La AIReF propone mantener la tarifa plana para autónomos hasta que haya un sistema de cotizaciones acorde a los ingresos

La tarifa plana para autónomos, que permite pagar una cuota reducida durante los dos primeros años de actividad (empezando en 60 euros mensuales y subiendo paulatinamente hasta los casi 300), cumple su función de apoyo en los comienzos de una empresa. Sin embargo, la autoridad fiscal independiente (AIReF) considera que España debe ir a un sistema de cotización con arreglo a los ingresos reales en el que esa tarifa no sea necesaria. Es una de las principales conclusiones del informe sobre incentivos a la contratación que el organismo ha presentado este miércoles, en el que se han analizado siete incentivos diferentes en el período de 2012 a 2018.

Los incentivos estudiados son los que se aplican en forma de bonificaciones y reducciones en las cuotas de la Seguridad Social. Suponen un coste total anual de 2.900 millones de euros. El objetivo de la AIReF es analizar si cumplen con su función: si realmente mejoran la empleabilidad de los colectivos que los reciben y contribuyen a que mantengan su trabajo.

Con respecto al trabajo autónomo, la AIReF destaca que, junto a las personas con discapacidad, este es el colectivo al que más fondos se dedican: un total de 650 millones en 2018, el 32% del total de incentivos. España es el país con mayor gasto en incentivos al trabajo autónomo (o emprendimiento) de todos los analizados. Por contra, nuestro país es el que menos porcentaje de sus políticas activas de empleo dedica a la formación.

Así, la pregunta es clara. ¿Para qué sirve la tarifa plana? ¿Cumple verdaderamente su cometido? El informe concluye que en este momento de crisis es necesario mantenerla y reforzar inspecciones para evitar su mal uso, pero que a la larga debería ser sustituida por un sistema de cotización acorde a los ingresos. El Gobierno ya trabaja en un cambio del modelo, que lleva pendiente desde la legislatura pasada. Por otro lado, la AIReF recalca que la tarifa plana solo tiene efectos positivos en personas desempleadas durante períodos muy cortos y con empleo temporal previo. Así, esta medida introducida en 2013 no estaría ayudando a desempleados de baja cualificación o nivel educativo.

Además, a medida que uno crece como autónomo -esto es, pasa más tiempo dado de alta- la posibilidad de supervivencia disminuye. Si bien es más fácil sobrevivir mientras se paga tarifa plana y en los meses posteriores, a partir del tercer año las posibilidades de sobrevivir son las mismas que las de cualquier autónomo. Entre 2013 y 2018, la tarifa plana para autónomos supuso un importe de 3.500 millones de euros en reducciones y bonificaciones a la Seguridad Social. Y España es el cuarto país de la eurozona con mayor porcentaje de autónomos por necesidad. La AIReF calcula que una cuarta parte de las altas de autónomo serían “no deseadas”.

Menos incentivos pero mejor enfocados

La conclusión general sobre el resto de incentivos es que hay que estrecharlos y dedicarlos a colectivos muy concretos. La autoridad fiscal insiste, asimismo, en que no pueden sustituir a las reformas laborales necesarias en España.

“Si están bien diseñados, los incentivos pueden ser eficaces en momentos puntuales. Por ejemplo, en recesión”, ha destacado la presidenta, Cristina Herrero. “Ahora mismo podrían ser eficaces para los jóvenes. Y no solo tienen que ir referidos a un momento, sino a colectivos de baja empleabilidad y no al conjunto de la población”.

El dato en el que se sustenta esta recomendación es el siguiente: España es el país con menor cuantía media por beneficiario. Somos los quintos que más gastamos (después de Dinamarca, Suecia, Luxemburgo y Bélgica) pero los que entre más gente repartimos, así que cada beneficiario sale a menor cantidad. De acuerdo a la literatura y experiencias analizadas en otros países, es más efectivo dirigirlo a los colectivos que más necesiten mejorar su empleabilidad.

La AIReF también destaca que es necesario vincular los incentivos a programas de formación y que estos no se dediquen solo a jóvenes. Como recomendaciones generales, Herrero ha señalado que hace falta reducir el número de incentivos y homogeneizar sus requisitos y que “es necesaria mayor coordinación entre administraciones públicas para concentrar esfuerzos”.

A este respecto, el organismo considera necesario que los servicios públicos de empleo mejoren tecnológicamente. “Hay una ausencia de herramientas de perfilado estadístico que permitan determinar la probabilidad de que una persona encuentre empleo. No hay una definición de itinerarios laborales en función de las características de cada individuo. Y hay poco ajuste entre oferta y demanda en el mercado de trabajo”, ha dicho Herrero. Una de las propuestas concretas es que sea obligatorio para las empresas volcar sus ofertas de empleo en los servicios públicos, de forma que estos se aproximen mejor a las necesidades reales del mercado.