Un programa constitutivamente delictivo

El problema que plantea el programa Pegasus no es que pueda hacerse un uso desviado del mismo o que se pueda activar sin autorización judicial, sino que es portador de una herramienta constitutivamente incompatible con los derechos constitutivos de la personalidad reconocidos en el artículo 18 de la Constitución Española, como lo están, por lo demás, en todas las constituciones de los países democráticamente constituidos. 

Pegasus es incompatible con la democracia como forma política. Supone una invasión de tal naturaleza en los derechos constitutivos de la  personalidad no solamente de la persona cuyo teléfono es intervenido, sino de la de todas las que puedan entrar en contacto con él por dicha vía, que, una vez que se pone en marcha, resulta imposible controlarlo. La información que se obtiene se proyecta en todas las direcciones imaginables y hasta en las no imaginables y, en consecuencia, escapa a cualquier posible control. 

No nos encontramos ante una forma más de limitación del secreto de las comunicaciones telefónicas conocidas hasta la fecha, sino ante una forma de negación total y absoluta de dicho derecho. Tan total y absoluta que se proyecta en el ejercicio de todos los demás derechos fundamentales. 

No es indiferente que sea necesaria la autorización judicial para activarlo, pero la autorización judicial no juega en este caso el papel que jugaba en la operatividad de los instrumentos a través de los cuales se han limitado hasta la fecha los derechos constitutivos de la personalidad. Hasta ahora el control judicial podía ser una garantía para los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Con Pegasus, si no ha dejado de serlo por completo, sí ha quedado muy devaluada.

Pegasus es una herramienta constitutivamente delictiva. Debería ser objeto de tratados internacionales que hicieran imposible que se pudiera hacer uso de ella y que condujeran, en consecuencia, a que la posesión y uso de la misma estuvieran tipificadas como delito en los países que suscribieran dicho tratado. A través de Pegasus se puede obtener información con la que imponer a cualquier persona un trato inhumano y degradante. Pegasus puede convertirse en un instrumento de tortura, que puede obligar a una persona a actuar de una manera completamente contraria a lo que voluntariamente querría hacer. No es que pueda convertirse, sino que es, por su propio diseño, un instrumento de chantaje. 

Puesto que estamos integrados en una comunidad jurídica, como es la Unión Europea, lo que debería hacer el Gobierno español como punto de partida es proponer que sea la Unión Europea la que prohíba que se pueda hacer uso del Programa Pegasus en cualquiera de los Estados miembros.

En todo caso, tras haberse conocido el uso que se ha hecho desde 2014 en España, es de suma importancia  que se den todas las explicaciones que sean necesarias en sede parlamentaria. Son las Cortes Generales las que tienen que poner en marcha una investigación, en la que sean llamados a testificar desde el presidente del Gobierno bajo cuyo mandato se inició el uso del Programa Pegasus hasta el presidente actual. Mariano Rajoy, señor Feijóo, no tiene que dar menos explicaciones que Pedro Sánchez. 

Una vez concluida la investigación parlamentaria y la exigencia de responsabilidades políticas o de otro tipo que puedan derivarse de la misma, los afectados individualmente por Pegasus podrán hacer uso de la investigación parlamentaria ante los tribunales españoles o europeos de la manera que estimen pertinente. 

La investigación del uso del Pegasus, además de conducir a la tipificación como delito la adquisición y el uso del mismo, puede contribuir a revisar la forma en que se ha dado respuesta al nacionalismo catalán desde que se inició el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía  y crear las condiciones para encontrar una fórmula aceptable para todos de integración de Catalunya en el Estado.