Luiza Carvalho: “América Latina es ahora mucho más consistente contra los feminicidios, pero a ver qué hacen los nuevos gobiernos neoliberales”

Incorporarse a ONU Mujeres fue el último paso en su dilatada carrera en defensa de los derechos de las mujeres y las niñas. Luiza Carvalho ha sido desde finales de 2014 la directora regional en la rama del organismo de Naciones Unidas para las Américas y el Caribe, un cargo que dejó hace escasas semanas para jubilarse, aunque su empeño en acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres sigue intacto.

En todos estos años, ha sido testigo de toda una batería de leyes contra la violencia contra las mujeres en la región. “Al principio teníamos ocho países con leyes de feminicidio, era un proceso que ya estaba en marcha. Ahora son 18 Estados”, subraya en una entrevista con eldiario.es. Sin embargo, recuerda que las conquistas legales no son suficientes si no se dan pasos en la prevención o la lucha contra la impunidad en una de las zonas del mundo con las tasas más altas de violencia machista.

En 2017, al menos 2.795 mujeres fueron asesinadas por el hecho de serlo en 23 países latinoamericanos, según datos oficiales recopilados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En términos absolutos, con 1.133 víctimas, la lista la lidera Brasil, el país de la exdirectora de ONU Mujeres y en el que reside actualmente.

La experta, doctorada en Sociología y licenciada en administración de políticas públicas, ha estado en Madrid esta semana para analizar las principales amenazas para el avance de los derechos humanos en Brasil tras la llegada a Jair Bolsonaro a la presidencia el pasado 1 de enero. Lo ha hecho en una conferencia en la Casa Encendida, de la mano de la Asociación de Mujeres de Guatemala.

Aunque Carvalho apunta a la necesidad de esperar para conocer las repercusiones de las medidas del nuevo Gobierno, algunas decisiones ya tomadas le hacen temer por un retroceso en los derechos de las mujeres. “Todos los planes de igualdad de género se encuentran paralizados”, indica. “Además, hay una absoluta negación de la cuestión de género, ahora es como si no existiera”.

¿Cuál es la diferencia entre la situación de los derechos de las mujeres en América que se encontró cuando llegó a ONU Mujeres y la que acaba de dejar?

ONU Mujeres es una organización muy joven y surge de una presión muy fuerte de la sociedad civil, pero todavía vive un momento de mucha retirada de financiación de la cooperación internacional. Pero ONU Mujeres tiene una gran trayectoria de trabajos normativos, de abogacía y apoyo a la sociedad civil. Este fue el sello que nos ayudó a expandirnos en la región.

La principal diferencia es que ahora hay un marco legal y de políticas mucho más consistente, mucho más estructurado en los países, que cuando yo llegué. Era un proceso que estaba en marcha, pero al principio teníamos ocho países que tenían leyes de feminicidio, desde leyes específicas para feminicidios o adoptando el sistema de homicidio agravado. Ahora son 18 Estados.

También ha cambiado el compromiso del sector privado de mostrarse más responsable en sus prácticas de contratación. Asimismo, es más fuerte la capacidad de las mujeres para entrar en el mercado laboral o en actividades productivas.

Mencionaba los avances a la hora de legislar el delito de feminicidio en América Latina, a menudo pionera en este sentido. Sin embargo, las expertas apuntan a que sigue habiendo un problema de impunidad. ¿Qué está fallando?Sin embargo, las expertas apuntan a que sigue habiendo un problema de impunidad

Es totalmente cierto. La respuesta no está solo en los espacios judiciales, la respuesta principal está en la prevención. Antes estaba la idea de que la prevención se hacía en la escuelas, con manuales... Sí, pero no solo. Los medios tienen un rol muy fuerte a la hora de cambiar los estereotipos sobre la mujer, que naturalmente se forman por la propia cultura de la región. Hemos logrado, por ejemplo, que los mayores conglomerados de cervezas ya no usaran más muchachas con bikini en su publicidad.

Otro aspecto relevante es que se comprenda que la prevención también se hace a través de la integración de los bancos de datos como una actividad más del Estado. Eso está ocurriendo ya en unos tres o cuatro países de la región. La Policía, el sistema de salud y la Justicia empiezan a integrar sus bancos de datos para encontrar reincidencias en violencia contra la mujer. Entonces se hace un trabajo preventivo, pero de inteligencia, para identificar cuál es el riesgo de determinados agresores para las mujeres.

¿Qué países están dando pasos importantes en la lucha contra los feminicidios?

Hay países que son muy efectivos. Por ejemplo, Costa Rica es muy fuerte en términos de impunidad. Costa Rica manda un mensaje claro a la sociedad de que no se tolera la impunidad, a través de un tratamiento de los casos muy acelerado. Hay un pacto entre el poder judicial y el poder ejecutivo para que los casos no puedan pasar de 11 meses en total antes del encarcelamiento. Esto ha tenido un impacto muy fuerte en la reducción de los feminicidios. Otro ejemplo es el de Uruguay, donde la pulsera electrónica ha funcionado muy bien. Desde que la implantaron hace dos años, ningún proceso ya juzgado y condenado resultó en feminicidio.

Es muy importante que los actores que tienen capacidad de influencia y de toma de decisiones también demuestren una incomodidad con esta realidad y envíen mensajes muy claros: los medios, los Gobiernos, los partidos políticos, los empresarios, las iglesias... todos tienen un rol a la hora de mandar un mensaje para erradicar las propias causas de la violencia, que es la percepción de la mujer como un ser secundario, como un ser proveedor de servicios que solventa todo en lo privado.

Por un lado están los avances en la lucha contra la violencia machista y el impulso del movimiento feminista. Pero, por otro, emergen líderes políticos como Jair Bolsonaro que tienen entre sus principales banderas cuestionarlos.

Originalmente, este tipo de modelo de Gobierno, el modelo neoliberal, no concibe el Estado como un garante o protector amplio. Actúan para que el Estado sea el mínimo posible, pero al mismo tiempo las cosas han avanzado mucho. Llegaron los Gobiernos neoliberales en Chile, Argentina o Brasil, pero las estructuras y la institucionalidad estaban bastante avanzadas en estos tres países, también en Perú o en Colombia. Nos toca ver si estos Gobiernos eligen mermar recursos, despolitizar temas o disminuir los servicios que existían antes.

La experiencia de Argentina es interesante, porque a pesar de que hay un Gobierno neoliberal, este ha implantado acuerdos como la aprobación de la ley Brisa, según la cual el Estado provee una compensación financiera significativa para los hijos de mujeres asesinadas que asciende a un salario mínimo al mes. En el caso de Chile, tengo también la esperanza de que las estructuras sean respetadas.

¿Y en el caso de Brasil?

Todavía no tenemos un plan para ver por dónde va a ir el nuevo Gobierno brasileño. Tiene dos documentos, uno con sus líneas de trabajo para la Justicia Electoral, que es prácticamente un powerpoint, y el otro es un documento de 81 páginas que presentó a comienzos de febrero donde explica cuáles son sus prioridades.

No hay planes sectoriales de educación o salud, por ejemplo. Pero hay numerosos decretos y medidas que está tomando y afectan mucho a la población, como las dos grandes reformas que está tramitando en el Congreso, una sobre el Código Penal, violencia y crimen organizado, y otra sobre la reforma del sistema de seguridad social, un modelo que fue muy ampliado por el Partido del Trabajador, por la naturaleza misma del partido, aunque siempre se puede mejorar.

Hay un decreto con el que retira el 30% de los recursos de educación preescolar en un país en el que la educación, aunque nunca fue excelente, siempre ha sido un derecho al que todas las comunidades tienen acceso. También disminuye la participación en los consejos en los que se reúnen trabajadores, empresarios sociedad civil y el Gobierno. El Estado sí está interviniendo en áreas que cree que tiene que recortar, también eliminando la participación de la sociedad civil.

Hay que esperar, pero ya vemos sus prioridades. Está autorizando el porte de armas, mucho más ampliado que antes, con un discurso muy conectado con su campaña, atacando la inseguridad y argumentando el derecho de cada ciudadano a defenderse por sí mismo. Ha autorizado el uso de nuevos agrotóxicos. Es fiel a su base electoral.

¿Ha tomado ya medidas que pongan en peligro los derechos de las mujeres?

Sí. Una de las medidas que puede ser peligrosas es que, desde la llegada del nuevo Gobierno, todos los planes que había, que fueron aprobados a través de una consulta nacional, están paralizados para su revisión. También, con el recorte de la educación significa que no vamos a expandir servicios, mientras la cuestión del cuidado es fundamental para apoyar a las mujeres. La reforma de la seguridad social va a afectar mucho a la mujer porque aumenta sus períodos de jubilación en cinco años. De poder jubilarse a los 60 pasarían a hacerlo a los 65. Es un cambio significativo, ¿cuántos años tendrán que estar cotizando para poder jubilarse?

Paralelamente a esto, hay una absoluta negación de la cuestión de género. Ahora es como si el género no existiera. El mensaje que está enviando es, claramente, que no marcará más la pauta del Gobierno. Pero es necesario esperar para ver qué medidas se van a tomar.

De hecho, cuando Bolsonaro asumió el cargo como presidente mencionó como uno de sus principales ejes “combatir la ideología de género”. Es un argumento frecuente que aquí ha sido usado también por formaciones como el PP o Vox.

Viene muy relacionado con la privatización de la vida doméstica y el dominio absoluto de lo privado sobre la mujer, sobre los hijos, y se mezcla muchísimo con los modelos neoliberales. Es una mentalidad, una concepción de la sociedad. Por eso es tan fuerte y lo defienden tanto también los Gobiernos más liberales, aunque no en todos lados.

En Brasil ha habido muchos cambios. La palabra género ha sido eliminada de todos los manuales de políticas públicas. Incluso cuando existía se hacía una mención en la merienda escolar a “los géneros alimenticios” [en 2015]. Tiene fuerza y es una convicción firme de la bancada evangélica del Congreso.

¿Qué consecuencias tiene que se instalen estos discursos que cuestionan el enfoque de género en el poder?

Una de las consecuencias es que, como los planes nacionales de igualdad de género están paralizados, también están parados los presupuestos. Los servicios de atención básica y emergencia siguen, pero están paralizados los planes, que son ejecutados por varios ministerios: Educación, Salud, Agricultura... Había una coordinación a través de la Secretaría de la Mujer. Esto está paralizado. No hay inversión especial salvo en servicios de emergencia como los centros de asistencia. Hay unidades integrales de atención, salud, educación, apoyo psicosocial o económico para su formación que están paradas. Todo lo que está vinculado al Plan Nacional de Igualdad de Género está paralizado.

Los impactos de las otras medidas llegan de forma indirecta, pero llegan. Si recortas los recursos en educación, si eliminas el diálogo con la sociedad civil nos afecta a toda la sociedad, pero todo lo relativo a servicios públicos perjudica a las mujeres.

Miles de mujeres brasileñas han salido a la calle, al igual que ocurrió en EEUU, al grito de 'Él no'. ¿Está siendo el movimiento feminista la punta de lanza contra las políticas del nuevo presidente?

El movimiento que dio origen a 'Él no' sigue y tiene tres millones de afiliadas, pero está sufriendo persecución. La persona que coordina el movimiento tuvo que protegerse pero está siguiendo con su movilización. En Brasil, además, tenemos un movimiento fortísimo, el feminismo afrodescendiente, que está en articulación con otros movimientos y están haciendo un acompañamiento y un seguimiento enorme de la pérdida de derechos.

Pero la situación no ha empezado a cambiar ahora con la llegada de Bolsonaro. Michel Temer ya tomó dos medidas de gran impacto: establecer el techo de las inversiones públicas y una minirreforma laboral que precarizó mucho el trabajo. Los números indican que perdimos derechos y no tuvo el impacto positivo que se esperaba. Cuando el salario mínimo se reconfigura de otra manera, eso afecta mayoritariamente a las mujeres.