Fiscalía reclama más interés político en atajar la corrupción
Vicente Torres aterrizó hace unos meses en la Fiscalía Anticorrupción de Valencia procedente de la sección de Delitos Económicos de Valencia, donde había trabajado seis años. El fiscal ve “deseable” un mayor interés político en atajar los casos de corrupción, al tiempo que reclamaba más medios para poder investigar con más eficiencia todos los temas que les llegan, que en los últimos años se han multiplicado.
El fiscal, que comparte funciones en esta materia con Jesús Carrasco, ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press que los políticos deberían tener más interés en acabar con la corrupción, al tiempo que denunciaba que los medios que dispone la Fiscalía para investigar “no son todo lo eficientes que deberían ser”.
En este sentido, insistía en que desde 2006 a 2014, Anticorrupción sólo tenía en Valencia un delegado -Jesús Carrasco-, “lo que es notablemen insuficiente”, y ahora cuentan con dos personas, “realmente no contamos con ningún medio material para poder atacar los procedimientos de corrupción”, por lo que suelen necesitar la ayuda de la Administración o de la Agencia Tributaria para recabar información, ya que Fiscalía no tiene la posibilidad de acceder a los registros Mercantil o de la Propiedad, o a las bases de la Agencia Tributaria, donde están los datos fiscales y bancarios de las personas investigadas, lo que general la ralentización de las investigaciones.
A su juicio, sería más “rápido y deseable” una mayor interconexión entre el fiscal y las administraciones para agilizar los procesos, ya que uno de los factores fundamentales es que estos procedimientos “duran mucho en el tiempo y se puede perder la perspectiva de lo que se está investigando”.
Mecanismos de control
Junto a estas medidas, Torres ha abogado por más mecanismos de control político contra la corrupción a través de los interventores que, como funcionarios independientes, tienen la obligación de denunciar ante Fiscalía o el Tribunal de Cuentas hechos que puedan ser constitutivos de delito, “se va haciendo cada vez más, aunque la justicia va un paso por detrás de la realidad”, ya que las cuentas se fiscalizan muy a posteriori y pueden pasar muchos años hasta que se denuncien los hechos.
Presiones, “ni se me pasa por la cabeza”
Sobre la posibilidad de recibir presiones políticas, Torres ha apuntado que sería “muy fuerte” que eso sucediera, por lo que “ni se me pasa por la cabeza que ningún político o cargo público viniese a Fiscalía a dar consignas o instrucciones”, y respecto a los indultos ha señalado que es un derecho “marcado” por ley.
