'Razón de partido' frente a Estado de derecho

Desde hace más de veinte años vengo sosteniendo que España es un Estado de derecho, pero que deja de comportarse como tal cuando, con el PP en el Gobierno, tiene que enfrentarse con el nacionalismo vasco o catalán. Lo que la derecha española entiende como “razón de Estado” sustituye al Estado de derecho. Se hace lo que el Gobierno presidido por José María Aznar o Mariano Rajoy con mayoría absoluta en las Cortes Generales considera que es lo que hay que hacer, prescindiendo de los límites al ejercicio del poder que impone todo Estado de derecho digno de tal nombre.

Una vez alcanzada la mayoría absoluta en el año 2000, el Gobierno presidido por José María Aznar decidió extender la lucha contra el terrorismo a todo el nacionalismo vasco. No era solamente el nacionalismo vinculado con ETA el que tenía que ser combatido, sino todo el nacionalismo vasco. Esa es la idea que está detrás de la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, que condujo a la ilegalización de Batasuna, pero que también acabó conduciendo a la condena aberrante de Juan Mari Atutxa, presidente del Parlamento vasco, a cuya carrera política se puso fin con la aplicación fraudulenta de dicha ley. La sentencia del Tribunal Supremo, confirmada por el Tribunal Constitucional, acabaría siendo anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que forzaría al Tribunal Supremo a aprobar una sentencia de revisión respecto del expresidente del Parlamento vasco. Pero el Gobierno de la derecha española ya había conseguido el objetivo que perseguía. Que el Estado español fuera condenado por un uso desviado de la función jurisdiccional ordinaria y constitucional muchos años después carecía de importancia. 

También se ha hecho uso de manera desviada de la función jurisdiccional para condenar a Arnaldo Otegi por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Condenado a seis años de privación libertad y habiéndolos cumplido íntegramente, la sentencia fue anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este caso, a diferencia de lo que ocurrió con la sentencia contra Juan Mari Atutxa, el Tribunal Supremo se ha negado a dictar una sentencia de revisión, sino que ha dictado una sentencia ordenando la repetición del juicio, con el argumento peregrino de que a Arnaldo Otegi se le había vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, es decir, había sido condenado anticonstitucionalmente y que tiene derecho a ser condenado constitucionalmente. De ahí la necesidad de repetir el juicio. La sentencia ha sido recurrida en amparo y está pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional. 

Este es el Estado de derecho español cuando el PP gobierna y tiene que enfrentarse con el nacionalismo vasco. La obsecuencia del Estado Mayor del Poder Judicial, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo y, desgraciadamente también de la Justicia Constitucional, respecto del ejercicio del poder por el Gobierno de la derecha española y su mayoría parlamentaria no puede tener ejemplos más emblemáticos. 

La huida del Estado de Derecho por parte del Gobierno que presidió Mariano Rajoy fue superior a la que protagonizó el Gobierno de José María Aznar. En gran medida porque Rajoy heredó el sistema de corrupción del PP que ya estaba operativo cuando él fue designado presidente del partido y tuvo que hacer frente simultáneamente a la deriva del nacionalismo catalán de la autonomía a la independencia después de la STC 31/2010 sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya y a la acumulación de indicios de corrupción en el interior del PP. 

En este caso el detonante que puso en marcha la supuesta “Razón de Estado”, que más bien habría que calificarla de “Razón de Partido”, fue la corrupción del PP. Mariano Rajoy fue investido presidente el 20 de diciembre de 2011. En ese momento se estaba esperando la respuesta de la justicia suiza a la comisión rogatoria que le había sido dirigida por la justicia española acerca de las cuentas que pudiera tener el entonces tesorero del partido, Luis Bárcenas, en dicho país. La información por parte de la justicia suiza llegaría en los primeros días de 2012, es decir, en el momento en que el Gobierno popular tenía que dar sus primeros pasos. Luis Bárcenas recurriría la decisión judicial suiza, retrasando de esta manera en un año el acceso a la información por parte de la justicia española. 

Nunca podremos saber qué habría pasado si Luis Bárcenas no hubiera interpuesto el recurso, pero no hubiese sido fácil para Mariano Rajoy mantenerse en la presidencia del Gobierno con esa información circulando. En todo caso, ese año fue utilizado por el Gobierno para poner en marcha una estrategia defensiva, en la que el Ministerio de Interior, con Jorge Fernández Díaz al frente, transformaría a la dirección de la policía en la dirección de una “policía patriótica”, con la finalidad de impedir que la información respecto de la corrupción del PP llegara a los tribunales de justicia. Y en la que el Ministerio de Justicia, con Alberto Ruiz Gallardón al frente, dirigiría la operación de renovar el Consejo General del Poder Judicial y de reformarlo para poder hacer el uso más apropiado del mismo en la defensa del PP. En 2013 ya estarían operativas la “policía patriótica” y el Consejo General del Poder Judicial, que todavía está en activo. 

Desde entonces, y hasta que en 2018 se aprobó la moción de censura que hizo a Pedro Sánchez presidente del Gobierno, los Ministerios de Interior y de Justicia fueron los instrumentos de defensa del PP frente a la corrupción y de agresión contra el nacionalismo catalán. El Consejo General del Poder Judicial sigue estando al servicio del PP y el PP al servicio de los integrantes del mismo, designados por la mayoría absoluta del PP en 2013.

De todo ello hemos ido teniendo indicios durante todos estos años, pero la falta de diligencia de la fiscalía y de los jueces ha bloqueado la investigación de estos hechos. Afortunadamente, la investigación periodística de elDiario.es y La Vanguardia está sacando a la luz las operaciones presuntamente constitutivas de delito de este periodo oscuro del Estado de derecho español, por decirlo de manera suave. 

Tengo la impresión de que la resistencia del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial va a ser todavía mayor en las próximas semanas o meses. ¿Puede imaginarse el lector qué estaría ocurriendo si el Consejo General del Poder Judicial hubiera sido renovado hace cinco años y si los nombramientos de jueces en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo y en las presidencias de las Audiencias Provinciales hubieran reflejado la expresión del principio de legitimidad democrática de las últimas elecciones generales? El PP se está defendiendo como gato panza arriba para reducir en lo posible la investigación judicial de su corrupción y de la huida del Estado de derecho para hacer frente al nacionalismo catalán. 

Atentos, porque de un partido que ha sido capaz de degradar a dos Ministerios como son los de Interior y Justicia, convirtiéndolos en instrumentos de protección frente a la investigación de la corrupción y de agresión contra los representantes políticos de los nacionalismos catalán y vasco, se puede esperar cualquier cosa.