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El Congreso decide por unanimidad investigar el caso Castor

La propuesta pretende depurar las responsabilidades de las múltiples irregularidades que se dieron a lo largo del proyecto

Castor

La plataforma de Castor, frente a las costas de Castellón

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes por unanimidad la creación de una comisión de investigación que depure las responsabilidades políticas por las irregularidades del proyecto Castor. La petición, presentada por Unidos Podemos y Compromís, ha salido adelante en el Congreso con los votos de todos los grupos de la Cámara Baja.

La diputada de Unidos Podemos, Ángela Ballester, se mostraba contundente en el Congreso y afirmaba que el proyecto ha supuesto “una forma de poner los recursos de todos al servicio de unos pocos”. Ha exigido además que “se explique a los ciudadanos que levantan el país por qué gente como Florentino Pérez juega con ventaja” para acabar afirmando que “la mejor vacuna contra la corrupción y los privilegios es la transparencia”.

Marta Sorlí, diputada de Compromís, ha declarado que para ella lo importante de todo esto es “que se sepa qué ha pasado y por qué se le ha dado a Florentino Pérez esta impunidad”. Sobre el proceso de concesión del proyecto Castor afirma que “la concesión se llevó a cabo faltando muchos permisos reglamentarios, siendo básicamente un traje a medida para Florentino Pérez” y sentencia: “muchos de los vecinos de la zona ya advertimos que lo que se estaba haciendo era peligroso”.

La propuesta llegó tras la salida a la luz de un documento del Ministerio de Energía que parecía indicar una presunta redacción a medida del concurso público para la adjudicación del proyecto a la concesionaria Escal UGS, participada en un 66’7% por ACS –propiedad de Florentino Pérez- y en un 30% por la empresa canadiense CLP.

El plan inicial proyectaba la construcción del que sería el mayor depósito de gas natural de España, capaz de abastecer al país entero y presupuestado en cerca de 630 millones de Euros. El macroproyecto resultó un desastre que hubo de detener su actividad en 2013 –apenas un año después de comenzar a funcionar- debido a que provocó más de 500 seísmos frente a las costas de Castellón y Tarragona.

El contrato de concesión incluía una cláusula por la cual la empresa concesionaria Escal UGS recibió una indemnización de 1.351 millones de euros por el cese de actividad de la estructura. En 2017 el Tribunal Constitucional anuló el carácter de urgencia de dicha retribución al considerar que no se dieron razones de necesidad para legislar por decreto ley el pago de la indemnización.

El proyecto Castor ha acabado costando a las arcas públicas más de 2.400 millones de euros –en los que se incluye la indemnización y los intereses derivados del préstamo que el gobierno pidió para pagarla-. Según Sorlí, la comisión ayudará también a “esclarecer qué es lo que consiguieron tanto Florentino Pérez como los gobiernos del PSOE y PP con todo esto”.

En la actualidad son 20 los investigados por el juzgado de Vinaròs, entre ellos Carlos Barat, director de la planta, y el subdirector general Ángel Muñoz Cubillo. El juzgado abrió diligencias ante la denuncia presentada por diversas asociaciones y particulares, por un presunto delito contra la ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente.

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