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Los 'mariachis' de Panamá que usó el testaferro de Zaplana han participado en otras nueve tramas de blanqueo internacional

Los intermediarios de la estructura off shore del presunto testaferro de Zaplana aparecen vinculados a los casos de corrupción masiva Odebrecht y Lava Jato

Los fondos del ex ministro se canalizaron a través de una filial panameña de la Banca Privada d'Andorra que manejaba 102 millones de dólares

Zaplana niega en un comunicado haber cobrado comisiones

Eduardo Zaplana, en un acto público. EFE

En 2018, Panamá dejó de ser un paraíso fiscal a los ojos de la Unión Europea. También dejó de serlo para algunos de los delincuentes de cuello blanco que recurrieron a su peculiar legislación para ocultar dinero negro. Es el caso de los responsables de la firma Soberón y Asociados que crearon la estructura off shore (opaca) de Joaquín Barceló, el presunto testaferro del ex ministro Eduardo Zaplana, que se han visto salpicados por numerosos escándalos de corrupción masiva en el marco de los macrocasos Odebrecht y Lava Jato, en países como México, Brasil, Perú, Argentina, Venezuela, República Dominicana o Ecuador. Varios de sus más destacados clientes, políticos y empresarios, están siendo procesados por blanqueo de capitales.

Además, la firma panameña Soberón y Asociados ejerce de agente residente de la filial panameña de la Banca Privada d'Andorra, institución financiera señalada en 2015 por presunto blanqueo de capitales por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Cuando el brazo panameño de la BPA fue intervenido por el órgano supervisor bancario, contaba con unos activos de 102 millones de dólares, según documentación de la Superintendencia de Bancos de Panamá consultada. En 2017, dos años después de la advertencia de la agencia gubernamental estadounidense, la filial panameña de la BPA, que contaba oficialmente con dos empleados, fue liquidada.

Tal como informó ayer este diario, Joaquín Barceló utilizó ocho intermediarios -mariachis- panameños para crear la estructura societaria off shore que, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que figura en el sumario del Caso Erial, permitió a la presunta trama corrupta de Zaplana ocultar 6,4 millones de euros en el Principado de Andorra. Todo ello a través de complejas operaciones financieras vinculadas a la firma Soberón y Asociados y a la BPA.

Los abogados y asesores fiscales de la firma Soberón y Asociados tienen sus oficinas en la novena planta del edificio de la Torre Global Bank de Ciudad de Panamá. Y desde ahí han creado estructuras societarias opacas, mediante una especie de vivero de empresas, para sus clientes extranjeros. Además, según la base de datos de los Panama Papers, Roberto Escolán fue accionista de cuatro empresas panameñas vinculadas a la República Dominicana cuyo agente era el conocido despacho Mossack Fonseca.

Sandokán en España

Los casos de lavado de dinero negro que han salpicado a la firma -especialmente a los ciudadanos panameños Roberto Escolán y Melissa Bellido- comienzan en España, donde el empresario Rafael Gómez Sánchez, más conocido como Sandokán, fue condenado en el marco del caso Malaya a cinco años y tres meses de prisión y al pago de una multa de 140 millones de euros por el Juzgado de lo Penal 3 de Córdoba (una sentencia ratificada por la Audiencia de Córdoba). El pasado 4 de marzo obtuvo el tercer grado y abandonó la prisión de Alcolea tras pasar 15 meses entre rejas. El hijo del empresario condenado adquirió la mercantil Desarrollo Costa Verde SA, a la cual estaban vinculados Melissa Bellido y Roberto Escolán a través de Soberón y Asociados.

La derivada peruana del caso Odebrecht

Por otro lado, Bellido y Escolán constituyeron en su país la compañía Ammarin Investment que luego transfirieron al empresario peruano Miguel Atala Herrera, íntimo amigo del ex presidente peruano Alan García. Atala, vicepresidente de la petrolera estatal peruana durante el segundo mandato del presidente Alan García, está siendo investigado por recibir supuestos sobornos de Odebrecht. Según reconoció el empresario ante la Oficina de Lavado de Activos peruana, Odebrecht le transfirió un total de 1,3 millones de dólares a la cuenta de Ammarin Investment en el BPA, pero aclaró que esto no significaba que mantuviera vínculos con la constructora. Según dijo, la idea de constituir la empresa Amarin Investments fue de Odebrecht pero el funcionario de la BPA Francesc Pérez Giménez aseguró al Equipo Especial brasileño del caso Lava Jato que viajó hasta el principado de Andorra para tomarle declaración que fue el empresario quien gestionó la apertura de la cuenta off shore.

Los arrestados Juan Francisco García, Joaquín Barceló y Joaquín Grau

Los socios y testaferros de Zaplana, Juan Francisco García, Joaquín Barceló y Joaquín Grau

Además, el cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC (Know Your Customer) que firmó el empresario indica que el motivo de abrir la cuenta era la realización de una operación con “inversores brasileños”. La entidad andorrana catalogó a Atala como Persona Políticamente Expuesta (PEP) debido al cargo que ostentaba en Petroperú. Por otro lado, Soberón y Asociados también constituyó una empresa, Hispamar International Corp para el ex viceministro de Comunicaciones peruano Jorge Luis Cuba Hidalgo que fue detenido en 2017 por haber recibido dos millones de dólares en sobornos.

El petróleo venezolano

Melissa Bellido también forma parte de una estructura societaria compuesta por cuatro empresas para el gobernador venezolano del Estado de Carabobo, Rafael Lacava, que según publicó el diario El País, cobró fondos por intermediar en la construcción de una refinería y los ocultó en la BPA. Lacava tildó estas acusaciones de “montajes” y “patrañas”.

Por otro lado, el empresario Diego Salazar Carreño, primo del expresidente de la petrolera estatal PDVSA Rafael Ramírez Carreño, fue detenido en 2017 acusado de blanqueo de capitales y asociación ilícita. Los testaferros del empresario crearon una red de empresas en Nueva Zelanda, Hong Kong y República Dominicana, a la cual aparece vinculada Melissa Bellido.

42,3 millones de dólares de un ex ministro dominicano

El empresario y ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana, Víctor Díaz Rúa, está acusado de soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en el caso Odebrecht.

La acusación asegura que Díaz Rúa manejó 42,3 millones de dólares a través de productos financieros personales que incluyen cuentas de ahorro, corrientes, certificados financieros, préstamos y tarjetas de crédito. Los socios de las dos empresas off shore que adquirió Díaz Rúa pertenecían a la firma de abogados Soberón y Asociados.

Ministro ecuatoriano condenado por blanqueo

Melissa Bellido dirigió la empresa Tokio Traders que utilizó el ex ministro ecuatoriano de Electricidad, Alecksey Mosquera, condenado en el marco del Caso Odebrecht a cinco años de prisión por el delito de lavado de activos (blanqueo de capitales). La Fiscalía ecuatoriana lo acusaba de blanquear 914.130 dólares.

Los sobornos de British Petroleum

Roberto Escolán también estuvo relacionado con Morgan, Jackson Investment & Co en Nueva York. Esta empresa sirvió, según la Comisión de Valores de los Estados Unidos, para vehicular sobornos de la petrolera British Petroleum al Gobierno argentino entre 2007 y 2010 a través de la financiera Epsilon, localizada en Buenos Aires. En el registro de las oficinas de Epsilon, los investigadores de la trama hallaron documentación de la empresa de Nueva York y el sello del panameño Roberto Escolán, supuesto director.

Illueca y Asociados

No todas las empresas del presunto testaferro de Zaplana contaron con la ayuda de Soberon y Asociados. Para crear la mercantil Adua SA, cuya cuenta asociada en la BPA ingresó 1,5 millones según las investigaciones de la Guardia Civil, la trama del caso Erial recurrió a la firma Illueca y Asociados, que también creó el entramado off shore de un ex diputado mexicano del Estado de Sinaloa.

Según publicó El País, el exdiputado del PRI mexicano, Óscar Javier Lara Aréchiga movió 17 millones de dólares en cuentas en paraísos fiscales y ocultó sociedades en Panamá y las Antillas Holandesas. El bufete Illueca y Asociados era el agente residente de la sociedad panameña Riana Development Inc., subsidiaria de otra mercantil radicada en las Antillas Holandesas, en la que figuran Adán Arturo Illueca y Karina Estella Díaz Portuguez como suscriptores.

En otra gestora familiar de fondos (Family Asset Management Inc.) perteneciente la ex diputado mexicano, y de la cual el bufete era también agente residente, figuran como suscriptores Karina Estela Díaz Portuguez y Adán Arturo Illueca Herrando. El bufete de Illueca y Asociados registró una fundación de interés privado vinculada a la gestora familiar.

En todos estos casos, las firmas panameñas respondían a la necesidad de sus clientes -incluidos según la UCO los miembros de la trama Erial- de crear estructuras societarias complejas en el extranjero para el fin supremo de todo delincuente de cuello blanco: el lavado del dinero negro obtenido ilegalmente. El Grupo de Acción Financiera Internacional, la entidad intergubernamental de referencia en materia de blanqueo de capitales, sintetiza el circuito del lavado de activos en tres etapas. En la primera (colocación), los ingresos de origen delictivo se colocan en el sistema financiero legal. En la siguiente etapa (encubrimiento), mediante una serie de transacciones financieras, los fondos se mueven para separarlos de su origen. Y en la fase final (reciclado), los capitales blanqueados a través del sistema financiero regresan felizmente al blanqueador con la apariencia de un ingreso legal, ya disponibles para una cómoda utilización.

Los clientes de las dos firmas panameñas que usó el presunto testaferro del caso Erial no llegaron a la tercera fase. Ahora han quedado en el punto de mira de la Justicia de sus respectivos países. Y esa es, precisamente, la peor pesadilla del blanqueador.  

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