Ciudadanos cuela varias medidas económicas aunque mermadas por la resistencia del PP

PP y Ciudadanos se han jugado el acuerdo de investidura en la almendra económica. Desde que comenzaron las negociaciones, las dos formaciones reconocieron que en la parte económica era en la que más aristas había que limar, y el resultado final deja ver que la lucha por perfilar los cambios ha sido ardua.

La reforma del mercado laboral es uno de los apartados en los que más se ha peleado. Ciudadanos no ha logrado llegar con su contrato único a lo pactado con el PSOE, con el que ya acordó en su momento un sucedáneo de su propuesta.

En el pacto rubricado este domingo, se comprometen a crear un nuevo contrato denominado “de protección creciente” (en el acuerdo con el PSOE se llamaba “estable y progresivo”) que tenga una indemnización que iría subiendo: el primer año de 12 días, el segundo año de 16 y el tercer año de 20. En la actualidad, el despido de un trabajador temporal es de 12 días.

Sin embargo, el acuerdo alcanzado con el PP tiene una letra pequeña que cambia el sentido de lo pactado con el PSOE. “En caso de despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o de despido improcedente, la indemnización seguirá siendo la misma que en la actualidad”.

Por tanto, la progresividad solo se dará si no se renueva al trabajador temporal y el contrato se extingue por sí mismo. Pero si el empresario aduce una razón para despedir, lo que ocurre con frecuencia, la indemnización será de 20 días, según marca la ley actual.

Esto hace que la indemnización sea en los dos primeros años de vida del temporal más generosa que con el acuerdo llegado con el PSOE, en el que la progresividad afectaba también a los despidos. En un ERE, por ejemplo, costaría lo mismo despedir a un indefinido que a un temporal (como sucede ahora).

Además, Ciudadanos ha asumido que este contrato pueda durar hasta tres años, cuando en el pacto con los socialistas limitaba su duración a dos años máximo. Por otro lado, y tal y como apunta el experto laboralista Fabián Valero, se exige causalidad para celebrar este tipo de contrato, algo que no se incluyó con el PSOE y que sí podría desincentivar su uso (que en realidad es el objetivo final para acabar con los temporales).

El acuerdo recoge una mochila austriaca, esto es, que un trabajador se pueda llevar los días de una indemnización no cobrada de un trabajo a otro en forma de seguro de desempleo. Esta medida ya la formuló inicialmente Valeriano Gómez, para el segundo Gobierno de Zapatero y había sido recuperada recientemente por el Partido Popular.

Pero el gran ausente del pacto es la negociación colectiva. Ciudadanos había pedido abordar su formulación tanto en su programa electoral como en su pacto con el PSOE. En el acuerdo con el PP no se introduce la más mínima consideración en este sentido, dejando la última reforma laboral de 2012 tal y como está. Sin embargo, en su discurso de presentación del pacto, Albert Rivera aseguró que lo presentado suponía un “vuelco laboral” en las relaciones laborales en España.

Los autónomos quedan sujetos a “estudio”

Otra de las patas sobre las que Ciudadanos sustentó su programa y su discurso, los autónomos, también ha logrado colarse en el pacto con el PP con mucha menos fuerza de lo que lo hizo con el PSOE. Ciudadanos había pedido por activa y por pasiva que las cuotas sociales se impusieran en función de los ingresos. Esto a la postre significaba que la mayoría de los autónomos pagaran más que actualmente, aunque alrededor de medio millón podría llegar a pagar menos.

Ciudadanos logró pactar este punto con el PSOE, que ya existe en otros países europeos, pero no ha logrado convencer al PP. Lo más lejos que ha llegado es a convocar una “subcomisión” en el Parlamento que estudie la reforma del régimen de los autónomos.

En el caso concreto de las cotizaciones, Ciudadanos logra arrancar que se “estudie” que por debajo del salario mínimo no se pague cuota a la Seguridad Social y que se aclare en la ley la figura de los que ingresan de forma no habitual o trabajan como autónomos de forma parcial.

También arranca del PP el compromiso de bonificar los permisos de maternidad de las autónomas o permitir que los trabajadores por cuenta propia cambien al menos cuatro veces al año de base de cotización. Por último, se extenderá de seis meses a un año la bonificación de la cuota de la Seguridad Social en 50 euros para los emprendedores que arranquen su actividad. Todas estas medidas y otras destinadas a simplificar el pago del IVA o el IRPF habían sido pactadas también con el PSOE en un acuerdo, a primera vista, más extenso.

Con todo, Rivera y la Federación de Autónomos (ATA) se han expresado más que satisfechos con los pactos alcanzados con el PP.

Victoria, aparente, con la amnistía y las Sicav

En cuanto al control del fraude, Ciudadanos ha colocado dos ideas importantes al Partido Popular. La primera es la de intentar recuperar la parte no cobrada del impuesto del 10% que se impuso a quienes se acogieron a la amnistía fiscal. Una interpretación por parte de la Dirección General de Tributos de la ley llevó a que de media se cobrara el 3%.

Ciudadanos había calculado que la recuperación total de estos siete puntos de diferencia tendría como resultado un ingreso extraordinario de 2.800 millones. Sin embargo, y ateniéndose a lo que viene en el cuadro de ingresos, la cifra será mucho menor, ya que para 2017 solo se espera ingresar 1.000 millones de euros por este concepto, así como por la lucha (general) de fraude fiscal.

Además, el PP ha accedido a devolver el control de las Sicav a los inspectores de Hacienda, una reclamación del cuerpo desde que se les retiró esta potestad. Con todo, y para no alarmar a los inversores en este tipo de instituciones, en el acuerdo se explicita que se reformará la constitución de estas sociedades para reforzar el número de aperturas. Eso sí, también recoge la necesidad de tener al menos el 0,55% del capital para contar como uno de los 100 socios mínimos que se necesitan para constituir una Sicav.

Protección a los consumidores y cláusulas suelo

En la presentación del acuerdo, Rivera vendió a bombo y platillo la “dación en pago” que se incluía en el acuerdo. Sin embargo, una lectura pausada del texto no parece tan triunfalista: “Flexibilizar, con las salvaguardias adecuadas, los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual, manteniendo el derecho a permanecer en su casa durante tres años con un alquiler que no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar del deudor”.

En cuanto a las hipotecas, el texto recoge la necesidad de prohibir las cláusulas suelo, declaradas nulas en muchos casos por los tribunales, y crear una oficina independiente de la CNMV, el Banco de España y Seguros destinada a velar de forma independiente por los consumidores de productos financieros para recuperar “la confianza de los ahorradores”.

Cesiones inesperadas del Partido Popular

Además de la recuperación de parte de la amnistía fiscal, el PP ha cedido de forma más inesperada en dos cuestiones económicas en las que se había enrocado el Gobierno de Rajoy durante la legislatura: el “impuesto al sol”, una tasa sobre la producción de electricidad para autoconsumo, y la separación de nuevo en dos organismos diferentes del responsable de competencia actual, que se fusionó al principio de la pasada legislatura.

También el PP parece haberse plegado a mejorar el permiso de paternidad (era el único partido que no proponía mejorarlo ni en un solo día) y el de maternidad, aunque no está claro cómo se hará salvo por la dotación presupuestaria (en 2017 cuatro semanas más a repartir entre los progenitores y ocho semanas más en los años siguientes).

También se apunta un tanto con la creación de un Complemento Salarial Garantizado (CSG) que se hará como crédito fiscal para las familias. Sin embargo, el proyecto no está desarrollado en el texto como para conocer su alcance y solo la dotación presupuestaria permite sospechar que será menor de lo previsto en el programa de Ciudadanos.

También abogan rebajar el IVA cultural al 10% en las actuaciones en directo.