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CASTILLA Y LEÓN

La acusación popular recurre el archivo de Enredadera en León y recrimina que ni siquiera se haya tomado declaración a los imputados

Izquierda Unida lamenta que la resolución prematura e injustificada "sin una actividad investigadora mínima" sobre la trama que presuntamente amañaba concursos públicos

En el recurso recuerda que juez y fiscal "han cambiado de criterio sin sentido alguno"

Solicita que los imputados declaren, que se investigue su patrimonio y que se incorpore una grabación realizada en las oficinas del principal imputado, el empresario de medios José Luis Ulibarri

El empresario Ulibarri niega conocer a Granados ni a "nadie" de la Púnica

El principal imputado de Enredadera, José Luis Ulibarri, sale prisión junto a sus hijas. EFE

La acusación popular en la pieza de Enredadera de León, ejercida por Izquierda Unida, ha recurrido el archivo de la causa instado por la Fiscalía Anticorrupción. En el escrito al que ha tenido acceso eldiario.es, recrimina al juzgado el carpetazo que da al caso sin que "nunca" se haya tomado declaración a los imputados y que se haya adoptado una resolución de archivo "a todas luces prematura e injustificada" porque "no se ha realizado una actividad investigadora mínima".

La trama Enredadera, investigada desde un juzgado de Badalona y que culminó con decenas de registros y detenciones en junio de 2018, puso al descubierto una presunta red de amaños de concursos públicos liderada por el empresario de la construcción y los medios, José Luis Ulibarri, acusado en Gürtel e investigado también en la Operación Púnica. El grupo, según la investigación judicial, actuó en ayuntamientos y diputaciones de toda España, si bien fue en Castilla y León, comunidad de origen de Ulibarri, donde centró la mayor parte de sus esfuerzos. Debido a ello se abrieron piezas separadas de la causa principal, una de ellas es la de León.

Citó a los imputados pero nunca declararon

Transcurrido más de un año desde la detención e imputación de Ulibarri, empresarios de su grupo, funcionarios y políticos, el caso se estancó. El primer impulso del juez de León fue tomar declaración a todos los imputados en septiembre de 2018 . Pero los abogados de estos solicitaron tener acceso a todos los audios de los pinchazos telefónicos donde se ponían de manifiesto delitos, según la UDEF, como tráfico de influencias o revelación de secretos. El juez accedió. Pero pasaron los meses y no volvió a citar a los imputados. Tampoco ordenó diligencias de investigación. Y el pasado 13 de noviembre notificó a las partes el archivo de la causa.

La acusación popular sólo conoció el sobreseimiento solicitado por la Fiscalía cuando se le notificó el auto judicial, por lo que no pudo oponerse a los motivos argüidos por el Ministerio Público. En el recurso que presenta ahora Izquierda Unida recuerda que la Fiscalía recogió en un informe fechado en enero de 2018 las presuntas irregularidades que se cometieron en contratos administrativos del Ayuntamiento de León, de la Mancomunidad Saleal, de la Diputación de León, de la Mancomunidad del Alto Órbigo y del Ayuntamiento de Villaquilambre. En ese mismo informe se detallaron "decenas de conversaciones" de las que según Izquierda Unida "se desprende la existencia de una gran trama delictiva y la comisión de numerosos delitos".

Informe de la UDEF "malinterpretado"

Además, asegura que la motivación de la solicitud de archivo de la Fiscalía "únicamente se ha centrado en una parte de los hechos y delitos por los que fue la causa incoada" -la investigación arrancó por una presunta trama en adjudicación de sistemas de control semafórico- y se ha obviado la posible comisión de otros que aparecen en los pinchazos telefónicos a los imputados "que no han sido investigados en modo alguno".

La Fiscalía apoyó su solicitud de sobreseimiento en un informe de la UDEF de octubre de este año y establecía que "no es posible correlacionar las intervenciones telefónicas obrantes en las actuaciones con la adjudicación de los contratos objeto de investigación de la presente causa". Para la acusación popular tanto el auto judicial como el escrito del fiscal "no realizan un adecuado examen de los hechos acreditados en la causa y de los delitos antes apreciados", y además "malinterpretan por completo el informe de la UDEF".

En este sentido, subrayan que el informe dice que "no se ha encontrado hasta ahora" ningún tipo de información de interés para la causa y que "a criterio de la Policía Judicial podría afirmarse que no proceden otro tipo de diligencias de investigación en aras a aumentar la carga probatoria existente" pero "al margen que durante el análisis del material restante intervenido individualizadamente a los investigados, pudieran aparecer datos relevantes, o que la autoridad judicial o fiscal competente solicite otro tipo de diligencias". Concluye la acusación popular que la UDEF "nunca afirma que la investigación esté agotada, sino que a la fecha -del informe- no resulta posible conectar las intervenciones telefónicas previamente acordadas con los expedientes y contratos públicos".

"Cambio de criterio sin sentido alguno"

Para Izquierda Unida "no quiere decir en modo alguno que desaparezcan los enormes indicios de delito que ya constan en la causa y que han sido valorados por el propio juzgado en varias resoluciones". Esos delitos ya fueron detallados por el fiscal y son "constitutivos, entre otros, de delitos continuados de inducción a la prevaricación o de revelación de secretos". Por ello, entiende que "debe avanzarse en la investigación mientras la UDEF sigue profundizando y analizando la copiosa documentación recabada en los registros" realizados a los investigados.

Señala además la acusación que el cambio de criterio del juez y del fiscal al solicitar el archivo "carece de sentido alguno" puesto que "se centran únicamente en diecisiete conversaciones" obviando "decenas de conversaciones delictivas que obran en la causa". Pero es que incluso centrándose en las 17 conversaciones señaladas por el fiscal, "parcialmente analizadas" para Izquierda Unida concurren delitos como el de revelación de secretos".

Hechos reflejados en un informe del fiscal que ahora obvia

"Es muy llamativo como se ha olvidado mencionar en todo momento en la resolución la existencia o inexistencia de los delitos continuados de inducción a la prevaricación y cohecho" que se sí se apreciaron anteriormente para mantener las conversaciones telefónicas", destaca el recurso. "Se ha obviado toda una serie de hechos que vienen perfectamente explicados tanto el contenido del Informe formulado por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de fecha 29.12.2017 como el Informe del Fiscal de 18 de enero de 2018 , siendo que este archivo contradice frontalmente las resoluciones dictadas previamente y los hechos constitutivos de delito valorados y relatados en los mismos", afirma la acusación.

Influencia de Ulibarri como empresario de medios de comunicación

Entre los documentos y pruebas que "no han sido adecuadamente analizados ni investigados en modo alguno, y que han sido obviados en la resolución impugnada" citan el relevante escrito del fiscal de 18 de enero de 2018 en el que relata que de las conversaciones interceptadas en aquel momento se infiere con claridad que los investigados Ángel Luis García y José Luis Ulibarri como empresarios, "se servían de distintas autoridades políticas al objeto de lograr la consecución de sus ilícitos propósitos, bien logrando –o intentando– que aquellas adjudiquen en su favor los contratos pretendidos, obteniendo información reservada constitutiva de revelación de secretos, bien logrando –o intentando– que estos operen como intermediarios ante otras autoridades políticas al objeto de lograr, gracias a su influencia, un trato de favor para los empresarios investigados".

Así, para Izquierda Unida "es patente" que García y Ulibarri son empresarios que resultan ser titulares de distintos medios de comunicación y que mantienen una íntima relación con distintas autoridades políticas investigadas como el asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, Sadat Maraña, el concejal del Ayuntamiento José María López Benito, el alcalde de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas, el concejal de San Andrés del Rabanedo, Juan Carlos Fernández, el entonces alcalde de Villaquilambre, Manuel García y con el entonces alcalde de León y hoy senador, Antonio Silván . "Todo ello obedece en gran medida a la circunstancia de que uno es dueño del Faro de Astorga y el otro del Diario de León, medios relevantes de prensa impresa de la provincia".

"El Auto de archivo obvia que del estudio de las conversaciones interceptadas se revela que D. Ángel Luis y D. José Luis se habrían venido sirviendo sistemáticamente de esa situación al objeto de obtener información privilegiada, intentar obtener obras y contratos, así como de lograr que estos se plieguen a sus propósitos, y ello bien dejando de publicar determinada información que pudiera resultar sensible o dando un tratamiento mediático beneficioso a los mismos lo que es constitutivo de cohecho –obviado en todo momento– al obtener esa buena información en la prensa como contraprestación", recuerda. Considera IU en el recurso que para su actuación "cuentan con la colaboración y complicidad de sus respectivos empleados o colaboradores", el expresidente de Radio Televisión Castilla y León, Miguel Hernán Manovel y Juan José Simón Callejo. Además, se aportan multitud de conversaciones que acreditarían presuntos delitos.

Una grabación en las oficinas de Ulibarri que nunca se incorporó a la causa

Por último, Izquierda Unida solicita que se revoque el archivo y se lleven a cabo una serie de diligencias como tomar declaración a los investigados, ordenar que se identifiquen vía Punto Neutro Judicial las cuentas bancarias de todos ellos, ordenar la averiguación patrimonial completa de los investigados mediante colaboración de la AEAT, a los efectos de poder probar un enriquecimiento o cohecho por las actividades investigadas, ordenar a la Policía Judicial que elabore un informe al Juzgado en el que analice la documentación recabada individualmente a los investigados –que nunca ha sido detallada– especialmente con atención al contenido de sus correos electrónicos remitidos entre ellos, y ordenar oficio a la Policía para que una a la causa el análisis del vídeo o grabaciones de la reunión celebrada el 13 de abril de 2018 en las oficinas de Ulibarri en Madrid que fue monitorizada por la UDEF, que colocó cámaras en su interior "y cuyo contenido no consta en las actuaciones".

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