Radiografía de la conciencia fiscal en la última década: del bajón de la crisis a un máximo histórico de apoyo a la redistribución

Casi la mitad de los españoles (el 47%) estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de pagar más impuestos con tal de mejorar nuestros servicios públicos. Una proporción muy superior al 17% de la población que, por el contrario, preferiría pagar menos impuestos, aunque ello conllevara la reducción de prestaciones como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia. El 30% restante se sitúa en un punto intermedio: ni más, ni menos impuestos de los que ya abona. Son los resultados que arroja el último estudio sobre opinión pública y política fiscal elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre septiembre y octubre de este año.

Los datos del estudio ponen de relieve que el porcentaje de la población española que piensa que “deberían mejorarse los servicios públicos y las prestaciones sociales, aunque haya que pagar más impuestos” no ha parado de aumentar en los últimos años, hasta alcanzar en 2019 el dato récord de la serie histórica. El pico más bajo fue en julio de 2011, cuando sólo se inclinaron por esta opción el 33% de los encuestados.

Paralelamente, quienes piensan que es más importante “pagar menos impuestos, aunque eso signifique reducir los servicios públicos y prestaciones sociales” han descendido casi once puntos porcentuales desde 2010, cuando mayor peso tuvo esta opción (llegó al 28,1%). En el último estudio del CIS, este dato se situó en el 17,3% de los encuestados.

“En el gráfico anterior tenemos un valle durante la crisis de 2010-2015 y volvemos al nivel tradicional. Creo que esto se liga con la llegada del PP y las subidas de impuestos y recortes de aquel periodo”, analiza el politólogo Pablo Simón.

Con el fuerte recorte de prestaciones públicas durante la crisis, la sociedad española parece que se dio cuenta de que sus impuestos servían para financiar unos servicios públicos como Sanidad, Servicios Sociales o Desempleo que no echó en falta hasta que no pudo acceder a ellos en el periodo en el que más los necesitaba.

Desde que el CIS comenzó a preguntar por esta cuestión en 2010 —lo hizo previamente en otros estudios en 2008 y 2009 pero no se han tenido en cuenta en el análisis de datos de este reportaje debido a la diferencia en la muestra seleccionada—, cada año la proporción de quienes aseguran preferir pagar más impuestos a cambio de mejores servicios y prestaciones sociales ha sido la más elegida, seguida por quienes se sitúan en un punto intermedio y, por último, aquellos que aseguran que optarían por aportar menos al Fisco aunque eso se tradujera en menores contrapartidas.

Solo se ha roto esa tendencia en dos ocasiones. Una fue abril del 2010, cuando los más reticentes a contribuir a la redistribución superaron por una décima a los equidistantes. Era uno de los momentos duros de la crisis, y solo un mes después el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciaba un histórico recorte de gasto social y la congelación del sueldo de los funcionarios.

En julio de 2011 volvió a modificarse la tendencia histórica de la última década. Aún con el Gobierno de Zapatero, quienes se situaban en el centro fueron más que quienes decían preferir pagar más. En el segundo trimestre de ese año España registró una caída en recesión que duraría nueve trimestres, el periodo recesivo más largo de la historia democrática.

Quiénes están dispuestos a pagar más impuestos

A día de hoy, cuando la tendencia es a una mayor conciencia fiscal, no todos los segmentos de la población estarían igual de dispuestos a que el Estado aumentara la recaudación para financiar servicios. Hemos analizado las distintas variables que incluye el CIS en su estudio, como el recuerdo de voto en las elecciones generales del 28A, la edad, el nivel de estudios o la condición socioeconómica, para conocer hasta dónde financiarían con sus impuestos los servicios públicos un votante conservador, una jubilada o un titulado en Formación Profesional.

Políticamente, los datos del estudio muestran que existe una coherencia con los respectivas ideologías y programas electorales. Aquellos encuestados que se declaran votantes de Unidas Podemos son los que más dispuestos están a pagar más para mejorar la cosa pública. Al contrario, quienes preferirían pagar menos impuestos aunque ello implicara una reducción de los servicios públicos están encabezados por los votantes del PP

Asimismo, los resultados de la encuesta del CIS señalan que, mientras más a la izquierda en la escala ideológica se sitúan los encuestados, más dispuestos están a pagar más impuestos para mejorar los servicios sociales, y viceversa.

Analizando con más detalle los resultados que arroja la variable de la escala de autoubicación ideológica se puede comprobar cómo ha evolucionado a lo largo de la última década la opinión de cada “sector” ideológico sobre la opción “mejorar los servicios públicos aunque haya que pagar más impuestos”.

Las izquierdas (del 1 al 5 en la escala) se sitúan por encima de las derechas y muestran menos cambios de tendencia durante estos diez años. Por su parte, las derechas (del 6 al 10 en la escala) están menos de acuerdo en pagar más impuestos, salvo en las posiciones más extremas, los rangos que serían propios de la ultraderecha (9 y 10) son los que más altibajos han tenido desde 2010.

Estudios y situación socioeconómica

El nivel de formación es uno de los factores que más parece influir en la mayor o menor disposición a pagar más impuestos si con ello se mejoran los servicios sociales: el 31% de los encuestados sin formación prefería esta opción frente al 60% de aquellos con estudios superiores.

Por edades, los extremos mantienen posiciones contrapuestas: los más jóvenes (18–24 años) son los que en mayor porcentaje declaran que podrían pagar más por más servicios (53,7%), mientras que solo asume esa premisa un 40,8% de los que tienen más de 65 años.

Para explicar este hecho, consultamos a la politóloga Carmen Lumbierres: “Los más jóvenes tienen todo el futuro por delante, aún no cotizan y ven cómo les van a perjudicar unos salarios bajos. Por su parte, los mayores, ya fuera de la vida productiva, en general piensan más a nivel individual”.

Y llegad cierta edad “piensas más en ahorros individualizados y en tu contribución solidaria para toda tu generación. Se necesita ese dinero para seguir sobreviviendo. En esta guerra, los recursos son contados”, añade Lumbierres.

Otra de las clasificaciones que realiza el CIS es por condición socioeconómica. En ella, el instituto presidido por Tezanos categoriza a la población como parados, estudiantes, directores, obreros cualificados, pequeños empresarios, etc. Según esta clasificación, los datos del estudio sobre opinión pública y política fiscal muestran que las personas en situación de desempleo serían las que menos impuestos estarían dispuestos a pagar, aunque ello implicara la reducción de los servicios públicos: hasta un 20% lo explican así. Los jubilados y pensionistas, por su parte, vuelven a estar algo por encima de la media en este mismo sentido: el 19% de ellos aceptaría la degradación de los servicios sociales si con ello pudieran ahorrarse pagar algunos impuestos.

“Un problema de baja moral fiscal”

Que segmentos de la sociedad que están entre los más desfavorecidos (trabajadores domésticos sin remuneración, parados, pensionistas) estén entre los colectivos menos dispuestos a pagar más impuestos tendría varias explicaciones, según los expertos consultados.

Por una parte, la alta percepción del problema de la corrupción (es el cuarto problema nacional según la encuesta del CIS) y por otra que, aunque se ha reducido el porcentaje, hay un 83% de encuestados que creen que no hay justicia fiscal y que no pagan más quienes más tienen. “Esto es un problema de baja moral fiscal”, comenta Simón.

Pero además se da otra circunstancia: según datos de la OCDE, en España se gasta el doble en beneficios sociales para los más ricos que para los más pobres. Esto se debe a que están vinculados a las cotizaciones, es decir, a lo que has podido aportar, algo de lo que hay clases que están directamente excluidas.

Un estudio de José Fernández–Albertos (CSIC) y Dulce Manzano (Universidad Complutense) para la Fundación Alternativas explicaba que el Estado del Bienestar español es poco redistributivo y por lo tanto no favorece a los grupos sociales con menos recursos económicos. A su juicio, ello se debe a la dualidad del mercado de trabajo español. En consecuencia, los grupos sociales con menos recursos no serían los más favorables al Estado del bienestar.

También ocurre que los sectores más desfavorecidos prefieren dedicar sus escasos recursos a pagar los gastos del día a día que les permiten salir adelante cada mes en lugar de destinarlos a una redistribución fiscal que desconocen si les va a beneficiar directamente. Por este motivo, economistas como Thomas Piketty abogan por eliminar los impuestos indirectos como el IVA que gravan el consumo, de manera que beneficiarían a las clases menos pudientes, y elevar las figuras impositivas directas como el impuesto de la renta o del patrimonio para asegurar la redistribución de la riqueza.