“En el feminicidio convergen tres enormes lógicas de poder: patriarcado, colonialismo y capitalismo”

“No fue el fuego, fue el Estado”. La consigna que se ha popularizado en Guatemala tras la muerte de 40 niñas en un incendio durante su protesta por los abusos que sufrían en su internado, no deja, para Mercedes Hernández –investigadora experta en feminicidio– lugar a dudas: se trata de un “femicidio colectivo”, un asesinato de las mujeres por el hecho de serlo cuyo responsable último es el Estado.

“Mi concepción del feminicidio es una forma de violencia política, una modalidad de exterminio social y una persecución hacia las mujeres por el hecho de serlo, que se manifiesta a través de los cuerpos individuales, pero que es un crimen contra la colectividad, contra la humanidad”, argumenta la también directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala.

Guatemala es uno de los 16 países de América Latina y el Caribe que han tipificado el delito de feminicidio en la última década. Legislaciones, muchas de ellas avanzadas, que se han ido aprobando en una de las zonas del mundo con las tasas más altas de violencia contra las mujeres. Pero las conquistas jurídicas, fruto –en la mayoría de los casos– de los esfuerzos de los movimientos sociales, se topan con el muro de la impunidad, que alcanza “niveles alarmantes” en la región, según Naciones Unidas y se refleja en lemas globales como 'Ni una menos'.

“Nos sentimos como en el mito de Sísifo: estamos siempre empujando esta piedra, esta montaña, de la justicia y cuando vamos a llegar a la cima, otra vez vuelve a caer”, opina Karla Michel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social en México. Desde finales de 2011, 31 de los 32 Estados mexicanos han incorporado el feminicidio como delito. Todos salvo Chihuahua, apunta Salas, donde se encuentra Ciudad Juárez, “que dio la vuelta al mundo por la violencia extrema contra las mujeres”.

Sin embargo, “el entramado de la impunidad”, señala, se refleja en que el 97% de los crímenes –en general– “no se investigan ni se sancionan”. En este contexto, desde su organización han optado por el trabajo en las calles, “sustituyendo al Estado”. Desde hace unos meses han organizado “rastreos ciudadanos”, operativos de búsqueda de los restos de mujeres y niñas desaparecidas tras ser torturadas y asesinadas en Arroyo del Navajo, una zona cercana a Ciudad Juárez.

Allí se ha identificado, explica, una suerte de “panteón clandestino”. “Ni siquiera las entierran, las arrojan. Mientras en otros delitos los criminales tratan de borrar sus huellas, en muchos de los feminicidios no: los cuerpos se exponen, se lanza un mensaje a la asesinada pero también al resto de mujeres. Y todo esto frente a las autoridades ineficaces y cómplices”, critica.

“De un tiempo a esta parte, ya no se encuentran los cadáveres. Las mujeres están sin vida y las autoridades se niegan a buscarlas”, explica Salas. “Nos hemos organizado junto a los familiares de las desaparecidas, pero también con la sociedad juarense, porque la transformación no va a venir de los gobiernos, sino de las personas organizadas”, prosigue. Desde el comienzo de los rastreos, han encontrado a 28 mujeres que ya han sido identificadas.

Por otro lado, continúan litigando cada caso con el objetivo de que los tribunales vaya sentando jurisprudencia. Así se ha logrado, por ejemplo, que todos los asesinatos de mujeres deban ser investigados como feminicidios. “Se parte de esa hipótesis y en la investigación se determina si lo son o no. Según nuestras investigaciones, la regla es que son crímenes cometidos por razones de género”, puntualiza.

“Es poner un techo a una estructura a punto de caer”

En el Salvador, la Ley para una vida libre de violencia para las mujeres entró en vigor en 2012. “Es un avance simbólico que no es menor: el Estado, por primera vez reconoce que la vida se pierde por razones de desigualdad históricas”, comenta Silvia Juárez, una de las expertas participantes en el proceso legislativo.

“Cuando nos permitimos evidenciar, a través de la ley, la discriminación, la impunidad se vuelve el principal mecanismo para mantener la opresión contra las mujeres. Es como poner un techo nuevo a una estructura desvencijada, a punto de caer: la estructura de los Estados sigue siendo patriarcal”, razona.

Juárez considera que en su país hay “un acomodamiento de la judicatura en evidenciar el feminicidio cuando solo lo comete la pareja”. La norma, sin embargo, recoge una definición más amplia de feminicidio en un contexto donde “los asesinatos de defensoras de la tierra están a la orden del día”. “No han sido sus parejas, han sido transnacionales a través de grupos de exterminio o las mismas fuerzas estatales”, precisa.

Lo mismo sucede en el caso de las pandillas. Las autoridades estiman, a veces, que “las mujeres asesinadas son parejas de los pandilleros por tener un hijo suyo, cuando las niñas y adolescentes son continuamente captadas para ser esclavas sexuales”. En 2015, 574 mujeres habían perdido la vida de manera violenta en El Salvador, según cifras del Ministerio de Justicia. Ese año se contabilizaron más de 20.300 hechos de violencia contra las mujeres que incluían las muertes maternas y suicidios, por considerarse “muertes prevenibles”, asevera Juárez.

Pese a todo, la salvadoreña considera que al menos hay que esperar una década para evaluar los cambios reales de la ley, pero insiste en que las autoridades deben cumplir con la norma e invertir en prevención. “El Estado no está invirtiendo ni un solo centavo en que estas violencias no ocurran. La prevención tiene que ver con la transformación cultural, y es la de mayor inversión y más a largo plazo”, sentencia.

“Están asesinando a mujeres líderes de paz en Colombia”

Colombia ha sido de los últimos países latinoamericanos en subirse al carro de la legislación contra el feminicidio. En 2015 aprobó la ley 'Rosa Elvira Cely' como culmen de la lucha de los movimientos de mujeres del país. Uno de sus redactores, David Márquez, señala que, a pesar del poco recorrido, “ya hay condenas paradigmáticas e investigaciones serias”.

Ahora el reto es, dice, que las medidas de protección y de atención se cumplan. “Muchas veces, una mujer que va a denunciar que su esposo la golpea se encuentra con un funcionario que le pregunta si es la primera vez. Si lo es, le responde que si vuelve a ocurrir se tomarán medidas”, denuncia.

La primera causa que se ha detectado en este tiempo de aplicación es es la relación de poder de pareja, pero la ley también contempla otros tipos de feminicidios, como los asesinatos de mujeres trans y lesbianas. “En el conflicto armado y fuera de él, se ha quitado la vida a mujeres por su naturaleza homosexual”, comenta Márquez.

La norma cobra especial trascendencia en el proceso de paz que vive el país. “Están siendo asesinadas muchas mujeres que han sido líderes de paz, han trabajado en la restitución de las tierras o han defendido los derechos humanos en los territorios más apartados y más golpeados”, añade.

Suma de desigualdades

Los expertos consultados coinciden en que el empobrecimiento de las mujeres las expone a un mayor riesgo de ser víctimas de feminicidios. Ocurrió con las niñas de Guatemala, que estaban bajo tutela estatal. En el feminicidio convergen, tres “enormes lógicas de poder”, según Hernández: “La más antigua y extendida es el patriarcado; pero también está el colonialismo, que permite entender por qué continentes colonizados tienen mayor número de asesinatos de mujeres, y el capitalismo, cuya misión esencial es despojar de valor determinadas vidas”.

En Colombia, el 91% de los casos de violencia sexual se dan en los estratos sociales más bajos y en mujeres que no superan los estudios básicos, asegura Márquez. “Mujer, pobre y afrodescendiente... la suma de desigualdades expone a las mujeres a una situación de mayor riesgo de sufrir violencia de género”, argumenta. Juárez coincide, pero matiza que el fenómeno “no es exclusivo de las mujeres empobrecidas”.

En México, un ejemplo es el de las mujeres migrantes, sobre todo centroamericanas, que tratan de llegar a Estados Unidos. “Tienen historias terribles: toman pastillas anticonceptivas para cruzar por el país porque saben que van a ser víctimas de violaciones por parte de agentes migratorios, maras, narcotraficantes...”, critica Salas.

La experta relata cómo, en una frontera mexicana, la comisión legislativa que investigó en 2004 los feminicidios en el país halló un “monumento a la violación”: un árbol en cuyas ramas habían colgado ropa interior de mujeres. “Los criminales la colocaban como un símbolo de las migrantes que habían pasado por ahí y habían sido violadas”, recuerda.

La llamada 'guerra contra el narcotráfico', constata Salas, ha desplazado la violencia feminicida del debate público: “A las autoridades les ha venido muy bien porque parece que les deslinda de su responsabilidad de investigar y sancionar”. Rechaza el “uso nefasto” del lenguaje: “Cuando se relaciona los crímenes contra las mujeres con la prostitución o con drogas, se las manda automáticamente al lado del 'no me importa', porque 'esa mujer se lo había buscado”.

“Cuando nos empecemos a preocupar por esa niña que no está en las aulas o esa mujer que no está en su trabajo o su casa, cuando decidamos saber qué pasó, avanzaremos. En México no vamos a poder reconstituirnos como sociedad mientras no reconstruyamos nuestro pasado reciente”, concluye.