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ENTREVISTA | Rafael Mayoral, diputado de Unidos Podemos

"El proyecto de ley hipotecaria puede abrir las compuertas a miles de desahucios que hoy están paralizados"

El diputado de Unidos Podemos critica la postura del Gobierno en el debate sobre la reforma de la ley hipotecaria que se está tramitando en el Congreso

Advierte que la sentencia de la justicia comunitaria sobre las cláusulas de vencimiento anticipado puede provocar que el tema del impuesto hipotecario "parezca  un juego de niños"

"La banca española parece demasiado grande para cumplir la ley y se puede permitir estar por encima de ella", apunta 

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Rafael Mayoral, diputado de Unidos Podemos, en una imagen de archivo.

Rafael Mayoral, diputado de Unidos Podemos, en una imagen de archivo. EFE

El diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral (Madrid, 1974) es uno de los participantes en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados en el debate y negociación de la reforma de la ley hipotecaria. Esta normativa está llamada a transformar las relaciones de los bancos con los clientes, evitando malas prácticas del pasado y nuevas herramientas de defensa del consumidor.

Al igual que otras normas del sector financiero, procede de una directiva comunitaria que acumula ya más de dos años y medio de retraso, lo que pone a España al borde de una sanción millonaria por parte de Bruselas. Sobre la mesa, decenas de enmiendas sobre el proyecto que presentó en su día el anterior ministro de Economía, Luis de Guindos. 

¿En qué punto se encuentra en este momento esta tramitación?

Es cierto que en algunos detalles de esta ley se están mejorando un poco respecto al documento original, pero en las cuestiones centrales sigue siendo el proyecto que planteó Guindos. Desgraciadamente, todavía el texto no supone un cumplimiento de la directiva. Entendemos que hay una transposición a la baja de los derechos de los consumidores. Además, no estamos haciendo los deberes, no estamos cumpliendo con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entre otras cosas no se está cumpliendo la reforma de la ley de enjuiciamiento civil en lo que se refiere a algo que ya dejó claro este tribunal y es que en caso de impago no es admisible que primero se ejecute el desahucio y luego se juzguen las reclamaciones que haya hecho el consumidor.

La actual ministra de Economía, Nadia Calviño, ha defendido en repetidas ocasiones que la ley esté aprobada antes de final de año, ¿lo ve factible existiendo estas diferencias?

Les ha entrado mucha prisa a última hora. Nosotros veníamos denunciando desde antes que se presentara el proyecto de Guindos principalmente dos cosas. En primer lugar, que no se había traspuesto en tiempo y forma la directiva referente a la ley hipotecaria. En segundo lugar, preguntamos si había un procedimiento sancionador contra España por el incumplimiento. No hubo respuesta en ninguna y acabamos conociendo  lo del proceso sancionador cuando lo publicó la propia Comisión Europea. Lo que no se ha hecho en tres años ahora se quiere resolver a una velocidad de vértigo, siendo una ley de fondo que regula una materia muy sensible para la sociedad española. Esto es peligroso porque cuando se hacen las cosas muy rápido muchas veces no se termina haciendo muy bien.

¿Cuáles son los puntos que les separan con el Gobierno ahora mismo?

Las cuestiones centrales son muy delicadas. Una de ellas es la cláusula de vencimiento anticipado. El TJUE nos ha advertido en varias ocasiones. El problema es que los bancos han abusado y se han saltado la ley de forma flagrante y sistemática y gobierno tras gobierno no son capaces de asumir que tienen que hacer cumplan con las normas. La Ley incluye ahora una obligación de nueve cuotas y una serie de porcentajes sobre el valor de la hipoteca pero nosotros defendemos que lo que hay que aplicar es el sistema alemán que es un 10% del capital pendiente y que se pueden reclamar cuantías pendientes por otras vías menos drásticas que la ejecución hipotecaria. Por otro lado, con la norma tal como esta redactada ahora mismo se podría abrir la compuerta a que se realizaran miles de ejecuciones que fueron paralizadas por el Supremo cuando consultó al TJUE sobre este vencimiento anticipado. aunque parece que el Gobierno puede tomar alguna medida para paralizar eso. El problema es importante para la banca porque el abuso ha sido grande. El atraco al que se ha sometido a la población española por parte del sistema financiero ha sido brutal.

¿Y cómo puede responder el TJUE si no hay modificaciones en este sentido?

Ahora mismo se compra tiempo para ejecutar nuevas hipotecas, pero el TJUE dirá más pronto o más temprano que esto no se ajusta al derecho comunitario. Hay una verdadera falta de voluntad de cumplimiento por parte de las entidades pero también falta de coraje por parte de los Gobiernos para meterles en cintura. En una vista en el TJUE a la que acudí, el abogado comunitario aseguró que el incumplimiento de la normativa comunitaria en España era sistemático. Se están jugando los intereses del país, una posible sanción de la UE, por proteger a los que han jugado con los derechos de los consumidores porque son demasiado grandes para cumplir la ley. Antes se decía lo de que algunos bancos son demasiado grandes para caer, con la banca española hay que decir que son demasiado grandes para cumplir la ley y se pueden permitir estar por encima de la ley.

En esta tramitación, ¿en qué postura ven al PSOE y a la ministra Calviño?

Pues estamos muy lejos. Comentaba el ejemplo del vencimiento anticipado, pero hay otros. Es el caso también de todo lo que afecta a la limitación de responsabilidad en caso de impago, que nosotros defendemos que debe ser el bien hipotecado y el derecho a la dación en pago. De eso no quieren hablar. De la cuestión de aplicar la protección para evitar los desalojos forzosos sin alternativa habitacional en situación vulnerable, tampoco. No coincidimos en cuanto a que los notarios se conviertan en parapetos de los bancos y que asuma la labor de asesoramiento. Supone que la responsabilidad sea de un funcionario y por ende de la administración publica y no del banco que es el que pone las condiciones. De este modo si el consumidor reclama debe ir a por la administración y no contra la entidad. El problema es que el tronco del texto legal sigue siendo el que presentó De Guindos. Tampoco nos sorprende. Cuando se presentó este proyecto, nosotros registramos un texto alternativo. El PSOE votó entonces el texto de Guindos. Si lo hicieron es porque se encontraban mas cerca de del suyo que del nuestro. Es cierto que están intentando hacer algunas mejoras, pero la cuestión esencial la ley que plantea el PSOE es el texto de Guindos con algún barniz y algún lijado.

Algunas de sus propuestas tienen como base las sentencias del TJUE, que ha enmendado algunas prácticas de la banca como las cláusulas suelo o las hipotecas multidivisa ¿Qué valoración hace del papel de la justicia comunitaria en esta defensa de los derechos de los consumidores hipotecarios?

El problema es el cumplimiento efectivo de esas sentencias. Es cierto que el TJUE dice que lo que se hace en España es ilegal, pero el Estado no cumple las sentencias en materia hipotecaria. La población sigue teniendo niveles altísimos de desprotección. En España se hace como que se cumplen para realmente no cumplir. Esa es la realidad, por eso cae una sentencia detrás de otra. Los bancos van arrastrando los pies y eso es muy duro. Y eso que no se puede decir precisamente que el TJUE sea un nido de radicales, obviamente defienden el mercado. Pero lo que se ha hecho en España es una cosa que en Europa no se entiende.

¿Cómo ha impactado  la sentencia del Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados? ¿Se incorporará a la ley?

Para nosotros no había duda. Hemos defendido que todos los gastos de gestión tenían que correr a cuenta del banco. No tenemos duda en este respecto. Otros sí la tienen. Nos interesa conocer los fundamentos jurídicos del Supremo, por eso la próxima reunión será el dia 6 de noviembre [El día 5 se reúne la sala de lo contencioso administrativo del Supremo para concluir cuál es la doctrina que se debe aplicar]. Vamos a ver cuáles son los supuestos jurídicos entendiendo que el legislador tiene plena capacidad para legislar, pero la opinión del supremo puede ser interesante para ilustrarnos cuales son las posiciones desde el poder judicial en estos momentos.

Esta ley hipotecaria estaba ideada en su origen como un refuerzo de la defensa del consumidor respecto a la entidad financiera. ¿Considera que si no se aprovecha la reforma puede ser una oportunidad perdida?

Lo que es cierto es que poco a poco los bancos están retrocediendo. Era una situacion muy flagrante para la sociedad y para las propias resoluciones judiciales. Pero van arrastrando los pies. El texto sigue estando en una parte fuera de la ley. Ahora, ¿hay alguna pequeña mejora? La hay. Por supuesto, pero porque estas transponiendo una directiva. Pero las cuestiones clave, en lo relativo a las sentencias del TJUE o a la realidad social y económica del país, para nosotros queda muy lejos y contiene serios peligros para la población y para el Estado.

Usted ha participado en la comisión de investigación de la crisis financiera. En las conclusiones de su grupo se desliza que, aunque las reglas del juego han cambiado, se siguen produciendo desmanes en la banca ¿Sigue quedando camino por recorrer?

Hay desmanes y los peligros. Las dos cosas. Hay en marcha una burbuja inmobiliaria en la que además operan nuevos actores desconocidos para los reguladores económicos y jurídicos de nuestro país como son los fondos buitre. Además, vimos en esa comisión que los sistemas de control y supervisión son más laxos ahora. El sistema de control que tenia el Banco de España era bastante mas eficiente que el Mecanismo Único de Supervisión. Ademas los bancos están en un rescate permanente con los préstamos al 0% del BCE. Hay un problema serio. Por otro lado, la ausencia de un actor financiero público capaz de dinamizar la economía para nosotros es peligrosa. La situación ha sido muy dura para la sociedad y creemos que el rescate ha sido superior a las cifras de las que hablamos continuamente. Sigue habiendo una situación grave y complicada que podría afectar a la estabilidad del país. Por ejemplo, el hecho de tener que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, supone un terremoto que hace que se desplomen en Bolsa. Eso quiere decir que las entidades financieras no están saneadas. A esto hay que unir las sentencias que están pendientes por parte del TJUE. Vamos a ver qué pasa con el vencimiento anticipado porque es muy serio. La sentencia del impuesto parece el terremoto mundial, pero es un juego de niños en comparación con esto.

¿Cuáles son, en su opinión, las medidas que más apremian para proteger al cliente hipotecario?

Son muchas. No estamos hablando de algo que con una sola medida se solucione como una varita mágica. Todo lo relativo a aplicar medidas de protección, la limitación de responsabilidad del deudor, que se garantice a las personas en situación de vulnerabilidad que no irán a la calle existiendo viviendas vacías, que haya un procedimiento judicial donde la gente se pueda defender, que se busquen procesos alternativos a la ejecución hipotecaria, que haya procedimientos sancionadores severos. Son muchas cosas y no todo está en la ley hipotecaria.  Hubiera sido mucho más interesante que la reforma de esta ley hipotecaria se hubiera hecho de otra forma, con un proceso dialogado que nos permitiese no repetir los errores del pasado. Pero les ha entrado las prisas. Por ejemplo, esta ponencia está puesta en marcha sin conocer las conclusiones de la comisión sobre la crisis financiera. Esto es un poco absurdo.

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