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La iniciativa aprobada en el Congreso deja en evidencia al presidente del Puerto de València, que rechaza todo informe ambiental

La proposición no de ley que insta al Gobierno a que se garantice "la normativa ambiental, incluido la renovación del estudio de impacto ambiental" deja una situación delicada a Aurelio Martínez, quien ha deslizado que dimitirá si se realiza

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, en el Fórum Europa

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, en el Fórum Europa

El Congreso insta a "trabajar conjuntamente entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana para garantizar el cumplimiento de toda la normativa ambiental respecto a todo aquello que supone la ampliación norte del Puerto de València, incluida, en su caso, la renovación del estudio de impacto ambiental, a fin de asegurar que cualquier actuación se produzca con todas las garantías
necesarias".

Así reza el punto final de la proposición no de ley (PNL) que aprobó este miércoles el Congreso en una iniciativa presentada por Compromís y que incluyó las enmiendas del PSOE y Unidas Podemos. La propuesta salió adelante finalmente con el apoyo el apoyo de los mencionados partidos y de PNV, ERC, EH Bildu, Más País-Equo, Junts Per Catalunya, BNG, NC y PRC. En totdal, 191 votos a favor.

De esta forma, tal y como destacó el diputado valenciano de Compromís, Joan Baldoví, el Gobierno deja la puerta abierta por primera vez de forma oficial a la tramitación de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que sustituya a la de 2007 y que tenga en cuenta las importantes modificaciones que recoge el anteproyecto de ampliación aprobado en julio de 2018 y que no contempla esa DIA.

Para Baldoví, "esta PNL marca un antes y un después ya que por primera vez el partido socialista se abre a admitir que pueda caber la posibilidad de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y además que se modifique la Ley de Puertos en el sentido de democratizar más y hacer más partícipe a la ciudadanía de las decisiones que se tomen en el Puerto".

La aprobación de esta proposición no de ley deja en evidencia al presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, quien se niega a solicitar una nueva DIA para evaluar las posibles afecciones que el nuevo proyecto puede acarrear en el medio ambiente al argumentar que los cambios afectan al interior de las aguas abrigadas que son de su competencia y que legalmente no tienen obligación de volver a evaluar el proyecto, puesto que entienden que el documento de 2007 sigue en vigor, pese que nada tiene que ver el proyecto actual con el aprobado entonces.

El Puerto argumenta también que la tramitación de una nueva DIA retrasaría el proyecto al menos tres años, lo que haría que la compañía MSC, principal interesada en unos muelles que gestionaría en virtud de una concesión, desistiera de su interés y de una inversión de 800 millones de euros.

La aprobación de la PNL deja además a Martínez en una situación delicada puesto que recientemente, en una conferencia inaugural en el foro de economía del Colegio de Economistas de Valencia (COEV), deslizó que dimitirá como presidente de la APV si finalmente se realiza otra DIA al entender que supondría una alteración de las condiciones con las que TIL, compañía filial de MSC a la que se prevé adjudicar la gestión y explotación de los nuevos muelles durante 50 años (es la única empresa que se ha presentado al concurso), concurrió al proyecto.

Martínez entiende que el proyecto ya cuenta con una DIA válida y que la tramitación de otra supondría un cambio de condiciones que podría acarrearle problemas legales, según declaraciones recogidas por Valencia Plaza. De esta forma, vinvula su futuro a la ejecución del informe ambiental.

Sin embargo, el planteamiento de Martínez no se ajusta a la realidad, puesto que ya había un proyecto inicial aprobado en 2001 que cuenta con la DIA favorable de 2007; ese proyecto inicial es el que ahora se ha modificado para ajustarlo a las necesidades de MSC, motivo por el cual no se ajusta al informe ambiental y requiere de otro.

Así, será el Ministerio de Movilidad (antes Fomento) como responsable de Puertos del Estado, con el ministro valenciano José Luis Ábalos a la cabeza, el que tendrá la última palabra sobre la necesidad de una nueva DIA, un pronunciamiento que no hará pública hasta que se conozca en las próximas semanas el proyecto definitivo de ampliación, que ya se ha deslizado que podría renunciar a algunos de los cambios incluidos en el anteproyecto más polémicos, como el dragado del canal de acceso o la prolongación de los diques de abrigo.

La posición de Ábalos no es nada cómoda puesto que en su etapa de concejal, el grupo municipal socialista del que formaba parte en el Ayuntamiento de València en 2007 alegó en contra de la ampliación y apostó por trasladarla al puerto de Sagunt.

Principales cambios en el proyecto

Entre los cambios más importantes que se han introducido en el proyecto de ampliación del Puerto de València destacan la prolongación de 500 metros del actual dique de abrigo, la eliminación del actual contradique, el traslado a los astilleros de Boluda (junto al barrio de Natzaret) de la terminal de cruceros que ha supuesto una compensación para el empresario, y el cambio de configuración de los muelles que se destinarán en su totalidad al tráfico de contenedores, lo que implica el uso de 4 millones más de metros cúbicos de material de relleno de lo que establece la DIA de 2007.

Además, el canal de acceso previsto a la dársena interior de la nueva terminal prevé un dragado para alcanzar 22,5 metros de profundidad lo que implica que el volumen de fondos marinos a extraer pase de 1,5 millones de metros cúbicos a 21,3 millones de metros cúbicos, 14 veces superior a lo autorizado en la DIA 2007.

La superficie afectada por el dragado para habilitar el canal de acceso pasaría de las 80 hectáreas contempladas en la DIA de 2007 a 450 hectáreas, quedando el límite inferior del área a unos 1.500 metros del ámbito marítimo de L'Albufera.

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