La transexualidad ya no es una enfermedad según la nueva ley valenciana de identidad de género
El parlamento valenciano aprueba este jueves la ley que despatologiza la transexualidad con los votos del PSPV-PSOE, Compromis, Podemos y Ciudadanos y sin el apoyo del PP. Mientras el colectivo tránsfobo Hazte Oír pedía un boicot través de las redes, en las Corts Valencianes el proyecto ha salido adelante hasta llegar al pleno para su aprobación.
El proyecto de ley se ha elaborado durante más de un año desde la dirección general de Igualdad en la Diversidad, dependiente de la Conselleria de Igualdad, que dirige Mónica Oltra, a partir de las demandas de las asociaciones LGTBI. La comunidad trans ha trabajado además con los grupos políticos para elaborar las enmiendas y lograr una ley que deja de considerar la diversidad de género como una enfermedad y la asume como realidad, dándole cobertura jurídica.
El marco normativo regula aspectos tan necesarios para la plena integración de las personas transexuales en la sociedad como el amparo en las fases iniciales del proceso de declaración de la propia identidad sentida, la tutela en las situaciones de minoría de edad o la atención gerontológica, especialmente en las residencias de la tercera edad, situaciones a las que ha de prestarse especial atención.
La norma garantiza, entre otras cuestiones, el derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas transexuales, libremente manifestada, sin la necesidad de prueba psicológica o médica.
Además, plantea la posibilidad de conceder la documentación administrativa necesaria adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas, con el objetivo de favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación. La norma, pese a ser una de las más avanzadas en España en el reconocimiento de la identidad de género sentida, se ha topado con algunos intentos de traba por parte de los sectores más reaccionarios.
Campaña de Hazte Oír
La asociación Hazte Oír inició a una semana de su aprobación una campaña contra “el adoctrinamiento en las aulas”, el Consell Jurídic Consultiu emitió un informe con algunas apreciaciones -desaconsejando por ejemplo que afectara al ideario de los centros educativos- y en las enmiendas del PP se pedía un informe médico para el cambio en los documentos administrativos.
