente no se ha avanzado un solo milímetro, sino que, en mi opinión, se ha retrocedido en la respuesta constitucional al problema que la relación de Catalunya con el Estado representa.

En Catalunya ha pasado lo que ha pasado y está como está, porque la Constitución Territorial consensuada en 1978, con la finalidad de posibilitar la integración en el Estado de las “nacionalidades” en general y de Catalunya y País Vasco en particular, sigue formalmente en vigor, pero materialmente no lo está. La Constitución y el Estatuto de Autonomía, que es una norma de naturaleza constitucional, a diferencia de la Ley, son normas que exigen la adhesión ciudadana para poder operar. Sin la adhesión ciudadana son normas estériles.

Y en Catalunya la adhesión ciudadana al llamado “bloque de la constitucionalidad” (Constitución más Estatuto de Autonomía) brilla por su ausencia. El porcentaje de la ciudadanía catalana que considera que con el actual Estatuto de Autonomía está bien resuelta la integración de Catalunya en el Estado es muy minoritario. Justo lo contrario de lo que debería ser.

Esto no va a cambiar en el tiempo en que es posible hacer predicciones. Cuando los ciudadanos han ratificado en referéndum un pacto entre su Parlamento y el Parlamento del Estado, es prácticamente imposible que acepten que dicho pacto sea corregido desde el exterior. Imposición y autonomía son términos que se repelen. No se puede pretender que se ejerza el derecho a la autonomía con base en una norma que no ha sido la aprobada por los ciudadanos, sino la que se les impone desde fuera, aunque esta imposición venga disfrazada de sentencia del Tribunal Constitucional.

Como estamos pudiendo comprobar, el paso del tiempo no solo no contribuye a encontrar una salida al problema, sino que lo envenena. Ya se han cumplido 13 años desde que el PP interpuso el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Autonomía y nueve desde que el Tribunal Constitucional dictó la sentencia 31/2010. La integración de Catalunya en el Estado se ha convertido en una crisis constitucional gigantesca, que no solo no remite, sino que tiende a ir a más.

Si alguien piensa que con una represión dura a través de diversas medidas de excepción, como proponen las derechas españolas, o con una reafirmación solemne del “diálogo dentro de la Constitución y el Estatuto”, se puede salir del círculo vicioso, creo que se está equivocando.

La integración de Catalunya en el Estado se ha convertido en una problema materialmente constituyente. Y como tal tiene que ser abordado. Mientras más tiempo se tarde en hacerlo, más se degradará la relación en Catalunya, en las relaciones entre Catalunya y España y en el sistema político español en su conjunto.

Catalunya está teniendo una presencia extraordinaria en el camino hacia las urnas del 10N, pero en la dirección equivocada. Cuando se hagan públicos los resultados electorales, lo comprobaremos.