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Un expediente de Bruselas por las tasas y la caída del tráfico aéreo frenan la venta de AENA

Vista de la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. / Efe

Antonio Ruiz del Árbol

Al Ministerio de Fomento se le desinflan los ardores liberalizadores y privatizadores, especialmente en el sector aéreo. El pasado 12 de febrero el presidente de AENA ponía a la empresa pública propietaria de la red de los 47 aeródromos en la rampa de salida de la operación de venta del 49% de sus acciones. José Manuel Vargas anunció que el gestor aeroportuario “va a iniciar de forma inmediata el proceso de entrada de capital privado”.

Han transcurrido apenas dos meses y la titular de Fomento ha enfriado las expectativas al señalar que no hay tanta prisa. Ana Pastor, en una comparecencia el 8 de abril, indicó que la entrada de capital privado en AENA “no será inminente, aunque sí se llevará a cabo a lo largo de este año”. La única explicación a tan brusco frenazo fue que “se trata de un proceso complejo”.

Fuentes de las empresas constructoras que han mostrado en alguna ocasión su interés por participar en los procesos de privatización y liberalización del sector aeroportuario español aseguran que “han surgido en los últimos meses incertidumbres sobre AENA que añaden nuevas dificultados al establecer el valor de la empresa en un eventual proceso de puja”.

Expediente sancionador

Expediente sancionadoreldiario.es ha podido saber que la Unión Europea ha abierto un expediente sancionador al Gobierno de España por incumplir en 2012 el procedimiento de negociación que Bruselas estableció para fijar las tasas aeroportuarias: estas tasas fijan las cantidades que las aerolíneas deben pagar en cada aeropuerto por aterrizar, despegar, aparcar aviones, utilizar filtros de seguridad, etc...

El procedimiento de aprobación fijado por la UE exige que las distintas partes implicadas, especialmente AENA y las compañías aéreas nacionales e internacionales que operan en su red de aeropuertos, mantengan un proceso detallado de negociación que termina con la aprobación de estos precios públicos en la ley de Presupuestos Generales del Estado.

El Ministerio de Fomento, tras la constitución del Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, obvió dicho procedimiento y en julio de 2012, con seis meses de retraso, aprobó (junto a los Presupuestos) un alza de precios aeroportuarios que escandalizaron al sector, y no solo por la unilateralidad de la decisión. Los incrementos medios de tasas en el conjunto de los aeródromos de la red de AENA se fijaron en el 18,47%. Además, en los dos principales aeropuertos, Madrid y Barcelona, las alzas supusieron el 50,3% y el 53,6% respectivamente. Este aumento se sumaba a las subidas del 24,3% y del 15,13% aplicadas en los aeródromos citados en 2011.

La rebelión de ALA

La rebelión de ALA Las principales compañías aéreas calificaron de “desastre para el sector” las consecuencias que traería este alza tan desmesurada. Las aerolíneas de bajo coste, EasyJet y Ryanair, dijeron que reducirían de manera drástica sus programaciones de vuelos hacia España, como efectivamente hicieron. Y los malos datos de tráfico aéreo que se han registrado desde entonces les dan la razón

La patronal de las compañías aéreas ALA (Asociación de Líneas Aéreas) pasó de las protestas a la acción y denunció ante Bruselas que el Ministerio de Fomento se había saltado el procedimiento negociador de las tasas. La UE ha tomado en consideración la denuncia y ha abierto un procedimiento sancionador al Gobierno que ahora está en fase de alegaciones. En caso de fallar en contra de Fomento, las autoridades europeas podrían incluso declarar nulo el incremento de tasas con lo que se abriría un escenario por el que AENA se vería obligado a devolver la parte correspondiente al aumento de las tasas. Las fuentes citadas dijeron que no es probable que Bruselas adopte

Una decisión tan extrema. Consideran en todo caso que “la multa que impondrá al Gobierno español se buscará que sea ejemplar”.

Desplome del tráfico

Desplome del tráficoLa crisis económica y la evidente repercusión negativa de los incrementos de las tasas aeroportuarias, se ha sumado a reducción de capacidad en la que se ha embarcado IAG y el grupo Iberia para dar como resultado un desplome de imprevisibles consecuencias en el tráfico aéreo español durante el primer trimestre de 2012. Las cifras son alarmantes, máxime si tenemos en cuenta que la Semana Santa, con su tirón de ventas ha caído este año en los tres primeros meses y no como ocurrió el pasado año que se celebró en abril.

En el conjunto de la red de AENA el número de vuelos se redujo un 15,6%, mientras que el número de pasajeros cayó un 8,2%. La carga aérea se contrajo un 4,9%.En los dos principales aeropuertos el descalabro ha sido aún mayor. Madrid- Barajas perdió el 15% de sus vuelos y el 14,3% de sus pasajeros entre enero y marzo. Barcelona-El Prat sufrió un retroceso de operaciones del 9,6% y del 4,7% en número de viajeros.

Si tenemos en cuenta que el número de pasajeros extranjeros hacia España procedentes de Europa se ha incrementado en un 2,7%, podremos hacernos una idea del tamaño del desastre centrándolo en dos focos principales: el primero, el desplome del mercado interior, y el segundo, la repercusión que el ajuste de capacidad de Iberia está teniendo tanto en ese mercado como en los vuelos entre los distintos aeropuertos latinoamericanos y el de Madrid-Barajas.

Mal vender

Mal venderEl escenario del sector aéreo y aeroportuario es el peor de los posibles para emprender un proceso de privatización. Así han debido de hacérselo ver sus asesores a la ministra de Fomento. Por ello, y a pesar de que el gabinete de Mariano Rajoy hizo bandera de las liberalizaciones y de la reducción del sector público, no le ha quedado más remedio que echar el freno en la colocación del 49% de AENA. Y si el panorama no cambia mucho, el proceso de desinversión será bastante más dilatado que hasta el final de año.

Los expertos consultados indican que el presunto remedio de la venta del 49% de AENA es peor que la enfermedad de su abultado endeudamiento. La deuda financiera de la empresa pública asciende a 12.000 millones de euros y tras, diversas operaciones de reestructuración, el interés medio es del 2,58% con un plazo de vencimiento de 16 años. A pesar del pésimo momento por el que atraviesa el negocio aéreo español, hacer frente a las obligaciones de este pasivo, por lo menos hasta que mejore la coyuntura, será siempre una mejor solución que malvender una de las mayores redes aeroportuarias que existen en el mundo.

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