Podemos pide en el Congreso el cierre definitivo de todos los CIE
El grupo parlamentario Podemos – En Comú Podem ha registrado este viernes una proposición no de Ley en el Congreso para pedir el cierre de todos los CIE (Centro de Intenamiento de Extranjeros) porque consideran que son “una crueldad y una infamia” y que vulneran “con brutalidad” los derechos humanos de los extranjeros internados.
Piden que el Gobierno empiece por la no reapertura del CIE de la Zona Franca en Barcelona, que lleva cerrado por reformas desde el mes de octubre y cuya reapertura estaba prevista para marzo. El Ministerio del Interior lo cerró de forma temporal para realizar obras que mejoraran las condiciones de los internos del centro.
Los partidarios de su cierre definitivo argumentan que la mera existencia de un centro que priva de libertad a los extranjeros vulnera los derechos humanos: “Por mucha mejora que se haga, seguirán siendo Centros de Internamiento que, como se ha demostrado, son injustificables desde una lógica de derechos humanos, moral y también desde una lógica jurídica, e incluso económica”, ha dicho Ione Belarra, diputada de Podemos, a eldiario.es.
El texto recuerda que en España hay siete CIE y asegura que “no es en absoluto obligatorio que el Estado español interne a las personas extranjeras para su expulsión o cuente con ningún centro con este régimen de privación de libertad”.
Además de las críticas éticas por vulneraciones de derechos humanos, las últimas cifras cuestionan que el internamiento sea una vía eficaz para el objetivo de preparar el retorno o llevar a cabo el proceso de deportación: del total de personas internadas en 2014, tan sólo fueron efectivamente expulsadas el 47%, según datos del Ministerio del Interior. Esto se traduce en que la mayoría de las personas que sufren el internamiento son puestas en libertad y no expulsadas. Es decir, son encerradas sin cumplor el supuesto objetivo de los CIE.
“Durante los meses de su cierre, no se ha detectado ningún efecto negativo en las políticas migratorias ni en la presencia de migrantes en Cataluña”, ha dicho el diputado Marcelo Expósito tras presentar la propuesta, que incide también en los altos costes que este sistema de internamiento y expulsión de personas migrantes está suponiendo. El Ministerio del Interior reconoció un gasto de 8,8 millones de euros anuales destinados a la gestión de los CIE, y casi otros 12 millones en 2015 para la ejecución de los vuelos de deportación, en los que también se han registrado decenas de denuncias de abusos policiales y sedaciones forzosas.
La movilización de activistas y organizaciones sociales
El jueves, varios activistas se encadenaron a la puerta del CIE de la Zona Franca para impedir que las autoridades vuelvan a abrirlo, en consonancia con la posición del Parlament de Cataluña, donde más de dos tercios de la cámara se han mostrado partidarios del cierre definitivo del Centro de la Ciudad Condal. Llevan años denunciando las condiciones vejatorias en las que viven los internos. “Bloqueamos el CIE. Hemos dicho basta y hemos decidido poner el cuerpo para que el CIE de la Zona Franca no abra nunca más. Y lo volveremos a hacer tantas veces como sea necesario”, señalaban en el manifiesto de la protesta.
En conversación con eldiario.es, Ione Belarra ha insistido en que las presentación de la proposición no de Ley pretendía trasladar al Parlamento el trabajo y la lucha de las organizaciones sociales y de la ciudadanía: “Estamos intentando reforzar las acciones que desde la sociedad civil se movilizan, como la de ayer, trasladándolas al Congreso. La posición de Barcelona ante la existencia de los CIE es claramente en contra, y eso se ha conseguido en gran parte gracias a la labor de muchos ciudadanos y activistas”, ha afirmado.
El rechazo manifiesto en la cámara del Parlament, en el Ayuntamiento de Barcelona, en organizaciones sociales y en parte de los ciudadanos y ciudadanas hace mantener el optimismo del grupo político, que asegura que en las próximas semanas empezará a negociar con el resto de partidos para que se unan a la proposición registrada.
Tienen relativa urgencia porque, según confirman, hay rumores de que el CIE de Barcelona podría reabrirse a lo largo del mes de abril. El documento se suma a la proposición no de Ley que registró el pasado febrero Compromis, que pedía el cierre inminente de los CIE por considerarlos “prisiones encubiertas”.
El texto de la proposición denuncia que “se ha constatado que entre las mujeres encerradas en los CIE hay embarazadas, víctimas de trata, posibles solicitantes de protección internacional, o madres que, al ser expulsadas, dejarán en España a sus hijas/os. También se ha demostrado que las mujeres en los CIE, lejos de recibir una atención adecuada a sus circunstancias, son objeto de todo tipo de discriminaciones y abusos directos e indirectos”.
La diputada de Podemos ha recordado esta mañana las numerosas ocasiones en las que diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado los CIE porque se han detectado “agresiones físicas y psicológicas y porque las personas internas no reciben atención médica adecuada”. Y concluye: “Consideramos que el único CIE que puede respetar los derechos humanos es aquel que está cerrado”.
Vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos
La falta de transparencia que rodea a los centros ha ocultado el funcionamiento de los CIE, sobre el que las autoridades informan poco. ONG y organizaciones sociales se han convertido en los vocales de la realidad que oculta un sistema opaco, denunciando las verdaderas condiciones en las que se encuentran los migrantes a los que se encierra. Entre esas paredes los últimos años fallecieron cuatro internos, cuando el Estado era el garante de su integridad física y su vida.
Allí dentro, para muchos, la angustia es constante. Lo denunciaba a este dirario un interno del CIE de la Zona Franca en Barcelona cuando contaba que “estar en el CIE es peor que estar en la cárcel, porque psicológicamente estas todo el rato pensando: me van a expulsar, me van a separar de mi familia”. En la mayoría de los casos las autoridades optan por medicalizar a los internos con “pastillas para dormir”, en vez de prestarles la atención psicológica, y las denuncias de agresiones físicas se acumulan.
